La Paz, 16 feb (EFE).- Fiscales bolivianos viajarán el 5 de marzo a Estados Unidos y Argentina para investigar la presunta relación de dos empresas con sede en esos países con el caso de corrupción que afecta a la petrolera estatal YPFB, informó hoy el senador Walter Guiteras.

Guiteras, presidente de la comisión parlamentaria especial constituida para investigar estos hechos, justificó estos viajes para que los fiscales comprueben el avance del proyecto para una planta gasista en Bolivia para la que ambas empresas fueron subcontratadas.

Entre otros aspectos los fiscales deberán verificar si esas sociedades, que supuestamente realizan trabajos para Catler Uniservice, a la que YPFB adjudicó el año pasado la construcción de la planta en el oriente del país por 86 millones de dólares, "son inexistentes o fantasmas", explicó.

"El Senado cubrirá los gastos de transporte y viáticos para los fiscales", indicó el senador de la alianza opositora Poder Democrático y Social (Podemos).

En el marco de esta investigación de corrupción en el seno de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está previsto que dos fiscales se trasladen a Houston, en EE.UU., a Rosario, en Argentina, y a la planta en construcción en Santa Cruz "para completar su proceso de investigación", dijo.

La construcción de esa planta está en el centro del caso de corrupción descubierto en YPFB y que salió a la luz con el asesinato del empresario boliviano Jorge O´Connor D´Arlach, ejecutivo de la firma Catler Uniservice.

Esta empresa, que tiene socios argentinos, fue la adjudicataria por parte de la petrolera estatal de la infraestructura y subcontrató a su vez a la estadounidense Gulsby para edificar el 80 por ciento de la planta y a las argentinas Sica y Lito Gonela para el resto.

O´Connor D´Arlach fue asesinado en el momento en que entraba en una vivienda de familiares de la esposa del ex presidente del YPFB Santos Ramírez con 450.000 dólares (unos 350.000 euros) en efectivo.

Según la oposición, ese dinero estaba supuestamente destinado a pagar una comisión ilegal por la adjudicación de la planta de gas.

Tras conocerse este escándalo, el presidente Evo Morales destituyó a Santos Ramírez, que ha ingresado en prisión preventiva por orden judicial.

Una comisión investigadora del Gobierno boliviano ya se trasladó la pasada semana a Estados Unidos y a Argentina para conocer el avance de los trabajos de las empresas subcontratadas por Catler Uniservice. EFE lav/sam/pa

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