No hay dinero, y si los bancos no logran captar recursos, tampoco pueden prestarlo a los particulares y a las empresas que lo necesitan, lo que explica el estrangulamiento de la actividad económica por falta de financiación. Este es el argumento principal que dio ayer Zapatero para explicar la medida, sin precedentes en el sistema bancario español.

Aunque la letra del pequeña del plan no se conocerá hasta el Consejo de Ministros del viernes próximo, el presidente aseguró que con esos 30.000 millones de euros -equivalentes al 3% del Producto Interior Bruto (PIB)- el Tesoro comprará activos -de la máxima calidad- actualmente ilíquidos, ya que las operaciones en el interbancario (donde se financian los bancos) son prácticamente inexistentes. Es decir, que al contrario que en EEUU, no se adquirirán activos ‘tóxicos’, contaminados por las hipotecas suprime, ya que oficialmente en España ninguna entidad está afectada por este mal del sistema financiero.

La medida se articulará de la siguiente forma. El Tesoro Público –dependiente orgánicamente de la Secretaría de Estado de Economía- comprará activos financieros emitidos por bancos y cajas de ahorros españoles, principalmente con subyacentes del mercado hipotecario. También la banca extranjera radicada en España tendrá acceso a esta línea de financiación. A tal efecto, el Tesoro creará un fondo específico que se encargara de su gestión. Funcionará por el sistema de subastas, lo que significa que comprará los activos que le ofrezcan las entidades financieras al mejor precio. En este caso, considerará la oferta más rentable para las arcas públicas. Es decir, la más barata. Para conocer la calidad de los activos, el Tesoro dispondrá de los informes de calificación de solvencia que emitan las agencias de rating.

Una cantidad equivalente a la de EEUU

La vida del fondo no tiene una duración predeterminada, ya que dependerá de las condiciones de mercado, pero está decidido que se extinga una vez que el interbancario funcione con normalidad. Para hacerse una idea del tamaño del nuevo instrumento de financiación de la economía (en caso de que se apuren los 50.000 millones de euros) hay que tener en cuenta que representa una cantidad equivalente a la aprobada hace unos días por las dos cámaras de EEUU: 500.000 millones de euros (700.000 millones de dólares), toda vez que la economía estadounidense es 10 veces más grande que la española, lo que da idea de la dimensión del problema.

La compra de los activos bancarios se financiará vía Presupuestos Generales del Estado, ya que el Tesoro Público se verá obligado a emitir títulos de renta fija equivalentes (al menos) al 3% del Producto Interior Bruto. Esto significa que el endeudamiento del Estado –sin contar el resto de las administraciones- se situará en el entorno del 41,8% el año próximo. Alrededor de un 50% si se incluyen comunidades autónomas y ayuntamientos. Dicho en otros términos, el saldo vivo de la deuda emitida por el Estado (actualmente por encima de los 303.000 millones de euros) crecerá en nada menos que un 10% en un solo ejercicio.

La gran pregunta es cuánto dinero recuperarán los contribuyentes una vez que el Tesoro pueda desprenderse de los activos que ahora compra. Esto dependerá, lógicamente, del precio que pague en el momento de adquirir los títulos, ya que si el subyacente se deteriora (fundamentalmente el valor de las hipotecas) sus ingresos también serán menores en el momento de la venta. La valoración de los activos es extremadamente difícil en una situación como la actual, ya que al no haber operaciones no se fijan precios, por lo que se trata de una incógnita difícil de resolver. En cualquier caso, lo que parece realmente difícil es que se revaloricen en un horizonte racional de tiempo.

Otra de las incógnitas se deriva de quienes gestionarán el fondo y su nivel de transparencia para evitar discriminaciones, toda vez que cabe esperar una avalancha de venta de activos por parte de las entidades financieras con el fin de obtener liquidez. La cifra de 30.000 millones de euros no parece ser gratuita. Corresponde prácticamente con los vencimientos que tienen por delante las entidades financieras en lo que queda de año. Algo que da a entender que el Gobierno, y a la vista de que los mercados están secos, ha decidido actuar por la vía de urgencia antes de que se pueda producir un auténtico colapso en el sistema financiero en caso de que alguna entidad no pudiera hacer frente a sus compromisos de pago, lo que provocaría una reacción en cadena de imprevisibles consecuencias.

La tercera incógnita, y no menos importante, se refiere a qué garantías existen de que el dinero que les llegue a los bancos –esos 30.000 millones de euros- se cabalicen hacia las empresas y las familias que necesitan recursos para financiar sus actividades. En los últimos meses, lo que ha ocurrido es que las inyecciones de liquidez que ha concedo el BCE no han salido de los balances de las entidades bancarias, lo que ha ahogado la actividad productiva.