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“No cabe duda de que es un paso adelante. Recoge nuestras peticiones y nos sentimos reconocidos. Sobre todo en la parte del ICO. Esperemos que las entidades financieras den salida a los fondos que manejarán”, añadió Bárcenas. Y es que la principal novedad, la creación de una nueva línea de financiación por 10.000 millones para atender los problemas de capital circulante de las pymes, estará constituida por fondos que serán aportados a partes iguales por el ICO y las entidades de crédito, con las que el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, aseguró estar negociando. El resto de medidas pasan por el incremento de líneas del Instituto de Crédito Oficial ya existentes, además de una moratoria de un año a las empresas que estén pagando ya un crédito de la línea ICO-Pyme, lo que liberará otros 5.000 millones.

En términos netos, el incremento de fondos previsto por el Ministerio de Economía se sitúa en 19.075 millones. De este modo, las ampliaciones de las diferentes líneas del ICO y la nueva vía de financiación llevan el montante del que podrán disponer las pymes de 9.825 millones en 2008 a 28.900 en el próximo ejercicio. Según destacó ayer el departamento de Pedro Solbes, 19.000 millones podrán destinarse a circulante. Además, se hacen más laxas las obligaciones para acceder al dinero. Por ejemplo, la línea ICO-Pyme, que pasará de 7.000 a 10.000 millones, permitirá financiar a partir del año próximo el 100% del proyecto, frente al 80% actual. Además, sólo el 60% de la inversión obtenida por cada proyecto deberá destinarse a inversión. El restante 40% podrá destinarse a financiación complementaria.

Miedo a prestar

Un escenario que tiene una segunda derivada. Según Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), el incremento de fondos no servirá de nada si no está acompañado de avales públicos. “Aunque se destine más dinero a las líneas del ICO, éstas no se van a utilizar porque los bancos tienen miedo a prestar y, para ello, es necesario que el Gobierno avale los créditos”. En este sentido, advirtió que las exigencias de las entidades financieras son tan elevadas que sólo un 10% del tejido empresarial cumple con los requisitos para acceder al dinero. Amor pidió que, para que la banca no sea un obstáculo, el Estado avale temporalmente los créditos en un 40% o 50% y el resto lo asuma la banca.

“Es cierto que no se han articulado sistemas de reforzamiento de las garantías públicas, con lo que las empresas más débiles pueden tener problemas añadidos en el acceso a la financiación”, aseguraba la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Esta organización insiste en la necesidad de mejorar la línea de microcréditos, a la vez que lamenta que la participación del ICO no sea mayor en la gestión de las ayudas. “Quedan en exclusiva en manos de la banca, con lo que pueden salir perjudicados los autónomos con respecto a las empresas de mayor dimensión”, aseguró Sebastián Reyna, secretario general de UPTA.

Tampoco se ve con buenos ojos, al menos desde Cepyme, la cuestión de los plazos, ya que el ritmo de cierre de las empresas convierte el tiempo en oro. “Las medidas no entrarán en vigor hasta el 1 de enero, que luego no será esa fecha y que, en todo caso, no puede decirse que sea poco tiempo a contar desde hoy –asegura Bárcenas, que compartía mesa con Solbes cuando el vicepresidente hizo el anuncio de las nuevas medidas. Habría que pisar el acelerador para que se ponga en marcha ya, en diciembre, lo más rápido posible. Cada día que pasa mueren más y más empresas. El cálculo que tenemos hecho es que por cada tres empleados que quedan en paro desaparece una empresa”. Según datos del Ministerio de Trabajo, sólo entre septiembre y octubre 27.300 autónomos salieron del registro al contabilizar la diferencia entre altas y bajas.

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