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El juez Francisco Javier de Urquía (Efe).

Los juzgados de Marbella viven estos días jornadas de intensa actividad por sus dos procesos activos: el caso Hidalgo y Ballena Blanca. Desde que Francisco Urquía, instructor original del Caso Hidalgo, fuera separado de su cargo por una condena del TSJA de dos años de prisión y 17 de inhabilitación por aceptar 73.800 euros de Juan Antonio Roca a cambio de favores, el juzgado número 2 se había convertido en un ir y venir de jueces que aparcaban cada dos meses la instrucción de ‘Hidalgo’, uno de los casos más relevantes de blanqueo de capitales de la Costa del Sol. Es decir, hasta que llegó la juez María Jesús del Pilar Márquez, nombrada por el TSJA en comisión de servicios para ocupar la plaza del juzgado número 2, el caso había estado prácticamente paralizado. 

María Jesús del Pilar Márquez, la quinta instructora que tiene ya el caso Hidalgo, ha iniciado con valentía una nueva línea de investigación, incluso enfrentándose y poniendo en entredicho las medidas cautelares tomadas por otros antecesores suyos como el anterior juez instructor Manuel Martín Hernández-Carrillo, que retiró los cargos de cuatro notarios imputados en el caso aludiendo que “no habían tenido participación en las conductas que motivan la causa”. Así, la jueza ha reabierto esta semana el procedimiento que llevaba casi un año paralizado por falta de juez de esta manera, se ha tomado declaración a un registrador de la propiedad de Marbella por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental, y se han iniciado diferentes registros en propiedades privadas.

A la carga con los notarios

La jueza María Jesús del Pilar Márquez ha considerado que acudan a declarar de nuevo los cuatro notarios a los que Manuel Martín Hernández-Carrillo retiró los cargos hace cerca de un año al considerar que "no habían tenido participación en las conductas que motivan la causa". Los titulares de las notarias en cuestión son: Joaquín María Crespo, Mauricio Pardo, Amelia Bergillos y Manuel Tejuca, este último ya fuera de la actividad profesional. La jueza ha decidido imputarles de nuevo tras los últimos informes de Udyco, que afirman que “los notarios han incumplido de forma sistemática la normativa de prevención de blanqueo; y que han ignorado datos sospechosos como apoderamientos a personas no residentes, aportaciones de capital en efectivo de paraísos fiscales o existencia de sociedades opacas”.

Los notarios, registradores de la propiedad y abogados están obligados a informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Seplac) de cualquier operación sospechosa de blanqueo de capitales y presuntamente estos no lo hicieron. Esta parte del proceso del caso Hidalgo se investigará en una pieza separada declarada secreta.

Udyco solicitó al juzgado la nueva investigación el pasado 15 de octubre, un mes después de que la Audiencia Provincial tomase el acuerdo de hacer publico  el secreto de la última parte del caso. Aquí se desvela la  información que los investigadores han obtenido de juzgados y policías de diferentes países. Y con esta información se siguieron ayer los registros de la vivienda y las oficinas de un empresario alemán con intereses inmobiliarios  en la Costa del Sol y distintos países europeos. En este registro se intervino información de “relevante importancia para el caso”. Los registros tuvieron lugar en Nueva Andalucía, donde esta ubicada la casa del empresario y en Estepona, término municipal donde se encuentran las oficinas.

El entramado original del caso Hidalgo gira en torno al despacho de abogados marbellí Cruz Conde, al que la Fiscalía Anticorrupción relaciona con unas 800 sociedades supuestamente creadas para ocultar el origen y titularidad de fondos de procedencia ilícita. Las investigaciones arrancaron en 2006 y se han ampliado a cinco países de la Unión Europea y a Argentina.

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