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Martinsa-Fadesa vendió un paquete de 2.267 viviendas por 241,1 millones de euros, sin incluir el IVA, a un solo cliente. Así se desprende del informe de los administradores concursales de Martinsa-Fadesa, al que ha tenido acceso El Confidencial. Los firmantes del documento destacan la necesidad de analizar estas ventas “desde el efecto imagen que provocaban no en los estados financieros, pues no había cantidades recibidas a cuenta y tampoco han producido resultados, pero sí permitía mostrar ratios de informes elevados en los informes de gestión”.

“Se trata de una operación de viviendas protegidas de toda España que se vendieron a un fondo de inversión en el año 2006”, aclara un portavoz de Martinsa-Fadesa, que matiza que “cuando llega Martinsa, se firma el contrato pero no se cobra nada. Cuando va a avanzando el proceso, se fueron descontando esos importes, tal y como figura en las cuentas de la compañía”.

Según el informe concursal, se llegaron a firmar ocho contratos en los que se produciría la adquisición del paquete de viviendas “con condiciones muy gravosas (…) que han devenido en imposibles de cumplir”. Fuentes jurídicas consultadas consideran al respecto que “estas operaciones constituyen una práctica irregular, ya que implican un mero efecto imagen. Entendemos que requiere una investigación más profunda de los hechos, por poder ser constitutivos de simulación de ventas”.

Faltan 1.955 avales por valor de 64,8 millones de euros

En el informe de los administradores concursales destaca asimismo el capítulo dedicado a los avales. “la sociedad no ha puesto a disposición de la Administración concursal un registro de los avales entregados en cada uno de los inmuebles, ni tenía identificados aquellos casos en que no les ha sido entregado este documento”, denuncia. El documento recuerda que “la Ley 57/68 establece a los promotores inmobiliarios la obligación de entregar a los compradores de inmuebles aval por las cantidades entregadas para la adquisición de inmuebles en construcción. Pues bien, ha tenido que ser la propia administración concursal la que se ha tenido que dirigir a los clientes para contrastar los datos de la empresa que “por lo hasta ahora conocido, no ha cumplido la obligación en 1955 casos que suponen 64,8 millones de euros.

Los administradores concursales han verificado, asimismo, que hubo clientes que pagaron a Fadesa o Martinsa-Fadesa los importes correspondientes a la hipoteca de su vivienda, pero la inmobiliaria no la canceló en escritura pública. El informe da cuenta de algunos casos en los que confirman la existencia de un correo electrónico, procedimiento habitual, dirigido a la entidad de crédito comunicando la firma de la escritura de venta y la no subrogación de la hipoteca por el comprador, “pero no ha habido el seguimiento suficiente para asegurarse que la entidad de crédito cumplía el mandato”.

Y suma y sigue. La lista de irregularidades de Fadesa y/o Martinsa-Fadesa se alarga en 416 páginas. Como ya adelantó este online el pasado mes de septiembre, uno de los puntos más polémicos es el de las valoraciones, de lo que Martinsa culpaba a Manuel Jove, ex presidente de Fadesa, y a la consultora inmobiliaria CB Richard Ellis. La administración concursal encargó una nueva valoración a las tasadoras (Thirsa, Valnesa y Tecnitasa), que arroja una cifra de 7.336,9 millones de euros, un 32% inferir a la calculada por CB Richard Ellis a 31 de diciembre de 2007.

Ignacio Rodríguez, desde ForoLegal Abogados, despacho coruñés que representa a acreedores de Martinsa-Fadesa, considera que “es altamente probable que dicha valoración se haya realizado de nuevo en base a los datos proporcionados por la propia Martinsa-Fadesa, por lo que consideramos que es recomendable una nueva valoración con datos objetivos y sobre el terreno”.

Ayer, Martinsa-Fadesa envió un hecho relevante a la CNMV en el que informaba que tiene una deuda total de 7.005,44 millones de euros, equivalente al 94,6% del valor total de sus activos, que se cifra en 7.404,06 millones de euros, según los nuevos datos aportados por los administradores de la inmobiliaria que protagonizó el pasado mes de julio la mayor suspensión de pagos de la historia de este país.

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