Jueves, 23 de octubre de 2008 (Actualizado a las 22:06)

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La banca española se ha salido con la suya: las entidades con problemas no tendrán que retratarse a la hora de pedir ayuda estatal mediante la venta de activos al el famoso Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) con sus 30.000 millones de euros. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no publicará los nombres de las entidades que acudan a las subastas mediante las que bancos y cajas podrán obtener la ansiada liquidez a cambio de sus cédulas y titulizaciones. La admisión de las cédulas hipotecarias es otra victoria de la banca que, por el contrario, tendrá un tope para la valoración de sus bonos: el tipo de interés de la deuda pública española.

La falta total de transparencia del plan español contrasta con lo que ocurre con los planes de rescate de otros países. Así, en Alemania y Reino Unido los bancos que acuden al rescate deben retratarse ant ela opinión pública. Por el contrario, EEUU ha seguido un proceso también bastante opaco por el que obliga a todos los bancos a acogerse al plan para que el mercado no pueda discriminar entre 'buenos' y 'malos'; aunque eso se refiere sólo a las inyecciones directas de capital a los bancos, no a la venta de activos al Fondo del Gobierno (llamado TARP en EEUU).

Nuestro Gobierno justifica esta opacidad en que va a copiar las prácticas que sigue el BCE en sus subastas de liquidez, en las que sólo informa del número de peticiones pero no del nombre de los peticionarios. Además, se informará del importe solicitado y adjudicado, del número de pujas adjudicadas y de los tipos marginal y medio de la subasta. Un experto del sector opina que "como hay un tope para la valoración, los bancos y cajas que están bien capitalizados no van a tener necesidad de acudir a esta vía de liquidez y sólo lo harán las entidades con problemas".

El consejero delegado de Bankinter, Jaime Echegoyen, ya alertaba la semana pasada de que "los bancos acudirán a vender activos al Tesoro si necesitan liquidez y la única vía para conseguirla con los mercados cerrados es este fondo. Pero no van a aceptar cualquier precio salvo que tengan que acudir a la desesperada". El martes, Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, insistía en este mensaje. Claro que, como el plan será anónimo, no sabremos quiénes están desesperados. Eso sí, tampoco podrán abusar: una sola entidad no podrá acaparar más del 10% del dinero en cada subasta

Tope a la valoración

El borrador del reglamento del FAAF, publicado ayer por el periódico financiero Cinco Días (Grupo Prisa), establece que "el tipo marginal de la subasta (tipo mínimo aceptado) nunca podrá ser inferior al de la Deuda del Tesoro a ese mismo plazo en el mercado secundario". El tipo de interés de los bonos que compre el Fondo se fijará en una subasta con las pujas de cada entidad, pero con este límite.

Como es sabido, la idea del plan de José Luis Rodríguez Zapatero es financiar la compra de los activos de la banca mediante la emisión de deuda pública, lo que incluso le permitiría ganar dinero: como el Estado tiene mejor calificación crediticia, en teoría debe pagar por sus bonos unos intereses más bajos que los que recibirá de los bonos de las entidades, con lo que gana la diferencia (spread) .Ahora bien, dado que los principales Estados del mundo van a tener que emitir simultáneamente ingentes cantidades de deuda pública, esto va a obligar a una subida generalizada de los intereses para atraer a los inversores; máxime en el caso de países con mala reputación como el nuestro. Y eso, si no perdemos el rating de triple A del que disfruta España por culpa de este aumento de la deuda y del explosivo crecimiento del déficit público (Funcas prevé que alcance el 4,1% del PIB en 2009).

En consecuencia, existía el riesgo de que el plan saliera al revés y que el Gobierno tuviera que pagar más por su deuda de lo que recibiría de los bancos, con la consiguiente pérdida para el contribuyente. Con esta disposición del reglamento del Fondo se zanja de raíz esta posibilidad. Pero eso implica el riesgo de que las entidades no acudan a vender sus activos al FAAF si no les sale mejor que otras vías de financiación, lo que implicaría el fracaso del plan de rescate. En especial, las inyecciones de liquidez del BCE, que ha bajado sus requisitos para el colateral hasta niveles de BBB- en algunos activos.

Las ventajas de las cédulas

Otra victoria del sector es la admisión de las cédulas hipotecarias como activos aptos para vender al Fondo, aunque con algunas limitaciones: deben ser emitidas con posterioridad al 10 de octubre (aunque no prohíbe que las hipotecas subyacentes sean anteriores), tener calificación crediticia de triple A y un vencimiento máximo de tres años. Las entidades también podrán colocar las titulizaciones hipotecarias y de créditos a empresas y particulares, para las que se relaja el requisito de rating hasta doble A. El plazo máximo de estos bonos será de dos años y no podrán haberse emitido antes de agosto. De lo que no se librarán es del famoso haircut (porcentaje de la garantía aportada que no se transforma en liquidez), que será similar al del BCE: es decir, del 12% a partir de febrero para las titulizaciones.

Varias entidades habían expresado en los últimos días su deseo de poder colocar cédulas al FAAF. Estos instrumentos son un tipo de bonos que cuenta con la doble garantía de los créditos hipotecarios de la entidad y del propio banco o caja, por lo que son el instrumento más barato de financiación (el que paga menos intereses). Además, las entidades no pueden llevarlas a descontar al BCE y no sacan del balance las hipotecas que hay detrás, al contrario que las titulizaciones, con lo que mantiene las hipotecas de buena calidad -recuerden que el Gobierno exige triple o doble A- y, en consecuencia, seguirá recibiendo el pago del capital y los intereses recurrentemente, y no tendrá que provisionar la pérdida de valor de la garantía (la vivienda hipotecada).

Finalmente, el reglamento también incluye varias fórmulas para dar prioridad a las entidades quec oncedan crédito nuevo, en respuesta a una de las mayores críticas de los expertos y del PP al plan: que no tenía mecanismos para garantizar que esta liquidez llegaba a la economía real y no servía únicamente para que los bancos paguen sus asfixiantes vencimientos de deuda. Así, las entidades que concedan créditos a partir del 7 de octubre tendrán garantizada la adjudicación de liquidez al tipo marginal sin tener que pujar en las subastas (siempre que esos créditos sean el subyacente de las titulizaciones que se venden al Estado).

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