Lunes, 26 de enero de 2009 (Actualizado a las 22:05)

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El presidente francés, Nicolas Sarkozy, tendrá que hacer frente esta semana a la primera gran huelga general desde que el pasado otoño estallara la crisis económica. La movilización ha sido convocada para el próximo jueves 29 de enero por las principales centrales sindicales del país, al considerar que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno están más enfocadas hacia las empresas que a fomentar el empleo y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

El paro, apoyado por siete de cada diez franceses, se augura masivo y afectará a los transportes urbanos, servicios públicos y empresas privadas por lo que el país, acostumbrado a una intensa y permanente movilización social, se prepara como suele para sobrevivir a un nuevo 'jueves negro'.

La crisis financiera internacional que ha terminado por contaminar a la economía real saldrá así a las calles de Francia de la mano de ocho sindicatos -CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC, Unsa, FSU, Solidaires- que reclaman un auténtico plan de relanzamiento "social" que vaya más allá de los que el Ejecutivo galo viene poniendo encima de la mesa desde el pasado mes de octubre.

En el marco de los planes europeos para estimular la economía, Francia ha comprometido un total de 26.000 millones de euros, ha destinado 10.500 millones en ayudas a sus principales entidades financieras, para facilitar los préstamos, y se dispone a aprobar otro tramo similar dirigido a los mismos bancos.

A ello se añade el último anuncio del Ministerio galo de Economía de desbloquear 5.000 millones de euros para socorrer al constructor aeronáutico europeo Aibus o las intensas gestiones de París para lograr un plan europeo que salve al sector del automóvil.

Pero el jueves el Gobierno tendrá que superar el primer gran examen social desde que llegó la recesión económica y escuchar el malestar de los ciudadanos de a pie, un malestar que va en aumento y que ha permitido a la intersindical acudir unida a la huelga por primera vez desde 2006, cuando le ganaron el pulso al Gobierno del primer ministro Dominique de Villepin frente al Contrato de Primer Empleo (CPE) luego retirado.

Para los sindicatos será igualmente una prueba de fuego de su capacidad de movilización después del fracaso de las manifestaciones llevadas a cabo a mediados de 2008 en contra de la reforma de las pensiones y en defensa de la jornada laboral de 35 horas.

El escaso entusiasmo generado entonces y la entrada en vigor de la ley de servicios mínimos en enero de 2008, llevaron al presidente Nicolas Sarkozy a presumir con ironía de que "ahora, cuando hay una huelga en Francia, nadie se da cuenta".

Esa frase tendrá que volver a verse refrendada el próximo jueves, pero los sindicatos apuestan con fuerza por una gran movilización de la opinión pública contra la política de Sarkozy por el miedo nacido en la población a raíz de la crisis económica internacional. De hecho, según el último sondeo publicado al respecto, el 69 % de los franceses apoya la huelga y el 23% la ve con buenos ojos.

Las ayudas, de otra manera

Confiado en el éxito de la cita, Bernard Thibault, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) tiene claro el mensaje político que hay que hacer llegar al Elíseo: el Estado no sólo podría hacer más y mejor para paliar los efectos de la crisis sino que podría hacerlo "de manera diferente".

"No se puede aceptar, por ejemplo, que la ayuda pública sea distribuida a ciegas sin permitir primero a los trabajadores tener una gestión, un control o dar su opinión sobre una garantía del Estado para tal inversión o un préstamo público, porque se trata también del dinero del contribuyente", explica Thibault en RTL.

En su opinión, no se puede destinar más dinero público a los constructores automovilísticos como Renault cuando la empresa va a aumentar en 200 millones los dividendos a sus accionistas sin plantearse la cuestión de si es justo que los contribuyentes financien estos dividendos.

Además, el líder sindical no ve en el Estado una actitud "más protectora" respecto al empleo como muchas veces sugiere Sarkozy. "No hay medidas particulares adoptadas para preservar el empleo, al contrario", denuncia Thibault recordando que en sectores públicos como Educacion o Sanidad proliferan los anuncios de desaparición de cientos de puestos de trabajo.

Serenidad gubernamental

En este contexto, el Ejecutivo muestra serenidad y prudencia a tres días de la convocatoria. El flamente nuevo ministro de Trabajo, Brice Hortefeux, declaraba ayer que el Gobierno estará "a la escucha" y el secretario general del Elíseo, Claude Guéant, aseguraba no estar "inquieto sino atento".

Tanto la oficina del primer ministro como el Elíseo dicen "comprender" la preocupación de los fraceses pero ponen de relieve que la situación requiere más bien "unidad". El ministro de Presupuesto, Eric Woerth, cree, no obstante, que la huelga no es "la mejor respuesta" frente a la crisis.

El partido de la mayoría gubernamental sabe desde principios de enero que el riesgo de un gran movimiento social es serio, al igual que la distancia entre la opinión pública y el plan de relanzamiento económico. "La gente tiene la sensación de que el dinero público se distribuye entre los banqueros y que no se hace nada por ellos. Aprueban a los que bajan a la calle", advierten en la UMP.

La identidad obrera de Sarkozy

Consciente de este hecho, Sarkozy lanzó el pasado sábado durante el Consejo Nacional del partido un guiño a la "clase trabajadora" pidiendo a la UMP abrirse a otros valores e intentando, de paso, arrebatarle clientela al Partido Socialista.

"El trabajo, el mérito, el esfuerzo, la nación, el orden republicano, sí. Pero hace falta apropiarse de otros valores abandonados por otras familias políticas: la humanidad, la solidaridad", dijo. "Debemos abrirnos en nuestro proyecto a la identidad obrera, no ya solamente a la industrial", incidió.

Por lo pronto, es el Partido Socialista quien apoya la huelga del próximo jueves 29 de enero. Su portavoz, Benoît Hamon, señala en 'Liberation' que las reivindicaciones girarán en torno al poder adquisitivo, las condiciones de vida y de trabajo y la sensación de que las libertades están mermando.

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