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Los accionistas de UBS, el primer banco suizo y uno de los más afectados a nivel mundial por la crisis financiera, aprobaron hoy el plan de rescate del gobierno suizo que prevé la inyección de 6.000 millones de francos (unos 3.800 millones de euros).

La aprobación no estuvo exenta de críticas a los antiguos directivos y de peticiones de responsabilidades, a pesar de que el actual presidente, Peter Kurer, confirmó que sus predecesores habían devuelto unos 70.000 millones de francos (47.000 millones de euros) de gratificaciones, y que se negociaba la restitución de otros 22.000 millones de francos (14.600 millones de euros).

A mano alzada y después de apenas tres horas de debate, la asamblea general extraordinaria -la cuarta que celebra este año el banco inmerso en grandes dificultades- dio su aprobación, con un 98,53 de los votos, al que era el único punto del orden del día: el plan de salvamento elaborado por los poderes públicos. Antes, el presidente de la entidad, Peter Kurer, había defendido el plan de rescate de la Confederación Helvética y el banco central, consistente en liberar a la entidad de sus activos tóxicos e inyectarle capital.

Kurer anunció, además, por primera vez, que la financiación del fondo especial creado por el Banco Nacional Suizo (BNS) para albergar los activos "tóxicos" de UBS -un total de 60.000 millones de dólares- provocará una amortización de capital por valor de unos 4.000 millones de francos (2.700 millones de euros). "La financiación del capital propio del fondo especial conduce a una necesidad de amortización estimada en unos 4.000 millones de francos", señaló. Kurer reconoció ante unos 2.400 accionistas congregados en Lucerna que "el apoyo de los poderes públicos es una iniciativa difícil de explicar, pero -añadió- estamos convencidos que lo que hacemos al recurrir a la ayuda pública es asumir nuestras responsabilidades".

El plan de rescate para el mayor banco suizo, que había invertido decenas de miles de millones de dólares en instrumentos de "créditos tóxicos" en EEUU, fue anunciado el pasado 16 de octubre. Por él, el BNS aceptó la transferencia de 60.000 millones de dólares de activos "tóxicos" al fondo especial, mientras el Gobierno suizo se comprometió a inyectar 6.000 millones de francos (unos 3.800 millones de euros) a través de un préstamo de conversión obligatoria.

Pero la asamblea transcurrió en medio de fuertes críticas sobre las gratificaciones de los ex dirigentes, un asunto que ha creado polémica en las últimas semanas, y sobre la responsabilidad de éstos. Kurer se distanció claramente de su predecesor, Marcel Ospel, cuando dijo que "la arrogancia ya no tiene cabida en la UBS de hoy ni en la de mañana".

El máximo directivo anunció que la devolución de bonos por parte de los ex directivos de UBS ya ha alcanzado "cerca de 70.000 millones de francos (47.000 millones de euros)", lo que fue acogido con fuertes aplausos de los accionistas.

Entre estos ex directivos que ya anunciaron que devolvían las gratificaciones figuran el ex presidente Marcel Ospel, dos administradores, Stephan Haeringer y Marco Suter, y el ex director general Peter Wuffli. Y ya está en marcha un acuerdo con otros ex directivos, estos extranjeros, para la devolución de unos 22.000 millones de francos (14.600 millones de euros), agregó.

Pero Kurer subrayó que la restitución de estos capitales no dejaba totalmente al abrigo de una acción legal a quienes habían dado el paso. Sin embargo, antes de que pueda iniciarse una posible acción ante la justicia, aclaró el presidente de UBS, la entidad espera recibir la opinión de un experto independiente contratado por un comité del consejo de administración.

Una vez completado el plan de rescate del gobierno, UBS afirma que su exposición a activos dudosos será "cercana a cero", comparada con los 44.200 millones de dólares del pasado junio.

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