El concurso de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, la mayor quiebra de la historia de este país, podría ser declarado “culpable”, según afirman fuentes jurídicas, tras conocer el informe de los administradores concursales, que han detectado irregularidades en el mismo. Los administradores van más allá y plantean la posibilidad de pedir la anulación del acuerdo suscrito por la inmobiliaria con sus bancos acreedores el pasado 7 de mayo, a través del que se refinanció una deuda de 4.000 millones de euros, por considerarlo perjudicial para la compañía.

Si finalmente declararan "culpable" el concurso, Fernando Martín y el equipo administrador de Martinsa-Fadesa tendrían que responder personalmente, con todo su patrimonio presente y futuro, de las deudas contraídas por la concursada, por el importe que los acreedores no perciban en la liquidación de ésta, según la Ley Concursal.

Según el informe, Martinsa-Fadesa es objeto de crítica por parte de los administradores concursales en materia de contabilidad, ya que existe "un excepcional número de diferencias" entre las cantidades reclamadas por los proveedores y acreedores y los datos contables.

A lo largo de todo el informe, queda dicho que la sociedad tiene un sistema contable "ineficiente" y que la información facilitada a los administradores del concurso ha llegado "tarde y con errores", obligando a un trabajo de interpretación que ha dificultado aún más su tarea.

Respecto a la refinanciación, los administradores concursales explican que lo que se pretende eliminar con ese acuerdo son unas garantías que aún coleaban del préstamo sindicado de 4.100 millones concedido en febrero de 2007, con el que la inmobiliaria madrileña Martinsa pudo comprar a la gallega Fadesa.

Dicho crédito fue renegociado algo más de un año después con 45 entidades financieras españolas e internacionales, que accedieron a alargar los plazos de vencimiento del préstamo a cambio de nuevas garantías para el aseguramiento de la deuda preexistente.

Las entidades “eran conocedoras de la situación”

Todas ellas, a excepción de cuatro, han renunciado a las garantías constituidas en esa refinanciación, lo que lleva a la administración concursal a pedir, "inmediatamente después" de la presentación de su informe, la "acción de reintegración" correspondiente para dejar sin efecto el otorgamiento de esas garantías.

No obstante, los administradores concursales van más allá y aseguran que esas entidades eran "plenas conocedoras de la situación de dificultad por la que atravesaba la concursada", por lo que consideran que los acreedores podrían llegar ser responsables del agravamiento de la insolvencia de Martinsa-Fadesa.

"Deberá ser esclarecido si la información de la que disponían los miembros del sindicato de bancos era suficiente para conocer que con dicha refinanciación no se evitaría el concurso", añade el informe al respecto.

Por otra parte, la administración concursal subraya en su informe la colaboración de algunas entidades financieras que "han venido rehabilitando" los préstamos para que Martinsa-Fadesa pueda continuar con su actividad promotora, lo que le ha permitido seguir adelante con las obras encomendadas a terceros.

Esa colaboración permitirá "una posible continuidad de la empresa", a pesar de las circunstancias del mercado, ya que los administradores consideran que éste es uno de los datos que apuntan a la posible consecución de un plan de viabilidad.

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