FIN DE SEMANA  Sábado, 18 de octubre de 2008 

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La quiebra de Lehman Brothers y la consiguiente pérdida del valor de los estructurados de esta firma van a provocar una oleada de demandas ante la CNMV y el Banco de España por parte de los inversores atrapados, según diversas fuentes consultadas, que pueden terminar en demandas judiciales. Estas reclamaciones se basan mayoritariamente en la falta de información suministrada por las entidades colocadoras -normalmente bancos privados- sobre el riesgo de producto, que se vendía como "muy seguro". Sin embargo, estas reclamaciones tienen pocas posibilidades de prosperar, según varios expertos jurídicos.

El drama que suponen las pérdidas en estos productos en España, adelantado por El Confidencial el martes, ha sido cuantificado en un mínimo de 1.300 millones de euros, aunque podría ser mucho mayor. La razón es que muchos inversores estaban apalancados, es decir, invertían por un importe muy superior a su dinero porque el propio banco les facilitaba el crédito para ello. Al fin y al cabo, se suponía que era un producto seguro con una rentabilidad muy alta. Las entidades con mayores volúmenes son Banif, Crédit Suisse y Bankinter, aunque muchas más han colocado estos productos

Los inversores atrapados se quejan de que nadie les dijo que existía el riesgo de perder el 100% de su dinero, o incluso el 200% o el 300% si estaban apalancados. Lo normal es que, cuando el cliente preguntaba por las posibilidades de pérdida, le respondieran que, aunque el producto no garantizaba formalmente el capital, perder era casi imposible porque "tendría que quebrar Lehman, y es el cuarto banco de inversión de EEUU, muy sólido y solvente". Huelga decir lo proféticas que eran estas palabras.

Ahora bien, esto no parece suficiente para que prosperen las reclamaciones. Principalmente, porque los clientes que los compraron recibieron información escrita del producto y dieron su consentimiento expreso para la compra, luego no pueden alegar desconocimiento del riesgo.

En cualquiera de sus fórmulas de venta, el banco colocador ha tenido que cumplir los requisitos de la directiva europea Mifid: si se trata de asesoramiento, ha tenido que hacer un test de conveniencia o idoneidad al cliente para determinar que el producto es adecuado para él; si se trata de una cartera con la gestión delegada a la entidad, el contrato debe mencionar expresamente que autoriza al banco o gestora a comprar estos productos especificando el nivel de riesgo y el posible apalancamiento.

Los inversores cualificados lo tienen peor

La cosa se agrava todavía si el cliente tenía la consideración de profesional y no de minorista según la Mifid, algo muy habitual en los altos patrimonios de la banca privada. En este caso, el grado de protección es menor y la responsabilidad recae en el cliente, no en la entidad, ya que se le suponen la experiencia y conocimiento suficientes para entender estos productos, según un importante bufete internacional.

Ahora bien, podemos estar hablando de productos comprados antes de la entrada en vigor de la Mifid en España, en noviembre pasado. Entonces no hace falta que se hayan cumplido todos estos requisitos, aunque sí que haya habido información por escrito sobre los riesgos. Otra cosa es que esta información haya sido engañosa o que incluso el vendedor haya dicho que el capital estaba 100% garantizado, como se dice en algunos folletos de estos productos según inversores afectados. En ese caso, el banco tiene la obligación de devolver el dinero o estaría incurriendo en fraude o publicidad engañosa.

Otra esperanza de los afectados es que los bancos comercializadores se hicieran cargo de las pérdidas para evitar la fuga de clientes con alto patrimonio enfadados con la entidad. Pero tampoco parece que ésa sea la voluntad de la mayoría. "No nos podemos hacer cargo de estas pérdidas porque los clientes eran perfectamente conscientes de lo que compraban y de que había un riesgo", según un importante banco privado español. Respecto al procentaje que recuperarán de su dinero, algunas estimaciones hablan del 60%, pero el mercado contempla sólo un 25%.

En el sector se asegura que los productos de Lehman sólo se han colocado en las entidades más agresivas. Un estructurado es es cualquier producto que ofrezca, por ejemplo, una rentabilidad del 10% si una acción o un índice supera el valor inicial en un plazo determinado. Los más sofisticados son los autocancelables (si se cumple la condición, pagan un cupón muy alto y vencen). Se componen de un bono y de una opción que es la que aporta la rentabilidad en caso de que se dé la condición del producto. Cuanto más alto es el cupón que paga el bono, más se puede pagar por la opción y rentabilidad puede dar el producto. Por eso, los estructurados basados en bonos de Lehman eran muy populares, ya que sus diferenciales sobre el Libor eran de entre el 3% y el 5% debido a su pobre calidad crediticia

La CNMV hace sangre

La magnitud del asunto es tal que el propio presidente de la CNMV, Julio Segura,criticó ayer duramente la forma en que se comercializan estosproductos: "La existencia de información insuficiente o defectuosasobre productos tales como los estructurados, que han crecidoexponencialmente en complejidad e importancia en los últimos años, peroque la información que se proporciona sobre ellos a los inversores noha sido lo transparente y completa que hubiera sido deseable. Esdifícil recuperar la confianza si los inversores no tienen unconocimiento preciso del tipo y cuantía de los riesgos que realmenteasumen cuando adquieren un activo".

Claro que Segura juega con ventaja porque los estructurados nonecesitan registrar el folleto en la CNMV ni recibir autorizaciónprevia, ya que se consideran productos puramente bancarios. Es decir,que en este caso él no tiene responsabilidad en el desastre y se puedepermitir el lujo de criticar a los demás.

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