La Administración pública es el mayor moroso de España y, pese a la entrada en vigor en junio de 2010 de la Ley de Morosidad (Ley 15/2010), la situación tiene pocos visos de mejorar. Mientras las empresas privadas han reducido el tiempo real de pago de sus facturas de 101 días a 93, la Administración Pública ha aumentado este periodo de 154 a 157 días. Si se trata de pagar a las constructoras y empresas relacionadas con el sector, los entes públicos se permiten el lujo de retrasarse unos 81 días de media con respecto a los acuerdos pactados y 113 días más con respecto a los plazos exigidos por la Ley.

Son datos recogidos en la encuesta sobre morosidad 2010, realizada a 700 empresas y presentada por Rafael Barón, presidente de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad, que considera que “se han conseguido avances muy positivos en 2010”. No obstante, Barón aclara que la media de las Administraciones Públicas no corresponde a la realidad de todos los ámbitos. “El Gobierno Central lo ha hecho bastante bien, mientras que las Comunidades Autónomas han mejorado y el gran problema está en el ámbito local, donde es casi una cuestión de mentalidad”, aclara.





En términos generales, el balance del año es positivo. En el sector privado, el plazo medio pactado ha pasado de los 77 días en 2009 a 75 en 2010, frente a los 85 días que impone de máximo la Ley. Pese a la mejora, la realidad aún no consigue cumplir las buenas intenciones pactadas y la media se sitúa en 93 días para cobrar, frente a los 101 que había que esperar de media el año anterior. Esta reducción en los plazos supone una inyección de liquidez de 1.800 millones al sector privado.

Por sectores, es en el de la construcción donde más se incumplen los pagos, una vez más, con mayor retraso cuando hay una administración pública implicada. En los contratos entre empresas, el plazo de pago medio pactado en la construcción es de 77 días, mientras que el de cobro real es de 97 días. Si el contrato es con un ente público, la diferencia es de 82 días pactados a 163 días para cobrar la factura. Una diferencia de 81 días.

La Administración Pública, por tanto, lejos de dar ejemplo, se retrasa más que las empresas y su incumplimiento de la Ley es más grave, ya que la legislación impone 50 días para el cobro cuando hay una entidad pública implicada, en lugar de los 85 exigidos para contratos entre empresas privadas.

Retrasos sin consecuencias

El gran problema en España es que la mentalidad de retrasarse en el pago está muy arraigada, y el pagar tarde no tiene consecuencias. "Nosotros ya advertimos que el gran problema es que la Ley no tienen ningún efecto sancionador", señala Barón. "Al final, los restrasos en los pagos son la forma más barata de financiarse a interés cero. Podría ser considerado competencia desleal con el sistema financiero", explica.

Si la Ley no impone un criterio sancionador, tampoco lo hacen las empresas, que deberían exigir el pago de intereses de forma automática, como indica la legislación europea. Según los resultados de la encuesta, un 48% de las empresas nunca reclama los intereses por retraso, mientras que un 30% no lo hace casi nunca. "Esto contrasta con el resto del panorama europeo, donde el cobro de intereses es algo automático", señala Barón.