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Marsans ha descubierto en estos meses, por si acaso no lo sabía, la moneda con la que paga el Gobierno de Cristina Kirchner. Y es que la nacionalización de Aerolíneas Argentinas anunciada hace apenas dos meses y plasmada en una ley de reestatización a la que el Senado dará en breve luz verde se produjo a pesar de que el grupo español, propietario hasta entonces de Aerolíneas, aportó 398.000 euros a la campaña del Frente para la Victoria que encabeza la presidenta, según admitieron en el Senado representantes de Marsans.

Una aportación de esta índole a la campaña de Kirchner convierte al grupo español en el tercer donante del partido, que reconoció haber recibido fondos de diversas empresas por valor de 10 millones de dólares. Según la web argentina Urgente24, la financiación de la campaña presenta diversas irregularidades, entre las que destaca “el dinero aportado por las distribuidoras y comercializadoras de medicamentos adulterados o robados e importadores de efedrina para narcotraficantes”.

Del mismo modo, apunta a que también recibió dinero procedente de Venezuela que entró en el país de forma ilegal, así como de “empresarios extranjeros que debía controlar el Estado Nacional y no lo hizo, probablemente presionados por Ricardo Jaime (ministro de Transportes y mano derecha del clan Kirchner) para concederles determinados favores”. No obstante, la representación de Marsans en el Senado –Vicente Muñoz, Eduardo Aranda y Jorge Molina- precisó que la aportación de esos 398.000 dólares se hizo de acuerdo a la legislación vigente para la financiación de partidos.

Tras la aprobación del Senado, queda en manos del Congreso determinar el valor que deberá pagar el Estado por el rescate de las acciones actualmente en manos de Marsans. De hecho, la valoración de la empresa es el caballo de batalla de las negociaciones desde que el Estado argentino quiso elevar su participación en la compañía y promovió la frustrada entrada en liza del empresario uruguayo Juan Carlos López Mena para hacerse con la aerolínea. Ahora la cuestión radica también en quien asume el pasivo de la empresa, en la que las arcas públicas a través de la SEPI han invertido más de 2.700 millones de dólares.

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