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Barreda junto a Corredor (Efe)

El secretario general del G-14, grupo que aúna a las grandes inmobiliarias, Pedro Pérez, subrayó hoy la necesidad de que el Plan Estatal de Vivienda vaya acompañado de un compromiso de bancos y cajas en el que se establezcan nítidamente las condiciones para la concesión de préstamos.

En declaraciones, Pérez explicó que sin esto, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012 aprobado hoy por el Consejo de Ministros, no deja de ser un declaración de buenas intenciones.

Las entidades, añadió, deben dejar claras las condiciones que tienen que cumplir los ciudadanos para que les den financiaciones para la adquisición de vivienda protegida.

Una inversión de 10.188 millones

El nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012, que nace con una inversión de 10.188 millones, el 49% más que el anterior, movilizará 34.000 millones para préstamos, según la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.

El plan, que fue aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, prevé 996.000 actuaciones en los próximos cuatro años, que se destinarán a permitir el acceso a los ciudadanos a viviendas en compra y, especialmente, en alquiler, promover la urbanización de suelo para viviendas protegidas (vpo) y mejorar actual parque de inmuebles.

Además, amplía el ámbito de las ayudas para atender a las familias de rentas medias, de forma que se extiende la Ayuda Estatal Directa a la Entrada de 4.000 euros a los hogares con ingresos de hasta 31.449 euros anuales (4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -IPREM-).

El alquiler es una de las líneas estratégicas del plan, de forma que hasta el 40% de las nuevas vpo podrán ser arrendadas (unos 100.000 inmuebles), a las que habrá que sumar otras 70.000 tras su rehabilitación.

Alquiler con opción a compra

Nace la figura del alquiler con opción de compra mediante la que se podrán arrendar las viviendas durante 10 años, tras los que el inquilino podrá comprarla con un descuento del 30% de los pagos por el alquiler.

Para aumentar el parque de viviendas protegidas en alquiler se establecen subvenciones de hasta 410 euros por metro cuadrado útil, ayuda que podrá ser percibida para las viviendas libres no vendidas recalificadas como vpo para alquiler.

Como novedad, el plan también incluye actuaciones para la rehabilitación de viviendas como las ayudas Renove para la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad, a las que se añadirán los 110 millones procedentes del Fondo de la Economía y el Empleo para la puesta en marcha inmediata de sus primeras actuaciones.

La rehabilitación se subvencionará con 3.400 millones, ampliables a 6.500

La rehabilitación de viviendas se subvencionará con hasta 3.400 euros que podrán llegar a 6.500 cuando se destine al alquiler durante 5 años. Además, se incluyen las personas dependientes, separadas y divorciadas al corriente del pago de las pensiones, afectados por situaciones catastróficas, personas sin hogar o procedentes de erradicación del chabolismo como colectivos de protección preferente que requieren la ayuda del Estado para disponer de una vivienda.

También para acabar con el chabolismo, se diseña un programa de realojo de estas personas en viviendas de alquiler, cuya subvención podrá llegar hasta el 50% de la renta de la misma.

Se crea la figura de los alojamientos protegidos para colectivos vulnerables, residencias con espacios y servicios comunes en régimen de alquiler con una renta más baja, en tanto que, para facilitar su promoción, se articulan subvenciones de 500 euros por metro cuadrado para construir estas viviendas en suelo público o privado.

Los promotores podrán calificar como vpo viviendas libres con licencia anterior al 1 de septiembre

En cuanto a la vpo, el plan establece que la calificación de las viviendas promovidas en suelo público será permanente mientras persista el régimen del suelo o, en todo caso, durante 30 años, en tanto que establece que las comunidades crearán, en un año, un registro de demandantes de vpo para controlar el fraude.

El plan establece un nuevo sistema para el acceso a la vpo, cuyo precio de referencia se mantiene en el actual, para que se pueda optar por la compra o el alquiler, en función de los ingresos familiares.

Así, las rentas de hasta 17.472 euros brutos al año (2,5 veces el IPREM) podrán acceder a la vpo de régimen especial, en tanto que para ingresos de hasta 31.449 euros (4,5 veces el IPREM) podrán optar por la vpo de régimen general, y a las viviendas de precio concertado para quienes perciban 45.500 euros (6,5 veces el IPREM).

Para suplir la carencia de actuaciones hasta la puesta en marcha del nuevo plan, se incluyen disposiciones transitorias con las que el Gobierno pretende reactivar el sector inmobiliario.

Por un lado, los promotores podrán calificar como vpo de precio concertado las viviendas libres cuya licencia de obra fuera anterior al 1 de septiembre de 2008 y se permitirá considerar como usado cualquier inmueble libre terminado para poder ser calificado como protegido.

Además, se aumenta el umbral de renta mensual con el que las familias podrán adquirir un piso protegido, de forma que las que dispongan de rentas de hasta 48.900 euros brutos anuales tendrán acceso a este tipo de vivienda, aunque sólo hasta el 31 de diciembre de 2009.

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