El Consejo de Administración de Agrupación Mutual Aseguradora, A.M.A., la mutua de los profesionales sanitarios, ha decidido recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional las sanciones impuestas contra ellos por el Ministerio de Economía y Hacienda, y que les han sido comunicadas oficialmente este martes.

Se va a solicitar además ante la Audiencia Nacional la suspensión cautelar de las sanciones. Dichos recursos se sumarán a los que la mutualidad ya ha presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la semiintervención en que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones mantiene la entidad desde el año pasado.

En la práctica, con la presentación de los recursos y la petición de suspensión cautelar, A.M.A. espera que las sanciones dictadas contra ella y contra sus consejeros por el Ministerio queden en suspenso hasta el efectivo pronunciamiento de los tribunales, tal y como corresponde al ejercicio de sus derechos constitucionales y de acuerdo con la doctrina que al respecto viene manteniendo el Tribunal Constitucional.

La resolución dictada por el Ministerio de Economía y Hacienda contra el Consejo de Administración de A.M.A. ha sido notificada oficialmente a los interesados hoy, 19 de mayo, si bien ya había aparecido publicada en un medio de comunicación el pasado 14 de mayo. Fuentes de la aseguradora consideran que dicha filtración constituye una irregularidad flagrante del deber de confidencialidad y sigilo que corresponde al Ministerio.

Respecto a la actual resolución, confirma la dictada el pasado 28 de febrero por el entonces ministro de Economía y Hacienda. En la misma se imponía a A.M.A., a los miembros de su Consejo de Administración, a varios asesores del mismo y al director general sanciones de diversa cuantía. Asimismo, a Diego Murillo, presidente de la entidad, a Manuel Campos, actual Secretario del Consejo de Administración, y a Manuel Sánchez, consejero que anteriormente había desempeñado el citado cargo, les imponía sanción de inhabilitación.

Todas estas sanciones serán recurridas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, a la que solicitará además la suspensión cautelar de las mismas. Se ampara para ello en la doctrina  de la Sentencia del Tribunal Constitucional 78/1996, de 20 de mayo, y en la Sentencia 66/1984 del mismo Alto Tribunal, de 6 de junio, que dispone que “el derecho a la tutela se satisface (…) facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que éste, con la información y contradicción que resulte menester, resuelva sobre la suspensión”.

"De acuerdo con esa doctrina constitucional, no es posible la ejecución de una sanción administrativa mientras no recaiga un pronunciamiento judicial firme sobre su suspensión, como por otra parte ha reconocido la Dirección General de Seguros en una resolución de 4 de marzo de 2009, por cuanto la ejecución,  pendiente de resolución judicial sobre su suspensión, ocasionaría una lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los sancionados que no se corresponde con las exigencias del artículo 24 de la Constitución", indican esas mismas fuentes. "Por lo tanto, en puridad, Economía debería esperar y no considerar ejecutiva su resolución hasta que recayera una resolución judicial firme de la solicitud de suspensión", concluyen.

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