Natalia Kidd Buenos Aires, 23 mar (EFE).- El gobierno de Argentina profundizó su estrategia de intervención en empresas clave, al sentarse hoy en una de las sillas del directorio de la filial local del grupo español Gas Natural.

Este paso tiene como antecedentes la nacionalización de compañías de sectores diversos, política que se inició con el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y que su esposa y sucesora, Cristina Fernández, está consolidando.

Fuentes de Gas Natural dijeron hoy a EFE que la entrada del Estado al directorio de su filial se dio en un clima de "cordialidad" y señalaron que el grupo español retendrá su poder en la toma final de decisiones.

El desembarco de un representante estatal en el directorio de Gas Natural BAN, la segunda mayor distribuidora de gas del país, es consecuencia directa de la nacionalización de los fondos de pensión que administraban firmas privadas el pasado noviembre.

Las acciones en las carteras de inversión de estos fondos fueron heredadas por la cada vez más poderosa Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), ente estatal que administra el sistema de jubilaciones en Argentina.

Además de poseer mediante esta vía un 26,6 por ciento de Gas Natural BAN, la Anses es dueña de participaciones accionariales en una treintena de empresas.

La prensa local especula que el ingreso al directorio de la distribuidora es el primer paso de otros que dará en igual sentido el gobierno para lograr una mayor injerencia en las empresas participadas por la Anses.

Según estas versiones, el Gobierno buscaría colocar directores en aquellas empresas donde la participación del ente estatal de jubilación supera el 20 por ciento.

En este grupo están la desarrolladora inmobiliaria Consultatio, las eléctricas Edenor y Emdersa, la exportadora de limones San Miguel, el Banco Macro y la telefónica Telecom Argentina (controlada por Telecom Italia).

También integran este pelotón la siderúrgica Siderar (integrante del grupo Techint), la autopista Grupo Concesionario Oeste (controlada por la española Abertis), la Distribuidora de Gas Cuyana y la Transportadora Gas del Sur, que celebrará su asamblea de accionistas el próximo jueves.

En este misma línea, aumentan los rumores en la prensa local sobre un inminente aumento de la participación del Estado en el Banco Hipotecario, uno de los principales otorgantes de créditos para viviendas del país.

El Estado argentino, en forma directa o través de la Anses, tiene la mayoría accionarial de la entidad financiera, pero no el control del directorio, dominado por los accionistas privados, cuyos votos valen el triple.

En tanto, el Gobierno argentino, que está en la última fase para completar la expropiación de Aerolíneas Argentinas y sus subsidiarias al grupo español Marsans, anunció el martes pasado que nacionalizará una fábrica militar de aviones de la estadounidense Lockheed Martin.

Cristina Fernández es una defensora del papel del Estado como regulador de la economía y le ha dado mayor fuerza a este discurso desde el estallido de la crisis global, a partir del cual ha surgido una nueva visión del intervencionismo estatal.

Pero éste no es un camino nuevo para los Kirchner: a poco de asumir la Presidencia, en mayo de 2003, Néstor Kirchner anuló la concesión del Correo Argentino al grupo Macri argentino y la empresa pasó a estar bajo control estatal, e hizo lo mismo con el control del espacio radioeléctrico, que tenia en concesión la francesa Thales.

En agosto de 2003, creó Líneas Aéreas Federales para absorber las operaciones y el personal de la privada Southern Winds, con serias dificultades financieras.

En septiembre de 2004, el Gobierno constituyó la estatal Energía Argentina (Enarsa), que a finales de 2007 adquirió a la brasileña Petrobras un 25 por ciento de la transportadora mayorista de electricidad Transener, cuyo otro 25 por ciento fue comprado por la local Electroingeniería, cercana a los Kirchner.

En marzo de 2006, creó Aguas y Saneamiento (Aysa), que se hizo cargo del servicio de aguas y cloacas en Buenos Aires y su periferia, tras quitarle la concesión a un grupo integrado por la francesa Suez y la española Aguas de Barcelona.

Tres meses después, el Estado adquirió el 20 por ciento de Aeropuertos Argentina 2000, administradora de una treintena de terminales aéreas.

En abril de 2007, los astilleros Tandanor, privatizados en los años 90 y luego administrados por los empleados, volvieron al Estado.

Ya en el gobierno de Fernández, en marzo de 2008, dos sociedades estatales se hicieron cargo de servicios férreos retirados a privados por deficiencia en los servicios.

Paralelamente, los Kirchner contribuyeron a la formación de una "burguesía nacional" para recuperar el terreno perdido en los 90, frente a inversores extranjeros y, así, alentó el crecimiento de empresarios como Marcelo Mindlin (Pampa Holding), Jorge Brito (Banco Macro) y Eduardo Elsztain (IRSA), además de promover el ingreso a YPF de Enrique Eskenazi. EFE nk/mar/may

Otras noticias de Agencias