El melón de la reconversión bancaria se ha abierto. Al menos de manera formal. Lo hizo ayer la vicepresidenta segunda Elena Salgado, quien en el Congreso de los Diputados anunció que si una entidad quiere beneficiarse del nuevo Fondo de rescate de la banca que están diseñando el Gobierno y el Banco de España deberá reajustar previamente su capacidad instalada.

En palabras de la ministra de Economía, el sector financiero español tiene un problema de “sobrecapacidad”, y en este sentido admitió que “esta debilidad puede hacer que sea menos resistente” a una crisis que se prevé larga,

Salgado no quiso dar más detalles, pero dejó claro que la reestructuración del sistema financiero pasa por un recorte en el número de oficinas, si bien no quiso ser más explícita cuando se le preguntó si ello supondría un recorte de las plantillas. En su opinión, son las propias entidades las que deben decidir como se reestructuran, pero dejó meridianamente claro que cualquier inyección de dinero público debe llevar aparejado un proceso de reconversión.

En estos momentos, y según los datos del Banco de España, las 286 instituciones financieras (bancos, cajas y cooperativas de crédito) disponen de una plantilla global de 270.855 trabajadores, pero con una gran dispersión en cuanto a entidades. Mientras que en los últimos 10 años el número de empleados de banca se ha reducido en 20.000, la plantilla total de las cajas ha crecido en 41.000, lo que da idea de la diferente evolución de unos y otros.

Como señala el último informe del banco central sobre supervisión bancaria, “esta asimetría entre los bancos nacionales y las cajas de ahorros llevó a una reducción de la diferencia entre ambos grupos en sus ratios de personal por oficina, que eran de 5,3 empleados en los bancos y 4,3 empleados en las cajas”. La densidad de la red alcanzó un nuevo máximo de 12 oficinas por cada 10.000 habitantes mayores de 16 años, una de las tasas más elevadas del mundo.

El  problema mayor, por lo tanto, está en las cajas, pero ayer la ministra Salgado anunció que con carácter general no se modificará la actual legislación. Ni siquiera las competencias que tienen las comunidades autónomas sobre ellas, en contra de lo que han pedido distintos organismos económicos internacionales, que han reclamado la necesidad de que fusiones ‘transfronterizas’ no tengan que ser aprobadas por los parlamentos regionales. Salgado dio garantías a los nacionalistas catalanes y vascos de que este asunto no se cambiará.

A modo de pista sólo adelantó que los límites competenciales los marca la Ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito, cuyo ejecutor es el Banco de España. Según Salgado, el nuevo fondo de rescate bancario -que se aprobará después de que el próximo 1 de junio se reúna el consejo rector del actual Fondo de Activos Financieros- tendrá un triple objetivo.

En primer lugar, involucrar al sector privado, porque "es el propio sistema el que debe decidir cómo reestructurarse", El segundo, minimizar la implicación de recursos públicos, ya que el fondo sólo se utilizará si no prospera la primera premisa, y el tercero, limitar también los incentivos al uso de esos recursos, para lo cual se exigirá una reestructuración de la entidad.