Cataluña se pone la venda antes de la herida. La Generalitat ha aprovechado el debate sobre los 'eurobonos' para pedir unos “hispabonos”, es decir, que el Estado respalde las emisiones de las autonomías en un momento crítico por el elevado endeudamiento de la región y por las dificultades de acceso a la financiación. La ocasión elegida puede ser o no una coincidencia, pero lo cierto es que la Generalitat -tras la emisión de bonos ‘patrióticos en octubre de 2010- tiene unos vencimientos hasta finales de 2011 superiores a los 3.800 millones de euros.

Cataluña tiene una deuda acumulada superior a los 34.000 millones de euros y es una de las comunidades que no cumplirá con el objetivo de déficit establecido por el gobierno central del 1,3% respecto al PIB. De hecho, éste alcanzará el 2,6%. Respecto a sus compromisos de deuda, la Generalitat debe afrontar pagos -del principal del bono más intereses- de 313 millones en septiembre. Y en noviembre, tiene unos vencimientos de 3.555 millones, de los cuales 211 corresponden a intereses. El año que viene Cataluña deberá pagar más de 3.100 millones y en 2012, más de 3.600 millones.

Con estas cifras en la mano, el conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha pedido la creación de unos “hispabonos” que agrupen la deuda de todas las comunidades autónomas. Este tipo de papel implicaría “que haya un margen de garantía estatal para los bonos autonómicos”, algo que el político considera un derecho, ya que los ciudadanos de las autonomías “contribuimos a las finanzas del conjunto”. Y ha dicho que “con la falta de avales, la Administración central está penalizando a sus propios contribuyentes”.

En octubre del año pasado, la Generalitat realizó una emisión de bonos a un tipo del 4,75% -que contrastaba con el 1,9% que ofrecía España por sus títulos de deuda al mismo plazo, de un año, y al que hay que sumar el 3% de comisión que se llevaron las entidades financieras colocadoras-. Una operación que se convirtió casi en un acto de patriotismo catalán debido al llamamiento que hizo el entonces presidente, José Montilla.

Era la fórmula fórmula que decidió emplear el gobierno autónomo para financiar parte del abultado déficit fiscal -la mayor parte del dinero obtenido se destinó a cubrir el gasto corriente, tal y como explicaba entonces Carlos Sánchez en su columna de El Confidencial-  y a esa emisión le siguió una segunda en abril de este año. La diferencia es que en marzo Moody’s había bajado el rating de los bonos catalanes hasta ‘A3’ y en julio recortó de nuevo la nota hasta ‘Baa1’ –dos escalones por encima del bono basura-. Además, para obtener un rendimiento del 4,75% había que invertir en títulos a dos años. Los bonos a 1 año de abril se colocaron con una rentabilidad del 4,25%.