La Fiscalía de Alicante acepta la denuncia sobre posibles delitos en el Plan Urbanístico

Martes, 19 de agosto de 2008 (Actualizado a las 20:44)

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La Fiscalía de Alicante acepta la denuncia sobre posibles delitos en el Plan Urbanístico

Vivienda, Alicante

@Efe. Alicante.- - 19/08/2008 20:42h

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La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante ha aceptado como denuncia el documento en el que el PSPV expuso que algunas actuaciones relacionadas con el Plan de Actuación Urbana "Benalúa Sur" podrían contener posibles delitos de prevaricación, fraude, estafa y tráfico de influencias. Esta denuncia, sin embargo, no será tramitada por la Fiscalía de Anticorrupción porque "el marco legal no recoge este tipo de denuncias" en dicho departamento, según ha explicado a Efe el teniente fiscal en funciones Juan Carlos López Coig.

Un fiscal de turno será el encargado de estudiar el escrito presentado y decidirá si se presentan diligencias de investigación, si envía la denuncia directamente al juez o si se archiva el caso.

Los socialistas consideran que la Fiscalía debe analizar las actuaciones que ha realizado tanto el agente urbanizador del citado plan como la Gerencia de Urbanismo y, por ende, su responsable y edil, Sonia Castedo.

El Plan de Actuación Urbana "Benalúa Sur" fue aprobado por el consistorio en 1999, y en él se obligaba al agente urbanizador del proyecto a hacerse cargo de los gastos derivados de la ejecución de las cargas externas, que consistían en la elevación de rasantes de la Avenida de Elche y en la urbanización de las aceras.

Sin embargo, la Junta de Gobierno Local de mayo de 2006 aprobó que la reparcelación de la Unidad de Ejecución número uno del citado plan sería financiada al 50 por ciento entre el Consistorio y el agente urbanizador.

En opinión del portavoz del PSPV, Roque Moreno, quien entregó a Fiscalía el escrito el 6 de agosto, las actuaciones expuestas podrían reflejar "la realización de intereses contrarios a la legalidad y a los intereses públicos, infringiendo el ordenamiento con vulneraciones graves de los principios de objetividad".

Por lo que respecta al posible delito de prevaricación, la denuncia recoge que el gerente de Urbanismo y Castedo han emitido informes y resoluciones "que se consideran injustas", ya que se asume en ellas el pago del 50 por ciento de los costes del proyecto, "lo que supone un detrimento de las arcas municipales y, por tanto, del interés público a favor del urbanizador".

En este sentido, los socialistas han expuesto que el propio jefe del Servicio de Organización y Régimen Interno habría afirmado que el urbanizador "no actuó lealmente".

En cuanto al supuesto delito de tráfico de influencias, el PSOE considera "cuanto menos sorprendente" que la actitud de Castedo y del gerente de Urbanismo "haya sido a favor y en defensa de los intereses del urbanizador, aún por encima de los informes de los diferentes técnicos pertenecientes a distintos servicios".

A juicio del PSOE, el presunto delito de estafa radicaría en el hecho de que el urbanizador "de forma indebida" realizo una nueva versión de la proposición jurídico-económica "que, inexplicablemente y de forma unilateral, alteraba los acuerdos del pleno de octubre de 1999 al introducir un cambio sustancial en la imputación de costes".

En cuanto al posible fraude, el PSOE entiende que Castedo, en un escrito dirigido a la empresa urbanizadora, libera a ésta de ejecutar unos muros de contención contemplados en el proyecto, "todo ello, al margen de cualquier procedimiento".

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