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Lo que hubiera parecido una quimera sin la menor base hace unos meses, cobra ahora todo el sentido. El Banco de España podría verse obligado a intervenir en el conflicto de Caja Madrid, a consecuencia de la paralización de sus dos órganos de Gobierno: la Comisión de Control, ya bloqueada tras la destitución de Pablo Abejas como su presidente, y la amenaza de inhabilitación que pesa sobre Miguel Blesa por parte de Comunidad de Madrid en caso de que insista en aplicar la Ley 4/2003 de Cajas de Ahorro madrileña en el proceso electoral en marcha, en lugar de la recientemente reformada.  

La intervención del Banco de España acabaría de un plumazo con la guerra de banderías abierta en el Partido Popular entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón por el control de la Caja madrileña. Algunos acontecimientos recientes surgidos al calor de esa pelea, apuntan a que la izquierda y los sindicatos presentes en los órganos de la Caja están favoreciendo la eventual entrada en liza del Banco de España, como una forma de desalojar a Blesa y al PP del control de la entidad.

En efecto, el pasado día 20 los representantes de CCOO, UGT y el PSOE en la Comisión de Control llegaron a un acuerdo según el cual no acudirán a ninguna reunión del órgano de gobierno en tanto en cuanto no se supere la actual situación de división que vive el organismo, que en teoría cuenta con dos presidentes: Pablo Abejas, destituido en la reunión del pasado 16, a quien apoyaron 6 vocales (4 del PP fieles a Aguirre, uno del PSOE y otro de UGT), y Fernando Serrano, que fue respaldado por una mayoría de 7 vocales (2 del PP, 2 de CC.OO., 2 de IU y uno del PSOE, Francisco Pérez, que con su voto rompió las quinielas).

Las tres partes implicadas en esa iniciativa –CC.OO., UGT y PSOE- hicieron público un comunicado en el que “proponen buscar una solución pactada para dar estabilidad a la caja”. Las fuentes consultadas por este diario sostienen que el acuerdo, suscrito entre Tomás Gómez, por el PSM, e Ignacio Fernández Toxo, por CC.OO., va mucho más allá y se inscribe en un acuerdo de largo alcance destinado a apoyar una alternativa de izquierdas a la presidencia de Caja Madrid, cuando culmine el proceso electoral en marcha el próximo septiembre.

Mientras tanto, la iniciativa del trío de fuerzas citado tiene un efecto mucho más contundente: la paralización total de la Comisión de Control, un órgano que cobra toda su importancia durante los procesos electorales al convertirse entonces en Comisión Electoral. Esa situación de bloqueo, empero, no sería grave de no mediar la amenaza de inhabilitación que, desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, pende sobre Miguel Blesa en caso de que se niegue a aplicar en el proceso electoral en marcha la nueva Ley de Cajas de Ahorro madrileña aprobada el último día del 2008, que altera la composición de la Asamblea General al modificar –en favor de la propia CC.AA. y en contra de los Ayuntamientos- la representación vigente en la antigua.

Blesa se ha mostrado decidido hasta el momento a aplicar la vieja Ley 4/2003, y otro tanto opina el Ayuntamiento de Madrid que ocupa Gallardón, principal respaldo de Blesa, al considerar que la nueva Ley no tiene carácter retroactivo sobre un proceso electoral que se inició el 20 de octubre. Lo mismo opinan algunos de los bufetes jurídicos contratados por Caja Madrid, caso del prestigioso Uría & Menéndez.

Un criterio que en absoluto comparten en la Real Casa de Correos, sede de la CC.AA. Ya el 29 de diciembre pasado, con ocasión de la aprobación in extremis de la nueva norma, Esperanza Aguirre anunció su determinación de “hacer cumplir la ley con todas las consecuencias”, una amenaza que incluye la aplicación del procedimiento sancionador que faculta a su Gobierno a suspender poderes e incluso inhabilitar a los cargos de Caja Madrid que no la cumplan.

El pasado 18 de enero, la Comunidad, a través del consejero de Economía, Antonio Beteta, volvió a amenazar a Blesa con la  inhabilitación en caso de que no declarara nula la reunión de la Comisión de Control del viernes 16 antes citada, que sirvió para expulsar de la presidencia a Abejas. Blesa no solo no ha hecho lo que pretendía Beteta, sino que insiste en afirmar que la Comunidad no tiene competencia sancionadora en Caja Madrid. Hizo más: inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de Serrano como nuevo presidente de la Comisión de Control.

El choque, pues, está servido, y a menos que Miguel Blesa ceda, ergo que lo haga el Ayuntamiento de Madrid y la propia dirección del PP que comanda Mariano Rajoy, el Gobierno de Esperanza Aguirre se verá en la tesitura de inhabilitarle, momento en que Caja Madrid se verá abocada a la insólita situación de encontrarse con sus dos órganos de Gobierno bloqueados, con grave riesgo, al menos teórico, de estabilidad para la Caja. Sería llegado entonces el gran momento del Banco de España.

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