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Bruselas, 22 jul (EFE).- El Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, recomendó hoy al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que revise la evaluación de impacto ambiental del proyecto de tren de alta velocidad que atraviesa Barcelona.

La decisión es el resultado de una reclamación presentada por un residente en Barcelona, quien denunció que el proyecto del túnel que atraviesa la ciudad "podría ocasionar graves daños ambientales", indicó un comunicado de la oficina de Diamandouros.

La denuncia de enero de 2006 señalaba que esos daños ambientales podrían aparecer en las construcciones colindantes públicas (como por ejemplo a la "Sagrada Familia") o privadas.

El denunciante criticó también a las autoridades españolas por no haber evaluado adecuadamente el impacto ambiental del proyecto, y consideró que el acuerdo del BEI de cofinanciar este segmento del proyecto no era adecuado.

El Defensor del Pueblo investigó el caso y "no encontró prueba alguna de que el BEI hubiera analizado de manera adecuada la evaluación medioambiental de esa parte del proyecto que atraviesa Barcelona", añadió la nota.

El BEI explicó en su respuesta que la evaluación de impacto ambiental de esa parte del proyecto elaborada por las autoridades españolas había sido debidamente revisada de acuerdo con los criterios de la entidad.

Sin embargo, la investigación de la oficina del Defensor del Pueblo Europeo sobre los documentos existentes no encontró documento alguno relativo al análisis del BEI de la evaluación de impacto ambiental de este tramo del proyecto elaborada por las autoridades españolas, explicó el comunicado.

Por ello, Diamandouros recomendó a la entidad financiera comunitaria que revise esta evaluación de impacto antes de conceder ayuda financiera alguna para esta parte del proyecto.

El Defensor del Pueblo ha pedido al Banco Europeo de Inversiones que responda a su recomendación antes del 30 de septiembre próximo.

El proyecto de tren de alta velocidad Madrid-Barcelona-Perpignan-Montpellier fue considerado en 1994 uno de los prioritarios de la red transeuropea de transportes comunitaria.

El BEI participa en el tramo español con una financiación de 2.500 millones de euros, lo que supone más de la cuarta parte del coste, el resto del cual será aportado por los Fondos Europeos de Cohesión y por las autoridades españolas. EFE rcf/jj

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