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La cara oscura del plan de rescate: el Gobierno no admitirá bonos que paguen menos intereses que la deuda pública

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@Eduardo Segovia - 22/10/2008

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El plan de rescate del Gobierno también tiene un lado oscuro para la banca. Aunque el Ejecutivo ha cedido a dos de sus principales demandas -que el plan sea anónimo y que dé preferencia a las cédulas hipotecarias-, también ha incluido algunas disposiciones que van a gustar bastante menos a las entidades. La principal se refiere a la valoración de los activos que va a comprar, ya que los intereses pagados por los bonos que compre el Estado no podrán ser inferiores a los de la deuda pública. Asimismo, el Gobierno dará prioridad a los activos respaldados por créditos nuevos y limitará el plazo de los bonos a tres años en las adquisiciones permanentes y dos años en las temporales.

El borrador del reglamento del FAAF (Fondo de Adquisición de Activos Financieros), publicado hoy por el periódico financiero Cinco Días (Grupo Prisa), establece que "el tipo marginal de la subasta (tipo mínimo aceptado) nunca podrá ser inferior al de la Deuda del Tesoro a ese mismo plazo en el mercado secundario". El tipo de interés de los bonos que compre el Fondo se fijará en una subasta con las pujas de cada entidad, pero tendrá este límite.

Como es sabido, la idea del plan de José Luis Rodríguez Zapatero es financiar la compra de los activos de la banca mediante la emisión de deuda pública, lo que incluso le permitiría ganar dinero: como el Estado tiene mejor calificación crediticia, en teoría debe pagar por sus bonos unos intereses más bajos que los que recibirá de los bonos de las entidades, con lo que gana la diferencia (spread). Ahora bien, dado que los principales Estados del mundo van a tener que emitir simultáneamente ingentes cantidades de deuda pública, esto va a obligar a una subida generalizada de los intereses para atraer a los inversores; máxime en el caso de países con mala reputación como el nuestro. Y eso, si no perdemos el rating de triple A del que disfruta España por culpa de este aumento de la deuda y del explosivo crecimiento del déficit público (Funcas prevé que alcance el 4,1% del PIB en 2009).

En consecuencia, existía el riesgo de que el plan saliera al revés y que el Gobierno tuviera que pagar más por su deuda de lo que recibiría de los bancos, con la consiguiente pérdida para el contribuyente y un mayor aumento del déficit. Con esta disposición del reglamento del Fondo se zanja de raíz esta posibilidad. Pero eso implica el riesgo de que las entidades no acudan a vender sus activos al FAAF si no les sale mejor que otras vías de financiación, lo que implicaría el fracaso del plan de rescate. En especial, las inyecciones de liquidez del BCE, que ha bajado sus requisitos para el colateral hasta niveles de BBB- en algunos activos.

El consejero delegado de Bankinter, Jaime Echegoyen, ya alertaba la semana pasada de que "los bancos acudirán a vender activos al Tesoro si necesitan liquidez y la única vía para conseguirla con los mercados cerrados es este fondo. Pero no van a aceptar cualquier precio salvo que tengan que acudir a la desesperada". El martes, Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, insistía en este mensaje. Claro que, como no se sabrá qué entidades acuden a vender sus activos (el plan será anónimo), pues no sabremos quiénes están desesperados.

Prioridad para los bancos que den créditos nuevos

No es el único revés para las entidades que contiene este reglamento. También incluye varias fórmulas para dar prioridad a las entidades que concedan crédito nuevo, en respuesta a una de las mayores críticas de expertos y oposición al plan: que no tenía mecanismos para garantizar que esta liquidez llegaba a la economía real y no servía únicamente para que los bancos paguen sus asfixiantes vencimientos de deuda.

Estos mecanismos no existen como tales, pero sí otras medidas: las compras en firme de cédulas hipotecarias sólo incluyen aquellas emitidas a partir del 10 de octubre; las titulizaciones que se adquieran de forma temporal deberán ser posteriores a agosto de este año; y, sobre todo, las entidades que concedan créditos a partir del 7 de octubre tendrán garantizada la adjudicación de liquidez al tipo marginal sin tener que pujar en las subastas (siempre que esos créditos sean el subyacente de las titulizaciones que se venden al Estado).

Otra característica del plan que puede disgustar a algunas entidades es el plazo de las operaciones: tres años para las compras permanentes y dos años para las temporales. Estos plazos coinciden con las emisiones de cédulas y deuda senior realizadas por entidades españolas este año antes de que se cerrara el mercado, pero son muy inferiores a los de antes de la crisis, cuando se emitía a cinco años o más cualquier activo. En todo caso, se trata de una mejora sustancial respecto a la principal vía de financiación de las entidades en la actualidad: las subastas de liquidez del BCE, cuyo plazo es de seis meses como máximo.

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