"Tenemos su medicamento pero en septiembre búsquese otra farmacia". Este es el consejo que da a sus clientes desde hace unos días Eva, propietaria de la única farmacia que existe en un municipio rural de 2.600 habitantes, a 20 minutos de Toledo. Jamás imaginó que se vería obligada a echar el cierre de su botica pero, "si siguen así las cosas, en septiembre mi pueblo se quedará sin farmacia".
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no les abona el coste de los fármacos dispensados con receta desde el 20 de mayo. "Y no tenemos ninguna salida".
"La gente tiene asumido que somos un sector casi privilegiado -explica- y la única verdad es que nos enfrentamos a una gravísimo problema social". El Gobierno castellano-manchego hacía frente a estos pagos a finales de cada mes, pero, con el traspaso de poder - el pasado mayo-, nadie se hace responsable. El PSOE explica que es cometido del ejecutivo regional actual y, para la Consejería de Sanidad, es otro de los problemas que les ha dejado en herencia José María Barreda.
Entre disputas y plazos no fijados, el problema sigue arrastrando los bolsillos de un sector que "está agonizando", en palabras de otro farmacéutico de la provincia de Cuenca. Las consecuencias para alrededor de 1.300 farmacias registradas en la región, -que soportan una deuda de 125 millones de euros desde el 20 de mayo- son, hoy por hoy, incalculables.
Estas farmacias tienen abastecimiento a corto plazo, con pedidos que llegan con cuentagotas para una región que conforman más de dos millones de habitantes. La amenaza de cierre se extiende entre las provincias porque "no tenemos recursos", se lamenta Esteban, colegiado y propietario de una farmacia en Cuenca. "Nos han informado que nos abonarán 23 millones como pago parcial de las cantidades adeudadas mientras nos anuncian que nos olvidemos de cobrar los meses de junio y julio".
En estos cuatro meses, las boticas han seguido prestando servicio. "Hay medicamentos superiores a los 6.000 euros que estamos haciendo frente sin ninguna contrapartida" explica el colegiado conquense. "Estamos con el agua al cuello y no podemos acudir al banco porque no sabemos cuánto pedir ni a qué plazo". Entretanto, "mi caja sigue vacía porque el 100% de mis ingresos llegaba con el pago de estos medicamentos", apunta Esteban.
Los convenios con los bancos y, en concreto con la Caja Rural, se acabaron porque "ni ellos mismos sabían cuándo se les iban a pagar", concreta la farmacéutica de la capital, quien explica la terrible situación a la que se enfrenta: en una mañana suministra más de 100 recetas y la mayoría de ellas son para enfermos crónicos. "Un enfermo de diabetes, ¿cómo se va a quedar sin insulina? Probablemente, en unas semanas no pueda ofrecerlo porque cuesta alrededor de 200 euros y puedo adelantarlo a los proveedores y cooperativas".
En las farmacias castellano-manchegas, las recetas médicas las abonaba el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y estos pagos son en función al coste del medicamento: para los superiores a 90 euros, -adquiridos previamente por el colegiado- se reciben 38,38 euros, mientras que para los inferiores a 90, el margen del beneficio se sitúan en el 27,9%.
El Ministerio de Sanidad, por su parte, hacía frente al 70% de estos pagos en cada comunidad. Pero este año "no han llegado noticias del Gobierno central", apunta Esteban. De hecho, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, se limitaba en sus últimas declaraciones a defender la "función social fundamental" de este colectivo en España y a confiar en el diálogo entre Ejecutivo y comunidades para tratar de poner remedio al endeudamiento.
Llamada a la huelga
Desde el pasado sábado hay carteles informativos en algunas farmacias en Toledo, donde se explican algunas de las causas que ha llevado a este colectivo a convocar la huelga el próximo 11 de agosto.
La presidenta del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, COFCAM, María Rosa López-Torres, anuncia que su objetivo no es desabastecer a la población porque "somos sanitarios", pero es una huelga "necesaria". "Las farmacias se están viendo obligadas al cierre y la única forma para continuar ejerciendo nuestro trabajo es que paguemos nosotros una póliza de crédito o, incluso, arriesgar nuestros bienes una vez agotada la ayuda familiar".
Desde COFCAM, reivindican un programa de pagos donde queden estipulados los pagos fraccionados. Mientras eso no llega, las huelgas se sucederán en septiembre ante un drama que no afecta a un negocio familiar, sino que amenaza a toda la población.