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No son buenos tiempos para el empleo. Tampoco para los salarios. Pero si a esto se une un alto nivel de endeudamiento de las familias -superior al 130% de su renta disponible- y una inflación instalada desde hace meses por encima del 4%, el resultado no podía ser otro que un desplome del consumo de los hogares desconocido desde la recesión del bienio 1992-93.

El último dato que avala este escenario lo dio ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), que anunció una caída de las ventas al por menor del 5,5% en términos reales una vez eliminado el efecto calendario. No se recuerda un dato tan malo desde al menos quince años, lo que da idea de la aceleración del ajuste y del progresivo deterioro de la capacidad de gasto de las familias. En particular, a la hora de adquirir equipamiento para el hogar, cuya evolución se ha desplomado un 17% respecto de marzo del año pasado, mientras que el gasto en alimentación ha retrocedido un 5% en términos reales.

El deterioro del gasto hunde sus raíces en el escaso margen de maniobra del que disponen los hogares para hacer frente al nuevo escenario monetario (el euribor cerrará abril en un 4,8%), pero también tiene que ver con el hecho de que los salarios se han quedado definitivamente atrás respecto a lo que aumentan los precios. Un informe elaborado por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos ha puesto de manifiesto que en 2006 el 74,4% de los trabajadores estaba amparado por una cláusula de revisión salarial para compensar la desviación del IPC. Sin embargo, esta cláusula sólo fue efectiva en el 46% de los convenios, es decir, menos de la mitad. La Comisión recuerda en su informe sobre negociación colectiva que “no todas las cláusulas tienen carácter retroactivo”, ya que en muchos casos sirven “únicamente” para fijar el nivel salarial de partida para el nuevo ejercicio.

La Comisión recuerda que, en contra de lo que normalmente se da por hecho, las cláusulas de revisión salarial no aceleran la espiral inflacionista (lo que puede explicar que la patronal CEOE las defienda ahora a capa y espada). Por un lado, porque está demostrado que en los convenios con cláusula el incremento inicial del salario es inferior al que se aplica en los convenios que carecen de ella. En segundo lugar, porque la diferencia entre los crecimientos inicial y final de los salarios es siempre menor que la desviación entre la inflación final y la prevista, lo que supone una pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Y todo ello siempre que se produzca una revisión de las nóminas para compensar la subida de los precios, ya que hay que recordar que en España (datos de la EPA del primer trimestre) existen 16,8 millones de asalariados, pero únicamente 9,8 millones sustancias sus relaciones laborales a través de un convenio de empresa o de sector.

Los aumentos de productividad tampoco han servido para ganar poder adquisitivo para un número sustancial de trabajadores. En los últimos años, los avances de productividad han sido en todos los casos inferiores al 1%, pero el porcentaje de trabajadores que han pactado incrementos salariales iniciales superiores a la suma de la inflación y al aumento de la productividad apenas ha superado el 50% de los trabajadores con convenio, lo que pone de relieve la moderación salarial practicada en la economía española.

Esta moderación explica en buena medida el frenazo al consumo de las familias, que dibuja una senda claramente descendente desde el 4,9% registrado (media anual) en el año 2000. El año pasado la tasa de aumento se situó en el 3,1%, pero es que para 2008 y 2009 el propio Ministerio de Economía ha estimado un crecimiento del 2,2%. Tasa que a luz de lo que ha ocurrido en el primer trimestre -con una caída del 3,6% en lo que va de año- es muy probable que tenga que volver a ser revisada. Sobre todo teniendo en cuenta el desplome de las expectativas económicas, como reflejan todos los indicadores de confianza, ya que en un contexto macroeconómico incierto, las familias restringen el gasto ante la posibilidad de que alguno de sus miembros pierda el empleo.

El salario supone más del 90% de la renta disponible de las familias, por lo que el empleo es el factor determinante de su nivel de gasto. Y la economía española lleva dos trimestres consecutivos destruyendo puestos de trabajo en términos no desestacionalizados.

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