“La nueva jueza tiene que continuar con la instrucción. Yo le he enviado un nuevo informe en el que resumo los hechos para intentar acelerar su puesta al día, pero la verdad es que llevamos ya cuatro años y vamos por el décimo tomo”, afirma Caro Moya, para quien “todo se ha dilatado de una forma innecesaria, ya que desde hace ocho meses está sobre la mesa el informe pericial de la Agencia Tributaria”. Dicho documento concluye que Air Comet, propiedad de Marsans, defraudó en sus cuentas del ejercicio fiscal 2001-2002 un total de 99 millones de euros tras comprar Aerolíneas.

Para el abogado de la acusación particular, el nombramiento de la jueza Gallego para el CGPJ resulta “muy curioso y, desde luego, muy significativo”. Titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gallego es sobre todo conocida por el caso del ácido bórico. Ella fue la jueza que sentó en el banquillo de los acusados a mandos de la Policía Científica a partir de un informe pericial de esta instancia que vinculaba a un comando de ETA y a la célula islamista que estaba detrás del 11-M. Su nombramiento para el CGPJ se produce a instancias del Partido Popular. Para Caro Moya, de lo que no cabe la menor duda es de que “la nueva jueza tendrá que tomarse su tiempo y la instrucción se retrasará todavía más”.

Atrapados en Argentina

En el informe que la acusación ha hecho llegar a la nueva jueza, Leticia García Clérigo, al que ha tenido acceso El Confidencial, se hace balance de una instrucción larga que cobra hoy especial relevancia en tanto Marsans mantiene una posición muy delicada en Argentina, de donde no quiere irse con las manos vacías en el proceso de reestatalización de la aerolínea. Una pugna con la Casa Rosada en la que la propia compañía admite que necesitará todos los apoyos diplomáticos posibles. La situación ha encallado al aprobar el Parlamento argentino una ley según la cual el precio final de la aerolínea será aprobado por la Cámara tras la valoración del Tribunal de Tasación. Una disposición que cuestiona el acuerdo alcanzado por el Gobierno de los Kirchner y la compañía española y según el cual ambas partes llevarían a cabo tasaciones independientes y, en caso de desacuerdo, se recurriría a una tasación independiente.

En el escrito remitido al juzgado número 35, Caro considera acreditado que, en el traspaso de Aerolíneas Argentinas, Air Comet habría utilizado para sus propios fines los 300 millones de dólares que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ingresó en Interinvest -sociedad propietaria de la aerolínea- y cuyo destino era pagar pasivos en Aerolíneas Argentinas. En lugar de eso, Air Comet se hizo titular de los créditos, personándose en el concurso de acreedores de Aerolíneas, el que aprobó una quita del 60%. Esos créditos, por valor de 114 millones de dólares tras la citada quita, habrían sido transformados en aportes irrevocables a cuenta de futuras ampliaciones de capital y posteriormente en acciones. Esas participaciones serían precisamente las que ahora adquiriría el Estado argentino.

“Van a obtener unos importes económicos millonarios cuando consta más que acreditado que el equivalente a 114 millones de dólares de esas acciones proceden de la capitalización en acciones de unos créditos que fueron adquiridos con unos fondos públicos entregados por SEPI y cuyo destino inicial era cancelar pasivos del concurso de Aerolíneas Argentinas y no adquirir los créditos, según acreditó el Tribunal de Cuentas en sus informes”, explica el letrado. Para Caro, el cambio en la figura del acreedor supuso una modificación de la operación aprobada por el Consejo de Ministros para el traspaso de Interinvest y, por tanto, de Aerolíneas.

¿Imputación a la SEPI?

Es más, Caro considera que la SEPI es “partícipe directa de los hechos”, por lo que recuerda en el citado documento que sigue pendiente la posible imputación de su consejo de administración. Y es que, según reza el documento, la principal alegación de los imputados respecto al desvío de fondos públicos es asegurar que todo se hizo de acuerdo con la SEPI. Cosa por otra  parte imprescindible, si se tiene en cuenta que la cuenta bloqueada del BBVA titularidad de Interinvest donde se ingresaron los 300 millones para el pago de pasivos sólo podía disponer de fondos para realizar pagos a terceros fimando mancomunadamente un apoderado de la propia Interinvest con uno de la SEPI. “Fue parte actuante necesaria en los hechos”, dice Caro. Ignacio Ruiz Jarabo era entonces presidente de la Sociedad de Participaciones Industriales.

El día 13 es la fecha tope para concretar la cuantía de la venta de Aerolíneas, según el acta de acuerdo firmada por Marsans y el Gobierno. Credit Suisse está llevando a cabo la tasación de Marsans y el Tribunal de Tasación de la Nación para el Estado argentino. En paralelo está la ley que otorga al Congreso la última palabra. Según Víctor Muñoz, gerente del grupo español, Aerolíneas tenía activos por 720 millones de dólares y pasivos por 890 millones a 31 de mayo, matizando que hay que tener en cuenta a la hora de efectuar una valoración lo que supone la marca de la compañía y el flujo de fondos futuros. Aunque algunos miembros del Gobierno argentino han apuntado que la compañía vale “cero pesos”, para Caro “el Ejecutivo terminará pagando algo por la salida de Marsans, aunque si cumpliera bien con su trabajo no debería pagar nada”.