Martes, 18 de noviembre de 2008 (Actualizado a las 22:07)

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Los bancos y cajas no quieren dejar ningún cabo suelto en la delicadísima primera subasta del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, para la que deben presentar sus pujas entre hoy y mañana. Por eso, ante la incertidumbre sobre cuál será el tipo mínimo aceptado por el Tesoro, varias entidades se han puesto de acuerdo para proponer al Gobierno que dicho mínimo se fije ligeramente por debajo del 3%, según confirman fuentes del sector de toda solvencia. Y no sólo eso, sino que también proponen que haya un tipo máximo "informal" fijado un punto porcentual por encima, es decir, casi en el 4%.

En esta primera subasta, que se resolverá el jueves día 20, el Tesoro consistirá en una inyección de liquidez a dos años (lo que el plan llama compraventas dobles o temporales) de 5.000 millones de euros, que aceptará como colateral cédulas hipotecarias y titulizaciones con una calificación crediticia mínima de AA. Según la orden ministerial que rige las subastas, son las entidades las que tienen que comunicar el tipo de interés que están dispuestas a pagar al Estado a cambio de esa liquidez; las que ofrezcan un tipo mayor en sus pujas, se llevan el dinero (con unos límites para cada una), y se sigue en orden descendente de las pujas hasta que se acaben esos 5.000 millones.

Pero también dice que el tipo mínimo adjudicado no puede ser inferior al coste de la deuda pública al mismo plazo de la subasta (para que el Estado no pierda dinero al pagar más caro por su deuda de lo que cobra por la de los bancos). Como no hay bonos a dos años en el mercado, el Tesoro debe fijar la referencia mínima. Sin embargo, se ha negado a hacerlo hasta que no tenga las pujas encima de la mesa. Y esa incertidumbre es la que ha forzado a las entidades a acordar una propuesta de tipo mínimo que han comunicado al Tesoro y al Banco de España, que ahora deben responderles.

Según fuentes de varias entidades, la idea es fijar el mínimo algo por debajo del 3%, en torno al 2,9% o incluso un poco menos. Algunos calculan este tipo restando entre 35 y 40 puntos básicos al tipo swap a dos años (equivalente al euribor a ese plazo), que arroja estos niveles. A primera vista, parece un precio muy bajo, pero varias entidades habían advertido en las últimas semanas de que sólo acudirían si el tipo era realmente atractivo. Y como las inyecciones de del BCE -la principal alternativa al plan del Gobierno- ofrecen liquidez ilimitada al 3,25%, y además se espera que los tipos vuelvan a bajar medio punto en diciembre, pues el Tesoro tiene que ser generoso.

O el precio es bajo, o la subasta puede quedar desierta

A esto hay que añadir el temor generalizado (terror en algunos casos) a que se conozcan los nombres que acudirán a esta subasta, motivo por el que la mayoría de las entidades no va a pujar, pese a haberse apuntado en la lista de "interesados" ante la insistencia del Banco de España. Por otro lado, las fuentes consultadas opinan que el Gobierno habría sido más inteligente fijando el mínimo de forma pública, pero, en vez de eso, ha preferido "jugar al gato y al ratón"; es decir, la banca quiere saber cuál es el tipo de referencia antes de pujar pero el Tesoro no quiere dársela antes de que pujen. Y eso ha llevado a esta concertación de las entidades, que pone una fuerte presión sobre el Ejecutivo: si no se aviene a estas condiciones, se arriesga a que la subasta quede desierta o con una adjudicación muy pequeña.

Por otro lado, en el sector es bien sabido que hay algunas entidades con necesidades acuciantes de liquidez para hacer frente a inminentes vencimientos de deuda. Y por eso hay cierto temor a una "subasta loca", en la que estas entidades desesperadas pongan un precio exagerado para asegurarse que "les toca" esa liquidez que tanta falta les hace. De ahí que este acuerdo incluya también un tipo máximo que impida precios exagerados. Según una de las fuentes citadas, este tipo estará un punto porcentual por encima del mínimo, lo que "ofrece un rango razonable en las pujas tanto para las entidades como para el Gobierno".

La banca presiona y el Gobierno cede

Todos estos movimientos están generando una expectación inusitada por el resultado de esta primera subasta. La banca ha sido muy crítica con las condiciones del plan, en especial su escasa dotación para este año (10.000 millones) y la lentitud en ponerse en marcha. Además, el sector considera que penaliza a las entidades en términos de colateral (exige como mínimo AA frente al A- del BCE para las titulizaciones) y de transparencia. Asimismo, las presentaciones de resultados del tercer trimestre han servido para hacer alardes de fortaleza en muchas entidades -lo que cuestiona la necesidad de un plan de ayuda-, el Santander ha preferido lanzar directamente una macroampliación de capital de 7.200 millones y varias cajas han lanzado emisiones para sus clientes pagando intereses muy elevados.

Ante este panorama, el Ejecutivo ha ido haciendo concesiones al sector: la escasa transparencia (no revelar las entidades que acuden después de cada subasta pese al revuelo que se ha organizado), la aceptación de las cédulas hipotecarias, la posibilidad de colocar créditos a promotores concedidos en la burbuja o el bajo precio que va a establecer para la otra pata del plan, los avales estatales a las emisiones de bancos y cajas. Y ahora, parece que también tendrá que transigir con el precio mínimo y máximo que desea el sector para la primera subasta.

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