Sobremesa distendida en el Hispano. Con un bien amigo, colega reputado,  curtido en la práctica procesal de la insolvencia empresarial. Curial y, por lo tanto, cauto y respetuoso con las instituciones. No como yo, descreído y escéptico en esta materia. Frivolizábamos sobre la bondad o insuficiencia de la reciente reforma (R.D.L. 3/2009) de la Ley Concursal. Posiciones de partida bien distantes. Mi tesis: parchear un bodrio es contribuir a perpetuar un bodrio. La suya: es un terreno minado, sobre el que hay que avanzar poco a poco.

Desde luego no pienso defender su posición. Que lo haga él si quiere, porque tiene recursos y experiencia sobrados para saltar al ruedo. Tampoco oculto -sin él delante- que en el fondo nuestras posiciones no son del todo incompatibles. Por otro lado  coincidíamos en que la reforma era –como mínimo- tardía e insuficiente.

También compartíamos un diagnóstico tópico pero incontestable: no solo la ley, cuidado, sino todo el sistema y práctica concursales españoles son ineficientes. No es un juicio de valor. Es la constatación de una realidad: la justificación del sistema concursal, su finalidad básica (optimizar y cumplir una expectativa razonable de satisfacer los créditos concursales y, en la medida en que contribuya y sea compatible con ello, apoyar la supervivencia de la empresa concursada) se ha demostrado inalcanzable en una abrumadora mayoría de los casos. Claro que ello, dijo, era por otro lado inevitable porque la empresa llegaba habitualmente tarde al concurso y en estado terminal. Bueno, ahí empezó a calentarse el debate.

Le contesté lo que pensaba: la realidad es que la empresa  se ve –en un alto porcentaje de los casos-  arrastrada a la fuerza al trauma del concurso. Y ello como consecuencia de una implacable extensión de responsabilidad a los administradores por las deudas sociales si no someten su actuación al dictado de un rígido cronómetro que puede ser, o puede no ser, adecuado a la coyuntura concreta de crisis de cada empresa. Ese temor, más que explicable, de los administradores a agravar aun más su exposición a responsabilidades ha empujado a numerosas empresas al concurso de acreedores y, por ese tobogán incontrolable, a su liquidación.

La esperada reforma de la ley concursal, que ha aparecido en un momento muy oportuno aunque haya entrado por la puerta de atrás del Real Decreto Ley, no ha querido claramente eliminar esa espada de Damocles aunque sí –algo es algo- retardar el efecto implacable de su caída, al objeto de permitir que el empresario intente bien esquivar el golpe o bien que éste no le resulte personalmente letal.

Bueno. Como antes decía, algo es algo. Pero en el fondo persiste en la filosofía de la Ley, incluso tras su reciente reforma, algo que a mi juicio –no al de mi interlocutor- sigue siendo injusto: el empresario abocado por ley al concurso de acreedores no es desde  luego un triunfador, pero no por ello su comportamiento debe ser –a priori y por automatismo legal- anatemizado.

En otras jurisdicciones de nuestro entorno económico hacía ya años que se  consideraba legalmente reprochable, por ejemplo, la prolongación artificial de la vida de una empresa, cuando ello tenía como consecuencia una liquidación en insolvencia y, por consiguiente,  un empeoramiento de las expectativas de satisfacción de sus acreedores. Pero esa percepción, cuya lógica parece incontestable, tardó en llegar a España, donde culturalmente no solo se consideraba justificable que el empresario luchara hasta el final –por encima de cualquier consideración- por la supervivencia de su empresa, sino que otro comportamiento no hubiera sido entendible.

La ley Concursal del 2003, país de extremos, nos llevó súbitamente al otro arco del péndulo: ¿Insolvencia? A los dos meses al juzgado/concurso so pena de cargar con la responsabilidad solidaria por las deudas sociales. Resultado: epidemia de concursos voluntarios, que se extiende incontrolable -con frecuencia por contagio- en el actual entorno de cuasi-depresión generalizada, colapso del sistema concursal y final –lento y por consunción- de una gran mayoría de las empresas en concurso.

Ante esta realidad, se descontaba algo más de audacia e imaginación en esa esperada, obligada, reforma de la Ley Concursal. Ha llegado tarde, corta y por la puerta de atrás. Naturalmente, tiene algún aspecto positivo. Ontológicamente hubiera sido imposible otra cosa dado el punto de partida de la reforma.

Pero entre otras muchas carencias y contradicciones, esta reforma no ha neutralizado esa –a mi juicio- rémora de partida. Sigue enfilando al empresario. Precisamente en un momento en que la frustración derivada de la situación económica hubiera aconsejado desmontar resortes de desmotivación a emprender ese oficio. No. La reforma no anima a asumir riesgos empresariales y, con seguridad, definitivamente disuade de reemprenderlo a quien se haya visto ya arrastrado por esta ley concursal. 

Creí que mi exordio había convencido a mi amigo e interlocutor. Que va. Se preparaba para su réplica. Pero, como ya decía antes, que la defienda él si quiere.

Fernando Herce Meléndrez, socio de Estudio Jurídico Almagro

14.  julipto27/05/2009, 12:33 h.

#12 comprometido personal y profesionalmente, quería decir.

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13.  julipto27/05/2009, 09:35 h.

#9 Sencillamente, ya me gustaría a mí estar en alguna de las situaciones laborales que describe.
Hombre, tal vez lo del PER se asemeje.

Le remito a mi comentario anterior. al que he realizado al Sr. Herce.

Estamos de acuerdo en una cosa. Si cuando alguien no paga, ocurriera "algo", le aseguro que no le haría falta una Ley Concursal nueva. El problema, es que decir "no te pago" no cuesta nada. Es gratis. Y no pagar, casi también es gratis.

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12.  julipto27/05/2009, 09:28 h.

#8 No se hasta que punto son "topicos de barra de bar".
Yo le hablaré de los tópicos de mi experiencia.

1.- No pagar sale gratis. Ese es el auténtico problema. Si cuando alguien no paga, realmente se hiciera pagar a cada uno las responsabilidades, le aseguro que no le haría a usted falta la Ley Concursal.
2.- He tenido clientes que entraban en concurso de acreedores a los 15 días de comprarme. Con los informes financieros comprobados y todo...cuentas impecables...trayectorias impecables...y con trabajadores que se quedaban de la noche a la mañana en la calle, habiendo sido trabajadores ejemplares y comprometidos. Y los empresarios, con chófer...y jubilados.
3.- Despues de 8 años en una compañía multinacional, comprometido profesional y profesionalmente con la empresa, y otras cosas que no tengo espacio ni ganas de explicar, me han puesto en la calle con 40 años y 45 días por año trabajado. Y ya llevo 1 año y 2 meses en el paro. Estoy casado y con dos hijas. Insisto. Me reafirmo en mis apreciaciones del comentario anterior.

No dudo del trabajo y esfuerzo de muchos pequeños y medianos empresarios, pero le aseguro que mi escepticismo está más que fundado.Su articulo es bueno

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11.  satiricon-26/05/2009, 21:37 h.

#10 Sabeis porque desaparecio lo de la calificacion del concurso en culpable o no de la nueva ley? curiosidad
Quiero decir la pieza que se abria con la legislacion anterior sobre la culpabilidad de la insolvencia

saludos

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10.  blofeld26/05/2009, 21:20 h.

modestamente, creo que conozco algo la materia

En términos generales, la ley concursal es una ley muy buena, pero para empresas de un cierto volumen o entidad.

Es cara, lenta y poco práctica para empresas pequeñas. Y ni te cuento para particulares [que teoricamente pueden declararse en concurso]

Pero se está utilizando para salvar el culo del tio que con 3000 pavos monta una SL y se apalanca en un 100000% a base de papel pelota, facturas infladas y demás.

Y lo divertido es que luego el banco viene con los lloros [de hecho la última modificación de la LC fue a su medida], cuando la sociedad está más seca que la mojama y no le devuelven su dinero. A mi me enseñaron que el empresario es el que se juega la pasta... así que si la pasta es en un 99,9% del banco [real como la vida misma] piensen vds quien es el empresario en realidad y por tanto quien debe asumir las pérdidas. Entre tanto, cobrando jugosas comisiones del 5-10% por descontar ristras de pagarés sin el más mínimo respaldo

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