La batalla política contra la obligación legal de responder con todos los bienes en caso de embargo hipotecario está en marcha. La inició Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, que la semana pasada presentó una proposición no de ley contra la actual legislación nacional, El guante lo recogió el Grupo Popular en el parlamento regional, que sorprendentemente respaldó la iniciativa de la coalición de izquierdas. Pero ahora ha sido la vicepresidenta económica quien ha puesto pie en pared. Salgado dejó ayer bien claro que el Ejecutivo no tiene ningún interés en cambiar la norma, toda vez que  “son  las entidades financieras las que exigen garantías”.

El asunto, sin embargo, lejos de haberse cerrado tiene todavía mucho recorrido parlamentario. Según Gregorio Gordo, el diputado que defendió la proposición no de ley en la Asamblea de Madrid, Izquierda Unida volverá a plantear el asunto, aunque esta vez ante el parlamento nacional. Pero ahora con el PP como aliado en caso de que el Grupo Popular en el Congreso revalide la posición de los diputados de Esperanza Aguirre.

Lo que está en juego es extremadamente delicado para la banca, que cuenta con un blindaje legal en caso de que el propietario de una vivienda no pague los recibos correspondientes. La Ley Hipotecaria establece que la hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones del deudor, y no alterará la responsabilidad personal ilimitada que establece el Código Civil. ¿Y qué dice el Código Civil?, pues ni más ni menos que “del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”, aclara la norma.

Países anglosajones

Quiere decir esto que el riesgo de depreciación de los activos inmobiliarios no corre a cargo de la entidad financiera que presta el dinero, como sucede en los países anglosajones, sino del propietario, que debe responder por la hipoteca con otros bienes ajenos a la vivienda, aunque el valor del piso caiga en picado, como está sucediendo en algunas zonas del país. Es decir, que el piso puede valer menos que la hipoteca. La situación es todavía más paradójica si se tiene en cuenta que la mayoría de las compañías de tasación inmobiliaria pertenece a la banca, lo que puede provocar problemas de conflicto de intereses.

Lo curioso del asunto es que la Asamblea de Madrid aprobó una iniciativa legal sobre un asunto del que no tiene competencias –como es la reforma de la Ley Hipotecaria y el Código Civil-, y de ahí la reacción de la ministra Salgado, que en declaraciones recogidas por Europa Press recomendó a Aguirre que “haga propuestas constructivas y también posibles”.

La iniciativa del parlamento regional insta a la modificación de cuantas normas sean precisas “a fin de imposibilitar que consecuencia del impago el hipotecado deba responder con todos los bienes presentes y futuros”, en caso de que el bien subastado no cubra la cuantía del crédito. Por lo tanto, que en caso de desahucio y con la entrega de la vivienda se cancele la hipoteca. Dicho en otras palabras, que la legislación española dé carta de naturaleza al llamado 'efecto sonajero', cuando alguien que no puede pagar la hipoteca entrega las llaves de su casa al banco.

Izquierda Unida pretendía que la iniciativa tuviera carácter retroactivo, es decir que de ella se pudieran beneficiar los actuales propietarios. Sin embargo, según Gregorio Gordo, coordinador general de IU en Madrid,  se podría aceptar como “mal menor” que sólo afectara a los nuevos hipotecados. Según sus datos, de cambiarse la noma se beneficiarían este año tan sólo en Madrid unas 76.000 familias que, previsiblemente, serán desahuciadas como consecuencia de la crisis.  Según los últimos datos del Banco de España, la tasa de dudosidad de las hipotecas -la morosidad- se encuentra en el 2,4%, cuatro veces más que en 2007.