Tres fondos de pensiones de Indiana, que poseen cerca de 42 millones de dólares de los 6.900 millones de dólares en préstamos garantizados de Chrysler, pidieron el domingo al Tribunal supremo de EEUU que aplace la venta de esta empresa a Fiat. Los fondos presentaron la solicitud de aplazar el acuerdo ante la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, encargada de estos temas en la Corte de Apelaciones de Nueva York. La juez podría actuar de motu propio o enviar el caso al pleno de la Corte formada por nueve magistrados.

Una decisión de este tipo, en caso de que la petición se elevara al pleno tendría que ser aprobada por cinco de los nueve miembros del Supremo. La petición se produce después de que el pasado viernes el Tribunal Federal de Apelación de Nueva York aprobara la autorización judicial concedida a Chrysler para que el grupo automovilístico, que se declaró en bancarrota el pasado 30 de abril, venda la mayor parte de sus activos a un grupo liderado por la italiana Fiat.

Esa corte confirmó la autorización del Tribunal de Bancarrotas de Nueva York, aunque bloqueó la venta hasta el próximo lunes a la espera de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirme si atenderá la apelación de los fondos de inversión que se oponen a la operación. Esos tres fondos representan los intereses de profesores y policías retirados de ese estado, entre otros, y son titulares del 1% del capital de Chrysler.

Alegan que la venta perjudica injustamente a los accionistas titulares de bonos asegurados (respaldados con activos de la empresa), en favor de quienes tienen acciones no aseguradas. Además, consideran inconstitucional que, sin la autorización previa del Congreso, Chrysler recibiera 8.000 millones de dólares del Programa de Alivio de Activos Depreciados (TARP, por su sigla en inglés) que puso en marcha el Gobierno estadounidense.

Si la venta no se cierra antes del 15 de junio, Fiat tiene derecho a suspender la operación, de la que también está pendiente toda la producción de Chrysler, congelada hasta que se conozca el resultado. El juez federal de bancarrotas encargado del caso, Arthur González, aprobó la venta el pasado domingo, argumentado que los fondos no tenían razón para quejarse, ya que recibirían lo que les corresponde de los 2.000 millones de dólares de fondos del TARP que se reservaron para pagar a los accionistas con bonos aseguradas.

La cantidad que se les pagará será, según el juez, muy superior a la que recibirían si Chrysler no pudiera salir de la bancarrota y hubiera que liquidarla. Si finalmente se completa la operación tal y como está prevista, el nuevo Grupo Chrysler estará controlado en un 55% por una sociedad fiduciaria vinculada al sindicato United Auto Workers (UAW) -sin poder de gestión-, mientras Fiat controlará un 20% inicialmente, aunque ese porcentaje podrá crecer hasta el 35% si se logran ciertos objetivos. Entre los accionistas minoritarios estarán el Gobierno de Estados Unidos, con un 8%, y el de Canadá, con un 2%.

El fabricante estadounidense de automóviles se declaró en bancarrota el 30 de abril después de que un grupo de acreedores se negara a cancelar 6.900 millones de dólares de deuda a cambio de recibir 2.000 millones en metálico. 

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