El drama del desempleo se está cebando en la economía española, pero en el caso de la población inmigrante el problema es mucho mayor. Muchos despachos de abogados y centros de asesoramiento de extranjeros están desde hace semanas desbordados por la llegada de inmigrantes que no han podido renovar su tarjeta de residencia por no disponer de un puesto de trabajo o por haber agotado ya su prestación por desempleo.

“Estamos notando un fuerte aumento de personas que vienen al despacho a pedir información”, asegura un abogado especializado en cuestiones de inmigración. Aunque la cifra es difícil de calcular, algunos estiman que en esta situación se podrían encontrar decenas de miles de inmigrantes que se han convertido sin quererlo en irregulares a causa del agravamiento de la situación económica, y que por ende pueden ser expulsados en cualquier momento por las autoridades judiciales al estar en paro.

En la actualidad, y según la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2008, 779.400 extranjeros se encuentran sin trabajo, y de ellos, según los Servicios Públicos de Empleo, 350.582 cobran alguna prestación económica. Menos de la mitad proceden del espacio Económico Europeo (la UE ampliada), por lo que más de 175.000 podrían encontrarse con problemas para renovar su tarjeta de residencia.

La normativa española vincula la estancia legal de un extranjero al hecho de que disponga de un empleo, y de hecho la autorización se denomina de residencia  y trabajo. Para obtener un permiso es necesario, por lo tanto, la existencia de un contrato laboral que inicialmente  permite al inmigrante vivir en España durante un año. Tras la primera renovación, el extranjero puede permanecer en el país dos años adicionales; y otros dos años tras la segunda renovación. Una vez que se ha cumplido el ciclo de cinco años con permisos temporales, el extranjero obtiene una autorización de carácter permanente. A estos trabajadores no les afectaría, por lo tanto, la caída del empleo, ya que no necesitan renovar su tarjeta de residencia.

Ocurre, sin embargo, que el grueso de la inmigración llegó a España en los últimos cinco años, por lo que  la gran mayoría de los inmigrantes no comunitarios se encontrarían en esa situación. El 31 de diciembre de 2003 existían en España 1,64 millones de extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en vigor, mientras que al acabar el año pasado el número había crecido hasta los 4,47 millones, es decir, casi el triple.

Familiares de extranjeros

De estos, el 60% son extracomunitarios, lo que significa que alrededor de 2,6 millones necesitan tener un empleo para lograr la autorización de residencia. Como quiera que algo más de 1,2 millones viven en España desde hace más de cinco años, eso supone que la estancia de 1,4 millones de inmigrantes depende de la existencia de un puesto de trabajo. En la cifra, lógicamente se incluyen los familiares de los trabajadores extranjeros.

En caso de que el inmigrante no tenga empleo, la autorización de residencia sólo se renueva si el trabajador acredita una oferta de trabajo o está en condiciones de percibir algún tipo de prestación económica, ya sea de carácter contributiva o asistencial, incluidas las rentas de inserción que conceden las comunidades autónomas.

Según fuentes jurídicas consultadas, la normativa española es clara a este respecto. Y de ahí que los letrados que asesoran a los inmigrantes estén reclamando de la Administración –en ese caso las subdelegaciones del Gobierno- una interpretación menos rígida de la norma. Básicamente por una razón. Existe la convicción de que en caso contrario muchos inmigrantes no tengan otra opción que integrase en en el circuito de la irregularidad. En el de la economía sumergida.

“La clandestinización de los trabajadores sería lo peor que pudiera ocurrir en unas circunstancias como las actuales”, aseguran las fuentes. Y ese es un peligro cierto después del fracaso que ha supuesto el programa de regreso voluntario de los inmigrantes a su país de origen.