La expresión “madre de todas las batallas” ha sido empleada muchas veces en la historia. Saddam Hussein tenía mucho afecto a esta expresión, y en la primera guerra del Golfo aludió a ella mientras sus tropas eran trituradas en los desiertos del sur de Irak. En Europa afortunadamente tenemos pocas batallas que librar desde hace muchos años. Sin embargo, en estas semanas está teniendo lugar “la madre de todas las batallas” en el seno de la Unión Europea: se decide cómo acabar de facto con la soberanía fiscal de los estados miembros.  El origen del problema es sencillo: el tratado de Maastricht sentó las bases de una unión monetaria, pero no de una unión fiscal, y por tanto no de una unión de las deudas soberanas. Para evitar el que algún Estado practicara el “free riding” de una política fiscal demasiado expansiva asumiendo que los mercados descontarían la baja posibilidad de su quiebra debido a un eventual rescate por parte del resto del Eurogrupo, se estableció el plan de estabilidad y también la cláusula de “no bail out” por la cual se prohibían rescates entre Estados miembros. Dicha prohibición abarcaba al Banco Central Europeo. 

Grecia trajo los orígenes de la civilización europea, y también el final de este idílico sueño. En mayo, el Consejo Europeo aprobó una ayuda (ilegal según el mencionado tratado de Maastricht) de 110.000 millones de euros para rescatar al país heleno del desastre, y el equivalente a un fondo monetario europeo por importe de 750.000 millones de euros con un mandato hasta finales de 2013. 

“Después de mí, el diluvio”, afirmó en su momento Luis XIV. ¿Qué ocurrirá después de 2013? Para dilucidar este futuro están teniendo lugar numerosas reuniones entre Luxemburgo y Bruselas. En estos encuentros se decide el futuro del euro y de la soberanía fiscal europea. A grosso modo parece existir acuerdo en: a) realizar los mínimos cambios pertinentes en el Tratado de Lisboa para que un rescate no sea considerado ilegal (hay varios litigios abiertos en Alemania contra el rescate griego), y b) establecer mecanismos que eviten nuevos casos como el griego, incluyendo un proceso ordenado de reestructuración de la deuda de un país que entre en dificultades, reestructuración que podría suponer pérdidas para el tenedor de los bonos de dicho país.

Para evitar nuevas Grecias se ha propuesto el establecimiento de sanciones, financieras (depósitos no retornables que se convierten en multas) y políticas, representadas por una eventual pérdida del derecho al voto en las decisiones europeas, a los países que estática o dinámicamente rompan los límites aprobados en Maastricht (déficit fiscal máximo de un 3% del PIB, deuda pública máxima de un 60% del PIB). Se ha añadido un tercer pilar, lo desequilibrios macroeconómicos sobre cuya definición operativa se está discutiendo. Aquí es donde Alemania quiere incluir el déficit de cuenta corriente como el tercer pilar de la estabilidad (máximo un 3%). 

A partir de aquí surgen las fricciones, ¿cómo se aprueban las sanciones? Para los alemanes, éstas deberían ser automáticas a propuestas de la Comisión europea, órgano técnico no electo. Para los franceses, debería ser un órgano político: el Consejo Europeo, formado por los mandatarios de cada estado miembro. Por motivos obvios España apoya esta segunda tesis. Finalmente los alemanes dieron su brazo a torcer, y parece que el mecanismo será automático “a no ser que se opongan la mayoría de los ministros de economía de los estados miembros representados en el Consejo Europeo”, o sea, semi automático. A cambio, Francia apoya la tesis alemana de que hace falta reescribir el Tratado de Lisboa para acomodar legalmente estas disposiciones. 

Las espadas siguen en alto, pero apuntemos aquí una serie de consideraciones sobre la situación y una posible línea de actuación:

I) El pacto de estabilidad fue un fracaso en toda regla, ¿por qué el nuevo pacto funcionará ahora?

II) Dicho pacto no fue respetado por Alemania ni por Francia (que incurrieron en déficit superiores al 3% sin acarrear sanciones), ¿tienen credibilidad para hacer ahora cumplir el nuevo pacto?

III) España cumplió el pacto de estabilidad todos los años hasta la crisis, pero fue acumulando peligrosos desequilibrios económicos y a los tres años desde la crisis no cumple ninguno de los dos pilares establecidos en el mismo ¿de qué sirve un pacto que te lleva “de victoria en victoria hasta la derrota final?

IV) Se propone que un Estado que no cumpla los límites pierda los derechos al voto en Europa. Europa es ya por sí una amalgama antidemocrática ¿se puede aplicar dicha propuesta? ¿debería España quitar el voto en las elecciones generales a los madrileños por la catastrófica situación fiscal en la que nos encontramos (o nos han hecho encontrar)?

V) Si una mayoría política puede bloquear acuerdos ¿pactarán países como Francia bloquear sanciones a cambio del apoyo en otros temas clave como la política agraria común?

VI) Las sanciones financieras amplificarían la ya de por sí caótica situación fiscal del Estado incurso en sanción. A la hora de la verdad ¿se harán cumplir si éstas suponen un agravamiento del mal del enfermo?

VII) La aprobación del Tratado de Lisboa tras el aborto de la Constitución Europea fue un cúmulo de despropósitos (dos referéndum en Irlanda, un posible veto presidencial checo, la ambigua postura de los británicos…) ¿será posible que los estados miembros vuelvan a pasar por este calvario y se consiga la unanimidad que requiere su aprobación? ¿Cumplirá Cameron su palabra de hacer pasar por referéndum cualquier nuevo cambio de los tratados europeos?

En mi opinión, estos interrogantes plantean sombras que cuestionan la viabilidad política y económica de que este nuevo pacto funcione.  Hace tiempo se propuso una idea que me pareció sugestiva: la creación de un mercado de bonos europeos.  Dichos bonos contarían con el respaldo solidario de todos los estados miembros. Estos podrían emitir estos instrumentos siempre y cuando no superaran los límites del 3% y del 60%. Una vez que un Estado llegara a estos límites tendría que emitir bonos nacionales, que no tendrían garantía del resto de los estados. La ventaja de esta idea es que aparecería el segundo mayor mercado mundial de bonos gubernamentales, favoreciendo el estatus del euro como divisa de reserva mundial con un instrumento de gran liquidez. Los bonos europeos reflejarían riesgo de tipo de cambio e inflación.  Los bonos nacionales europeos reflejarían sobre todo riesgo de crédito, riesgo que por desgracia desapareció de la mente de mucho inversor entre 2000 y 2007.

Estos días se pone punto final a la soberanía fiscal de las naciones europeas. Con todo, dado el populismo y el cortoplacismo de nuestros políticos a la hora de manejar la política fiscal, el final de dicha soberanía puede ser una buena noticia.  La transferencia de la política monetaria a bancos centrales independientes fue buena para los ciudadanos. La rendición de la política fiscal a Europa también puede ser una buena noticia. 

Los ciudadanos europeos habremos salido ganando.