El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció hoy un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno central por invasión de competencias en materia de vivienda, respecto a la aplicación de la Renta Básica de Emancipación.

"Se trata de un nuevo conflicto por invasión de competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid en materia de vivienda", explicó González, que recordó que el Gobierno autonómico ya avisó de que requeriría al Estado modificar el Decreto "al entender que invadía competencias", algo que rechazó el Consejo de Gobierno el pasado 3 de julio.

"En consecuencia, formalizamos, a través de este recurso, un conflicto positivo de competencias", dijo el "número dos" de Aguirre, que apuntó que con este Decreto, el Gobierno central "pretende condicionar la política de vivienda de la Comunidad, que es competencia exclusiva de las CC.AA, y trata de imponer obligaciones de gestión, en una materia que es competencia exclusiva, y establecer determinadas cargas y requerimientos para la obtención de  prestaciones en materia de vivienda que no se pueden regular por parte del Estado".

"Las razones son las mismas que ya anunciamos: el pago de las ayudas en materia de vivienda le corresponde a la Comunidad de Madrid, el Gobierno pretende obligar a las comunidades a crear oficinas específicas para este objetivo, cuando nosotros ya tenemos oficinas de vivienda y es a través de ellas que deberían tramitarse", planteó.  

Además, señaló que el Estado se entromete en las competencias autonómicas al firmar convenios de colaboración con entidades de crédito, estableciendo requisitos adicionales que son propios de la política de vivienda.

El Ejecutivo regional considera que el Gobierno central no sólo se extralimita en sus competencias, sino que condiciona la política de vivienda de la Comunidad de Madrid e impone obligaciones a las Comunidades Autónomas para asegurar la aplicación de la RBE.

"Esta decisión no significa que el Ejecutivo regional vaya a solicitar la suspensión de las ayudas, sino que se reconozcan las competencias exclusivas que en materia de vivienda detenta la Comunidad de Madrid", apunta González.

Agilizar pagos

Asimismo, reclamó al Ministerio de Vivienda agilizar los pagos a los jóvenes madrileños que tienen derecho a esta ayuda pues, según los últimos datos del Ministerio, casi el 39% de los jóvenes madrileños con derecho a recibir esta subvención estatal aún no la percibe.

"El Ministerio debe poner fin a los retrasos en el pago de los 210 euros", explicó González, y añadió: "Estaría bien que el Ministerio de Vivienda, que tanto nos acusó de boicotear la RBE, ahora reconociera el esfuerzo y los buenos resultados de nuestra gestión, que sin duda ha sido y es la más rigurosa del país".

Pago a través de la comunidad

En líneas generales, el Ejecutivo regional considera que el Ministerio no tiene facultad para efectuar el pago directo de las ayudas, ya que éste se debe realizar a través de la Comunidad.

Asimismo, Vivienda no puede atribuirse la competencia de autorizar el pago de las ayudas ni obligar a las comunidades autónomas a comunicar los cambios sufridos por los beneficiaros de las mismas.

Además, el Gobierno regional cree que el Gobierno central no tiene capacidad para ordenar la creación de ventanillas únicas de gestión ni decidir si la RBE es compatible con otras ayudas o deducciones regionales. Por último, la Comunidad argumenta que el Ministerio no es competente para firmar convenios de colaboración con entidades de crédito ni establecer requisitos adicionales para conceder las ayudas.

El Gobierno regional, además, considera que el Real Decreto de modificación del ya impugnado incide en los vicios de inconstitucionalidad del anterior, por lo que es impugnable en su totalidad, un exceso que subsidiariamente es apreciable en los preceptos 4, 5 y 6.

Las novedades de estos artículos que el Ejecutivo regional considera que continúan invadiendo sus competencias se refieren al procedimiento de concesión, la acreditación de los requisitos del solicitante, y al tratamiento de datos de los jóvenes que soliciten esta subvención.

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