"El capital privado no existe o no está disponible para las cajas”. Así de tajante se ha mostrado Miguel Martín, presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), en el transcurso de las jornadas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Martín explica que “no existe capital privado porque la concepción del riesgo de España es elevado” y señala que es preciso que éste disminuya y desaparezca para volver a atraer inversión extranjera, aunque también cree que las propias cajas deben proponer proyectos ilusionantes.

Martín no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que fracasen las salidas a bolsa de Bankia y Banca Cívica, pero les ha advertido que "las cajas tienen que tomar decisiones y, si tienen que rectificar, deben hacerlo lo antes posible".

Por otro lado, ha señalado que deben aprovechar los stress test “no para descalificar el conjunto del proceso o el conjunto del problema, sino para dejar en evidencia cuáles son los proyectos individuales que no salen adelante” y determinar cuáles son las cajas de ahorros inviables. Desde su punto de vista, "el capital público está para resolver el problema, no para prolongarlo, y el capital público mal empleado perjudica la solvencia del Estado”.

En este sentido, ha reiterado su conocida actitud de que “cada palo aguante su vela” y “quien la ha hecho, la paga”. "Hay que ayudar a que el sistema se reestructure, se sanee y genere entidades fuertes y dinámicas que sean capaz de competir; para ello sí que es necesario recibir dinero público, pero dar un sólo euro para prolongar la existencia de entidades inviables es un despilfarro inaceptable porque distorsiona la competencia y perjudica la solvencia y el rating del Estado".

Modernizar el Banco de España

Martín también ha pedido una reforma de la Ley de Autonomía del Banco de España de 1994, que a su juicio se ha quedado obsoleta porque estaba pensada para gestionar la política monetaria, tarea trasnferida posteriormente al BCE. "El Banco de España necesita dotarse de unas estructuras y una organización nuevas para convertirse en el gestor de la estabilidad del sistema financiero".

También ha rechazado la Ley que penaliza los depósitos de alta remuneración porque supone "un nuevo intervencionismo en la forma de gestionar el negocio bancario, que nos lleva a épocas pretéritas". Además, asegura que "no sabemos si las entidades van a reducir lo que pagan por los depósitos, pero que a nadie le quepa duda que es lo menos que pueden pagar".