El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, explicaba hace una semana que “España podría estar entrando en el mismo tipo de espiral mortal que afectó a Argentina hace solo una década”, situación que ocurre cuando a partir de una posición de grave deterioro económico, con un enorme déficit público, una fuerte caída del crecimiento y un  incremento imparable del desempleo, se decide subir impuestos, bajar salarios y pensiones para reducir el déficit. Esto lleva a una reducción de la renta disponible de las familias -a los pensionistas directamente a la pobreza- y, en consecuencia, a un menor crecimiento y un aumento del paro. Los ingresos fiscales caen, se incrementan los pagos por desempleo e intereses, el déficit público crece, y vuelta a empezar, esta es la espiral. Y la conclusión de Stiglitz es que “el que España sea atacada por los especuladores es solo cuestión de tiempo”. Un ataque que sería el preludio de la suspensión de pagos.

Argentina, atenazada por un tipo de cambio fijo con el dólar, quebraría en 2001. Pero España es diferente. Para Stiglitz, que no conoce bien la disparatada estructura de nuestro Estado, la solución es la salida del euro y, como Argentina, devaluar todo lo que haga falta. “El euro ha sido un experimento interesante, pero carece del apoyo institucional necesario para que funcione”, sentencia. Y aquí, sin embargo, niego la mayor. La culpa no es del experimento sino de cómo se ha implementado: el número de países que se han admitido en la eurozona es disparatado, igual que en la UE, y peor aún la velocidad con que se ha producido.

Sin embargo, si algo está claro es que España, una España cohesionada y racional, con las autonomías reducidas a la tercera parte o, mucho mejor, sin ellas, con los ayuntamientos a la mitad y techo de gasto para todos, con dos millones menos de funcionarios, encaja perfectamente en cualquier tipo de euro. Nuestro problema no es económico, es político.

Los descubrimientos del gobernador

Y así las cosas, el gobernador del Banco de España, cómplice principal en la gestación y negación de la crisis primero y en la ocultación de su profundidad después, acaba de descubrir que CCAA y Ayuntamientos son el mayor riesgo para las cuentas del Estado. En abril de 2007, a raíz del desplome de ASTROC, afirmó que no había ningún ajuste brusco en la vivienda, solo “una desaceleración suave y progresiva”. Con anterioridad, permitió, pudiendo haberlo cortado, que cualquier entidad bancaria prestara hasta el 120% del valor neto de un activo y que se endeudaran masivamente a corto para prestar a largo, parte esencial del desastre. En meses siguientes malvendió el oro y la cartera de bonos norteamericanos por razones cosméticas, “un absurdo de tamaño bíblico”, para camuflar el desplome de la balanza corriente.

En septiembre de 2007 explicó al Parlamento que la crisis financiera no afectaría a Europa, porque el inmobiliario era diferente -bancos y cajas españolas significaban el 80% de las titulaciones hipotecarias de Europa- y que la economía crecería al 3%. Un mes después, Rodríguez Zapatero habló de la “Champions League”. A partir de entonces, el BdE entró en campaña a su favor, describiendo un panorama económico completamente diferente a la realidad. Desde finales de 2007 han ignorado los resultados de las empresas de su Central de Balances y sobrevalorado el PIB -“nominal GDP get overstated”, afirmaba el jueves Lombart Research- en más de 8 puntos. Una salvajada.

El tema alcanzó el clímax tres semanas antes de las elecciones de marzo de 2008, cuando el BdE, a pesar del desplome de todos los indicadores de producción y demanda, afirmó que el crecimiento del PIB en el último trimestre de 2007 (0,8%) era superior a la del trimestre anterior (0,7%), lo que demostraba que la economía española, al contrario que las del resto del mundo desarrollado, estaba creciendo y no cayendo. No había ninguna crisis, sino todo lo contrario. La cifra fue revisada a la baja, al 0,5%, meses después. Todo ello, unido a los comentarios del BdE negando la crisis, ampliamente difundidos en los medios, fue esencial en la reelección de Zapatero.

La lista es interminable. Ahora, ante el riesgo cierto de colapso, ha “descubierto” lo obvio: la imposibilidad de financiar la actual estructura del Estado, acusando además  a CCAA y Ayuntamientos de falta de transparencia en sus cifras, un hecho gravísimo, porque es el reconocimiento público de que la situación real del 70 % del gasto de la nación es desconocida. Y la pregunta es, ¿por qué el BdE sigue publicando sus cuentas, sin explicar que  ignoran la realidad?

El Gobernador pidió también al Gobierno un plan B, porque no cree el cuadro macro que sustenta los presupuestos. Sin embargo, retomando su línea habitual, no explicó que por primera vez en décadas la renta disponible de las familias se está desplomando; que la economía cae con fuerza en el tercer trimestre; consumo, inversión, sector exterior, producción, servicios, todo empeora, y los indicadores adelantados de actividad y demanda muestran que el deterioro se agrava.

Tampoco explica que con más impuestos, más paro y menor productividad la recuperación es imposible. Y desde luego no ha dicho ni pío de lo suyo: la situación real del sistema financiero, el que más créditos del BCE necesita para sobrevivir (el 25%, tres veces el tamaño de su economía); y menos aún de la sobrevaloración masiva de activos y la infravaloración de la morosidad y la deuda. En otras palabras, ¿cuántos CCM se están ocultando? Si el BCE “limita o excluye” de verdad ciertos activos más de 20 bancos o cajas quebrarán en cuestión de meses.

Hechos recientes y una pregunta

Para comprender mejor la profundidad del expolio que CCAA y Ayuntamientos suponen, nada como algunos ejemplos de actualidad. La Comunidad Valenciana pidió en agosto un préstamo de 500 millones de euros para poder pagar las nóminas. Nada de restringir gastos, nada de reducir personal, coches oficiales, gastos de representación y cuchipandas varias. A día de hoy se han fundido los 500 millones y piden otros 500 con máxima de urgencia. En Cataluña sucede lo mismo pero de 1.000 en 1.000. La Generalitat necesita 3.000 millones más para financiar gasto corriente y salarios hasta finales de año. Las demás están en una situación parecida.

¿Y quién pone el dinero? En los mercados exteriores no les prestan ya a ningún precio y el Santander se negó a dejar más al Govern antes del verano. ¿Y quién entonces? Pues las cajas bajo su control. Es evidente que estamos llegando al final.

Y aquí se impone una pregunta al gobernador: si CCAA y Ayuntamientos son el problema, si ocultan las cifras y nos están llevando a la ruina, ¿cómo el BdE, responsable de la regulación, permite tamaña tropelía con el dinero de los ahorradores a quien tiene obligación de proteger, cuando estos “préstamos de urgencia” se dan sin el menor análisis y sin plan de repago alguno? Si las cajas no prestasen se habría acabado la fiesta. El BdE no puede ignorar tampoco algo incluso peor: como las cajas tienen límites de riesgo, si, por ejemplo, una caja valenciana no puede prestar ya más al gobierno autonómico porque ha sobrepasado el límite, se pone de acuerdo con la Generalitat, o con la Xunta de Galicia o con el que sea y las cajas catalanas, gallegas prestan al Gobierno de Valencia y las de Valencia al Gobierno catalán o gallego.

Esto es un fraude de Ley y el BdE hace la vista gorda. Cuando los ahorradores no puedan recuperar su dinero, algo que es inevitable que ocurra, ¿quién va a responder de qué?, ¿o será como los desmanes y las chapuzas de CCM donde nadie responde de nada? Termino con un impresionante estudio de de UPyD sobre las Entidades Locales realizado con la metodología del Tratado de Maastrich, es decir, toman los tres ayuntamientos mejor gestionados y comparan con los demás, cálculo muy conservador, porque nadie garantiza que la gestión de los tres mejores no sea manifiestamente mejorable. Pero medido así, solo el despilfarro en gasto corriente y de personal de los primeros 40 consistorios de España asciende a 6.211 millones anuales, de los cuales 2.360 millones, el 38%, corresponden a Gallardón, el mayor despilfarrador del mundo civilizado. Hay que sumarles los 530 millones que acaba de dilapidar en su sede palacio, que ha costado más del doble que el museo Thyssen con toda su espectacular colección, y para “bajar déficit” no reduce sus 1.600 asesores: sube impuestos y no paga a proveedores.

Asimismo, si se agrupasen el 90% de municipios, de los que casi 7.000 tienen menos de 5.000 habitantes, en estructuras mayores y más eficaces el ahorro ascendería a 16.142 millones de euros al año sin merma alguna de los servicios a los ciudadanos. Cuando el paro alcance los 6 millones, y 8 millones de jubilados actuales, y los millones futuros, vean reducidas sus pensiones un 5,6% ya, y hasta un 30% en poco tiempo, lo que equivale a condenar a la pobreza a la mitad de la población y a muchos a la miseria y al hambre. Este modelo de Estado no solo es económicamente insostenible, es intrínsecamente inmoral.