Se ha vuelto a poner de moda, a lo largo de la última semana, el recurso al modelo sueco como única vía posible de resolver la crisis actual que afecta al sistema bancario mundial. Si el miércoles era Christopher Wood en Financial Times, ayer Angel Ubide hacía lo propio en El País. Su vigencia intelectual se deriva del éxito con el que las autoridades de aquel país resolvieron, a principios de los 90, una crisis de activos y crédito similar a la que están sufriendo actualmente en sus carnes la mayoría de las principales instituciones financieras mundiales. Suecia obligó a su banca a exponer sus pérdidas reales mediante el ajuste de sus carteras a precios de mercado, cerró aquellas entidades que no tenían posibilidades de sobrevivir, recapitalizó las firmas solventes o cuya desaparición podía llevar aparejada un riesgo sistémico y sacó de su balance los activos tóxicos de forma tal que la actividad se normalizara de la forma más rápida posible. Una nacionalización explícita del conjunto del sistema que, como señala Wood en su pieza, “permitió conciliar el interés público y privado, a la vez que se protegía a los impositores y se penalizaba a la propiedad, que había tolerado tales riesgos”.

Mucho más importante que el tipo de medidas que se adoptaron, y que son similares a las que vemos en la prensa un día sí y otro también, fue el orden que se estableció en su aplicación y el hecho de que abarcara al conjunto de las entidades que operaban en el mercado local y no sólo a alguna de ellas. En efecto, una vez que se determinó la dimensión estimada de la totalidad del problema, se decidió actuar desde el paraguas de la Administración. El orden de los factores, en este caso, sí que altera sustancialmente el producto. Y de qué manera. De hecho, el modo de actuar anglosajón, británico y estadounidense, es una buena prueba de qué es lo que ocurre cuando uno compromete los recursos del Estado para tapar una grieta sin haber hecho antes un análisis estructural del edificio. Que se va siempre a remolque. Primero se abren los suelos, luego se caen los techos, a continuación estalla la grifería. Y, al final, tras un consumo ingente de tiempo y dinero, se acuerda demoler el inmueble, que se encontraba podrido en sus cimientos desde el principio. Haber empezado por ahí, ¿no? Es lo que tiene actuar de forma reactiva y no preventiva, acuciado por los acontecimientos y por la presión de los agentes económico-financieros.

Cierto es, dirán algunos, que en un mundo globalizado e interconectado como el actual la identificación de los riesgos es mucho más complicada que en la localista y limitada estructura bancaria sueca. Bueno, si la complejidad del espectro a analizar es mayor, compartimentémoslo y tratemos de salvar lo que sea salvable y de liquidar lo que no. Es indudable que la evolución del negocio en esos casi veinte años impondría el paso de un análisis vertical, agregado por instituciones, a otro horizontal o transversal, acumulativo por áreas de negocio. Seguro. De hecho, si se hubiera hecho así desde un principio, otro gallo nos estaría cantando a día de hoy. Estoy convencido de que la tragedia bancaria actual hubiera sido mucho menos dolorosa si ya desde el verano del 2007, los principales reguladores alrededor del globo hubieran instado a las instituciones financieras a mostrar con claridad libros y contrapartidas y hubieran obligado a un macheo obligatorio de posiciones con liquidación de diferenciales. Lo apunta Wood en su artículo pero no hace falta irse a la teoría. La fácil integración de Bear Stearns por parte de JP Morgan se deriva precisamente de una compensación de saldos cruzados que provocó que, en el balance agregado de la entidad conjunta, uno más uno se situara sustancialmente por debajo de dos.

España y el modelo bancario sueco de saneamiento bancario.

La aplicación del modelo sueco resulta inviable, a mi juicio, en Reino Unido y en Estados Unidos. Bien está lo que bien acaba, no hay duda. Pero esto ha empezado mal en ambas naciones y tiene toda la pinta de que no va a terminar mucho mejor. A los hechos me remito. Sin embargo, ¿resulta extrapolable al sistema bancario español? Y, sobre todo, ¿es necesario hacer tal importación? La respuesta a ambas cuestiones es, en mi modesta opinión, un inequívoco sí. Ya que los demás han recorrido hasta ahora un camino erróneo, no seamos tan zoquetes de seguir sus pasos cuando tenemos en nuestras manos una alternativa mejor. Es momento de que todos nos quitemos la careta, empezando por el padre benevolente en que se ha convertido el Banco de España, que ha decidido consentir ahora lo que censuraba antes, en aras de un teórico bien común que amenaza con estallarle en las manos. ¿Cómo se articularía una propuesta como ésta? Sin duda, la potencial gravedad de la situación obligaría a una fuerte inversión en recursos humanos y técnicos que aceleraran los plazos. Pero estaría más que justificada. Mejor así que tirar dinero sin ton ni son, ¿no creen?

A cierre de marzo todas las entidades habrían de presentar al supervisor, de forma estrictamente confidencial, un estado real de su balance de acuerdo con los criterios por éste establecidos, en términos de valor prudente de los activos, categorización de los mismos y atribución de capital. La importante labor de inspección llevada a cabo sobre el conjunto del sistema en los últimos meses debería facilitar la tarea. Antes de final de junio, el Banco de España, de forma coordinada con las distintas instituciones públicas tanto estatales como autonómicas, determinaría qué entidades son viables en función del impacto de la “foto” sobre su balance y cuáles son irremediablemente insolventes a corto plazo y actuaría en consecuencia, activando procesos de concentración y/o liquidación ordenada con plena garantía del pasivo de los clientes. La evolución de los acontecimientos impide tener una perspectiva temporal más amplia.

A partir de ahí, habría un proceso de inyecciones selectivas de capital a los bancos y cajas supervivientes que buscaría reforzar sus ratios de capital, reducir su apalancamiento y facilitarles liquidez. Dicha medida se complementaría con una compra ordenada y simultánea por parte de un organismo de propiedad administrativa creado ad hoc de los activos dudosos de la banca comercial al precio que hubiera resultado de la valoración objetiva por parte del Banco de España. De esta forma, el sector privado dejaría de serlo en exclusividad y quedaría prácticamente saneado, lo que provocaría una reactivación inmediata de su actividad tradicional. Por su parte, las cuentas públicas no se verían perjudicadas por el pago de un sobreprecio sobre el crédito adquirido, lo que minimizaría las pérdidas potenciales en las que podría incurrir que, en cualquier caso, se compensarían con las desinversiones oportunas en las sociedades financiadas cuando éstas se produjeran.

Suponiendo una mora del 10% para el conjunto del sistema, estaríamos hablando de una inversión equivalente al 18% del PIB. Pero dado que gran parte de la morosidad se recupera a lo largo del ciclo, habría que fijar de forma específica las normas que determinaran la consideración de un activo como susceptible de pasar a ser propiedad de todos los españoles. Incluso, si uno fuera adolescente y aún confiara en la bondad natural de los políticos, creería que un instrumento como éste del que estamos hablando, que se nutriría fundamentalmente de crédito promotor, serviría para ordenar el mercado inmobiliario patrio, que falta hace, la verdad. Sin embargo, a la vez que escribo estas líneas, vivo uno de esos momentos de lucidez propios de la semi inconsciencia narrativa que hace que por mi cerebro pasen a la velocidad del rayo la estructura regional de nuestro país, los intereses creados y los falsos orgullos como un hándicap no sólo para esto última idea utópica, sino para el conjunto de la propuesta que aquí se recoge. País.

Conclusión.