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La Comisión Europea (CE) exige a los accionistas y compradores de deuda Híbrida de entidades que reciban ayudas públicas que “compartan la carga” del rescate y sean co-responsables del saneamiento de dichas entidades, según el informe “Burden Sharing and Bank Hybrid Capital within the EU”. Esto tiene implicaciones graves para el todo el sistema y especialmente para los poseedores de deuda subordinada y los accionistas de esas entidades.

Los orígenes: el arte de convertir deuda en capital.

En Reino Unido, las entidades convencieron a las autoridades que la deuda era capital, cosa sorprendenyte cuando menos. Crearon sociedades que emitieron deuda (híbridos) que no computaría como tal en sus balances, sino como capital. Para colocarla a los inversores, necesitaban una agencia “abierta” a la idea y la encontraron en Moody’s que la calificó como capital en la proporción 25%-75%. Todas las entidades adoptaron esta deuda y los híbridos acabaron como capital con el visto bueno general. En España, se constituyeron bajo la forma de Subordinadas y Preferentes. Las emisiones de esta deuda eran ganancias para todos. Las entidades aseguraban sus ratios de capital Tier 1 y Tier 2 a un coste reducido (siguiendo las recomendaciones de las autoridades financieras), obtenían una mejor calificación que emitiendo deuda “normal” y los inversores recibían un interés mayor al de otras deudas y su capital al vencimiento (las entidades no estaban obligadas a hacerlo pero era la práctica lo hacían).

La crisis del 2007, la aparición de la CE en escena y el futuro.

El matrimonio de conveniencia entre inversores y entidades acabo cuando DB no rescató una emisión y otras entidades siguieron esa senda de incertidumbre para los tenedores de los activos (Sabadell con emisión de €300 millones cuando emitía una nueva y Northern Rock defiriendo el pago del cupón).

La crisis motivó que los gobiernos concedieran ayudas a las entidades en dificultades y la CE respondió con ese informe declarando que las entidades que habían recibido ayudas públicas no podían pagar sus obligaciones por esta deuda con sus inversores. Moody’s y Fitch aplicaron este principio y modificaron su criterio de calificación de esta deuda. Como resultado, las entidades europeas, a medida que recibían ayudas públicas, sufrieron la rebaja de la calificación de su deuda (Lloyds, RBS, ING, Dexia…“Fitch Sees Elevated Risk of Bank Hybrid Capital Coupon Deferral”).

Después de las entidades europeas, el siguiente paso han sido las españolas. Fitch rebajó la calificación a €30.000 millones de esta deuda y Moody’s acaba de colocar la de 18 entidades como “Calidad Cuestionable” o “capacidad incierta de pago” (Bankinter, Banesto, Bancaja, Popular, Caixa Tarrasa, Banco de Valencia…).

Los compradores de estos híbridos deberían tener cuidado. La CE (y un regulador) exigieron a una entidad que recibió ayuda pública que no pagara sus cupones e hizo responsable del rescate a estos compradores. Hay mucho en juego (las entidades obtienen beneficio con su propia deuda) pero mucho que perder. Sería tentador para las entidades acogerse al informe de la CE o pedir fondos al FROB para no pagar cupones. Estamos hablando de €10.320 millones de nuevas emisiones y de €4.000 millones en cupones.

El problema no es sólo de unas entidades. Parte de las emisiones de preferentes se deben colocar en el tramo institucional. La práctica habitual es que las entidades se compren entre ellas sus emisiones, por lo que el problema se extiende a casi todo el sector.

Un problema que afecta igualmente a los accionistas de las entidades financieras.

Pero los efectos del informe de la CE no acaban en los poseedores de preferentes. Los accionistas deberían tener cuidado también. El informe indica que “las ayudas públicas tienen que basarse en la distribución de la carga de los costes entre accionistas, acreedores y estado”. Parte del sector ya ha recibido ayudas (la última €2.155 millones) y es cuestión de tiempo que los bancos pidan ayuda también.

Más aún, la nueva normativa sobre capital del Reino Unido y de Basilea recoge la idea de compartir problemas y la co-responsabilidad de los accionistas en los rescates públicos. La cuestión del porcentaje de “distribución” de la carga está pendiente de aclararse. ¿Deben los accionistas aportar el 50% del coste del rescate? ¿el 20%? ¿el 80%? Por qué un accionista debe responder de la mala gestión de una entidad también es cuestionable. El inversor asume su riesgo y algún gobierno ya forzó a los accionistas a asumir deudas de las entidades (Suecia 1992) pero la CE sienta un precedente grave. Una vez abierta esta puerta, ¿qué impide que las entidades lo apliquen a otras deudas? De hecho, Fortis y ABN decidieron no rescatar emisiones de titulizaciones hipotecarias.

El informe de la CE parte de una buena idea (evitar la distorsión de la competencia entre entidades que reciban ayudas públicas y las que no) pero crea inseguridad en el sistema, agrava las dificultades para conseguir capital para las entidades y extiende el problema a otros sectores (aseguradores que invertían en esta deuda para sus coberturas de riesgos). Es discutible que los impuestos sirvan para ayudar a unas entidades y es discutible que un accionista de una entidad sea considerada tan responsable del pago de la ayuda pública como sus gestores.

Que un organismo público exija “la distribución de los costes entre accionistas, acreedores y estado” es un pésimo precedente contra los ciudadanos. Que un organismo público, que en teoría debería de estar para la defensa del inversor, exija a las entidades que no paguen sus deudas, no es el camino para devolver la confianza de los ciudadanos al sistema bancario.