El plan de rescate abre la puerta a que las entidades coloquen los créditos 'basura' del inmobiliario
El secretario de Estado de Economía, David Vegara (Efe).
El plan de rescate gubernamental de la banca deja una puerta abierta para que las entidades puedan colocar al Tesoro créditos concedidos durante la burbuja inmobiliaria, incluidos los préstamos a promotores cuyo impago es el responsable de que bancos y cajas se estén quedando masivamente con los activos que servían de garantía al crédito (el fenómeno del
enladrillamiento de la banca). Esta posibilidad se deriva de que, aunque las titulizaciones de crédito que las entidades lleven al Tesoro tendrán que haber sido emitidas después de agosto de 2007, los créditos titulizados podrán ser anteriores; y no sólo se aceptan hipotecarios, sino también los concedidos a empresas.
El secretario de Estado de Economía,
David Vegara, presentó ayer la orden ministerial que desarrolla el reglamento del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), publicada ayer en el BOE y cuyos detalles fueron explicados por
El Confidencial el 23 de octubre. Vegara insistió mucho en la importancia de las cédulas hipotecarias, que están garantizadas con toda la cartera de hipotecas de una entidad, pero pasó de puntillas sobre las titulizaciones, que es donde está el meollo de la cuestión. Tan sólo insistió en que el Gobierno tomará medidas para proteger a los contribuyentes. Pero no dijo nada sobre los créditos subyacente, ni siquiera a preguntas de este diario.
El fondo del Gobierno español realizará dos tipos de operaciones: la compra en firme de activos de la banca, para lo que sólo aceptará cédulas hipotecarias -
como quería el sector- con calificación de triple A y a un plazo que será de tres años en la primera subasta; e inyecciones de liquidez a cambio de activos como garantía (colateral), para las que sirven las titulizaciones de hipotecas y créditos posteriores a agosto de 2007, con rating de doble A y con un plazo superior a 12 meses (dos años en la primera subasta) frente a los 6 meses como máximo de las inyecciones del BCE. Es en este segundo tipo de operaciones -presumiblemente las más populares- donde las entidades podrán colocar esos créditos problemáticos, que incluso hay quien califica como "tóxicos" o "basura".
¿Quién le pone el cascabel al gato?La gran cuestión es cómo van a valorarse esos créditos. "Da lo mismo qué créditos titulices o su fecha, lo importante es que tienes que valorarlos a precio de hoy, que siempre va a ser inferior al que tenían esos activos en la fecha en que fueron concedidos", explican en una entidad. Esta cuestión es la que encendió las alarmas en el sector financiero español cuando
el BCE empezó a cuestionar las valoraciones del colateral que llevaban las entidades españolas a sus subastas de liquidez allá por el mes de agosto, mucho antes de elevar los recortes o
haircuts (un porcentaje de la titulización que no se transforma en liquidez): "Da lo mismo bajar del 99% al 97% el porcentaje que te prestan si te siguen valorando igual el activo. Pero si lo que tú valoras a 100 para ellos vale 85 ó 90, entonces sí que tienes un problema muy serio", explicaba entonces un banco.
Y el cómo lleva al quién, porque no está nada claro quién va a determinar ese valor de los bonos de titulización. Todo apunta a que serán las agencias de rating las encargadas de determinar si la valoración realizada por los bancos es correcta, aunque en la presentación de Vegara no quedó del todo claro. Y no hay que olvidar la falta de credibilidad de estas agencias, que calificaban con triple A muchas titulizaciones de hipotecas
subprime norteamericanas. "No creo que sean tan tontos de dejar que seamos nosotros mismos los que hagamos la valoración", opinan en otra entidad. Si al final eso es lo que ocurre, sería poco menos que Jauja para bancos y cajas, que podrían deshacerse de un plumazo de los
marrones inmobiliarios sin perder un duro por ello.
Medidas de protecciónEl secretario de Estado enumeró medidas de protección para el Fondo como la exigencia de que las titulizaciones sean elegibles para llevar a las subastas del BCE, la de una calificación de doble A (frente a la triple B que acepta el banco central), la fijación del tipo de interés mediante una subasta (y que nunca podrá ser inferior al de la deuda pública al mismo plazo) y la aplicación de los mismos recortes (
haircuts) que en Fráncfort: del 12% para las titulizaciones
a partir de febrero, porcentaje al que se añadirá otro 5% si son activos sin precio fiable de mercado.
Vegara anunció ayer también que la primera subasta se celebrará previsiblemente en la tercera semana de septiembre y será del segundo tipo -es decir, inyección de liquidez a cambio de titulizaciones- por un importe de 5.000 millones. En diciembre se celebrará otra por el mismo importe de compra en firme de cédulas. Por otro lado, confirmó que habrá un límite del 10% para el importe de una subasta que puede adquirir una sola entidad y que se reservará un 25% para aquellos bancos y cajas que concedan nuevos créditos, que obtendrán liquidez al tipo más bajo de cada subasta sin tener que pujar en ella. Asimismo, reiteró el punto que más alarma social ha provocado: las subastas no serán transparentes y sólo se conocerá qué entidades han acudido en las comparecencias cuatrimestrales de
Pedro Solbes en el Congreso.
Finalmente, coincidió con las críticas del Banco de España al
exhibicionismo de los bancos en cuanto a sus resultados y a su liquidez, y aseguró que "la situación actual aconseja que se sea razonablemente prudente en los anuncios"