Hubo un tiempo en que hacer negocios con las administraciones públicas era un excelente camino para hacer tu empresa rentable de forma más o menos sencilla. Sin embargo, esos tiempos se acabaron hace pocos años, con la llegada de la crisis económica.

Hace tiempo ya hablábamos de las complicaciones que puede ocasionar a un emprendedor acceder a un concurso público: condiciones no tan ventajosas, retrasos de incluso años  ala hora de hacer los pagos, posibilidad de que se supriman las ayudas... Además, la llegada de las elecciones autonómicas y municipales también supuso un gran escollo, ya que las instituciones que cambian de partido están retrasando aún más los pagos, y muchas de ellas incluso los están anulando.

Con todo, son muchos los emprendedores los que se han colocado ante una situación de quiebra técnica ante la morosidad de las instituciones y la imposibilidad de rebajar los criterios fiscales por esta causa.

Reclamaciones a granel de todos los gremios
Así pues, y ante el escaso dinero del que disponen las administraciones públicas, ya son varios los gremios que se están agrupando para solicitar que se haga frente a las deudas de forma urgente: uno de los primeros ha sido el salpicadísimo sector de la construcción: según la patronal de las grandes constructoras, Seopan, las administraciones públicas tienen una deuda viva con el sector de la construcción relacionada con la ejecución de obras públicas por importe de 22.300 millones de euros, de los que 15.049 millones se encuentran vencidos y en mora.

A la conclusión de 2009, la deuda de las administraciones relacionada con la ejecución de obras públicas ascendía a 55.064 millones de euros, de los que 17.284 millones eran deuda ya vencida. En su informe económico de 2010, la patronal que preside David Taguas denuncia que el "reiterado incumplimiento de la normativa sobre plazos de pago está dificultando la actividad de las empresas de obra pública lo que, junto a la actual restricción crediticia al sector, compromete seriamente su permanencia en los mercados". "Todo ello es, con frecuencia, causa directa de su colapso financiero y consiguiente cierre y destrucción de puestos de trabajo", indica.

Para Seopan, "esta situación justifica que la normalización de los pagos de las administraciones y entidades públicas dependientes se constituya en objetivo prioritario, tanto de los poderes públicos como de las organizaciones empresariales".

Según datos de Deloitte que cita Seopan, en el sector de la construcción la Administración central está pagando en un plazo de 140 días, las comunidades autónomas a 155 días y los ayuntamientos a 238 días, lo que arroja un plazo medio para el conjunto de la Administración de 157 días. Para la asociación, estos datos demuestran la "ineficacia" de la nueva Ley de Morosidad un año después de su entrada en vigor "ante el generalizado y persistente incumplimiento de la Ley por parte del Estado". "Muy al contrario, puede afirmarse que la situación, lejos de mejorar, ha empeorado".