La economía española vive su peor período en quince años. Durante el último año se ha consumado el aterrizaje una desaceleración económica que tuvo su origen en 2007. En enero, distintos indicadores adelantados dieron un brusco giro a la baja y sembraron el terreno para el conjunto se viesen afectados por la doble crisis: la primera, la inmobiliaria, la segunda, la financiera internacional. La marcha atrás del consumo y de la inversión empresarial van a ser la tónica generalizada durante el segundo semestre de 2008, para el que las previsiones pintan cada vez peor. Las del propio Gobierno constatan por primera vez a finales del mes de julio la delicada situación: previsión de incremento del PIB del 1,6% para 2008 con un precio medio del barril de crudo de 124 dólares y del 1% para 2009 con un promedio del petróleo de 133 dólares.

Lógicamente, como recordó el vicepresidente Pedro Solbes el 24 de julio las previsiones mueren el mismo día en que se realizan porque surgen nuevos datos y coyunturas que cambian las reglas del juego. Tiene razón el ministro. Sin embargo, parece preocupante a todas luces este simple planteamiento a la luz de los datos con los que viene a contar el Gobierno. Las estadísticas de vivienda lo han demostrado. En su último informe, el Ejecutivo daba crecimientos en los precios basándose en datos registrales de hace 18 meses, es decir, de principios del año 2007. En un mundo que se mueve de otra manera, en tiempo real, tomar decisiones sobre estadísticas obsoletas conlleva un riesgo elevadísimo de error.

Cuando las bases de datos de los portales inmobiliarios en Internet comenzaron a dar caídas en los precios hace un año, en el turbulento verano de 2007, el Gobierno miró para otro lado, aunque sabía lo que se le venía encima. Por eso retraso sine die la elaboración de un índice de precios del sector por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE). Ahí está la gran culpa de los rectores gubernamentales en esta crisis del ladrillo: han creado confusión. Mientras algunos agentes del sector hablaban de caídas en los precios, otros negaban la mayor subrayando la desaceleración, la estabilización, en pleno crash del mercado.

En 2008 se están registrando los índices de inflación más altos desde la Guerra del Golfo, a principios de los años 90. Los IPCs triplican lo que es considerado como ‘estado neutro’, en el 2%. Pero la virtual entrada en recesión de España -ya saben, dos trimestre consecutivos de crecimiento negativo- se consagrará con casi toda seguridad en octubre. Pero lo peor está por venir. Cuando los cientos de miles de trabajadores que están cobrando los subsidios por desempleo dejen de hacerlo -algunos ya lo han hecho- a lo largo de los próximos meses, la renta disponible de las familias se desplomará y sólo quedará un camino por recorrer en el horizonte de la economía española: la deflación o caída de precios. Pese a que los precios industriales siguen presionando al alza como consecuencia del coste energético, el parón del consumo y de la inversión empresarial comenzarán a presionar a la baja . Solbes tendrá que rehacer de nuevo todas sus previsiones a la vuelta del verano. No le quedará otro remedio. Pero, ojo, ni siquiera una caída brusca de los precios del petróleo lograrán mantener a flote a la economía española, cuyo motor principal, la construcción y el ladrillo, ha gripado.