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Las grandes concesionarias de autopistas le hacen un feo a Fomento y ‘pasan’ de la R-1
La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez (Efe).
@Carlos Sánchez.- - 22/04/2008 06:00h
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Estupor en el sector de las autopistas. Por primera vez en muchos años, probablemente desde los primeros años 90, las grandes concesionarias han dejado ‘colgado’ al Ministerio de Fomento. Sacyr, Abertis y Ferrovial, las tres grandes del sector, han decidido no presentar ofertas para concurrir a un megaproyecto -y polémico- que cuenta con un presupuesto inicial de 210,8 millones de euros.
Fomento había licitado en septiembre de 2007 la concesión para la construcción y explotación de una autopista denominada R-1, y que debe transcurrir en paralelo a la A-1, por el norte de la provincia de Madrid. Se esperaba un reñido concurso, pero finalmente sólo se han formalizado dos ofertas. Una la ha presentado FCC y la otra la constructora Ploder. Ambas compañías ya son propietarias (a través de una empresa común) de la concesión de la autopista Cartagena (Murcia)-Vera (Almería), pero su presencia en el mercado nacional de las autopistas es muy reducida.
Según fuentes del sector, la negativa de las grandes concesionarias tiene que ver con el aumento de los costes financieros en un contexto de restricción del crédito, lo que hace que “no les salgan las cuentas”. La duración inicial de la concesión quedó establecida en 38 años.
La licitación de la R-1 ha sido extremadamente polémica desde que la Comunidad de Madrid planteó la necesidad de acabar las carreteras radiales que salen de la capital. Finalmente, tras intensas y agrias negociaciones entre la ministra Magdalena Álvarez y Esperanza Aguirre (que amenazó con iniciar las obras unilateralmente), se llegó a un pacto político que pasaba por acelerar al máximo los expedientes de impacto medioambiental de la nueva autovía.
El sector está convencido de que una de las causas que explican la salida de Cristina Narbona del Ministerio de Medio Ambiente tiene que ver, precisamente, con el tapón que había generado su departamento en la tramitación de expedientes, lo que ha provocado el retraso ‘injustificado’ de muchas obras. Tanto en la patronal de la construcción como en la de las autopistas se ha criticado con dureza a Narbona por su incapacidad para tramitar los expedientes administrativos. No se criticaba la necesidad de presentar informes de impacto medioambiental sino, sobre todo, el injustificado retraso en su aprobación, lo que encarece la ejecución de los proyectos.
Más obra civil tras la salida de Narbona
Ahora, tras la salida de Narbona, los sectores vinculados a la construcción de obra civil esperan que se acelere la tramitación de los expedientes administrativos, lo cual se presenta como crucial en un contexto de intenso ajuste económico.
Por el momento, al menos, la licitación oficial ha repuntado en las comunidades autónomas con un crecimiento extraordinario del 90% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior. Esta comparación, sin embargo, es engañosa ya que se tiene en cuenta el periodo inmediatamente anterior a las elecciones autonómicas de mayo, periodo en el que se produjo un parón de las licitaciones públicas que ahora se ha recuperado.
No ha ocurrido lo mismo con los ayuntamientos, muy afectados en sus ingresos por el frenazo de la actividad inmobiliaria. Según fuentes solventes, en el primer trimestre de 2008 se ha producido una caída del 25% respecto al mismo periodo del año anterior. La licitación de la Administración central del Estado, por el contrario, mantiene tasas de crecimiento del 20%, en línea con lo previsto por Fomento.
La puesta en marcha de políticas anticíclicas relacionadas con la obra civil es una vieja receta de política económica que ahora se quiere impulsar, pero según algunos expertos consultados por El Confidencial, no parece razonable pensar que sólo con aumentar el gasto público en esta materia, se va a esquivar la crisis. Se recuerda, en este sentido, que en 2007 nada menos que el 30,8% del PIB español se destinó a Formación Bruta de Capital Fijo, pero sólo 3,8 puntos porcentuales fueron financiados por los poderes públicos, por lo que el margen de maniobra es limitado.
De ahí que se considere que la clave para los próximos años sea aplicar la llamada Colaboración Pública-Privada (CPP), que supone la creación de un marco legal más favorable para que los empresarios privados se animen a invertir en obra civil. En este sentido, la patronal Seopan presentará al Gobierno el próximo mes de marzo un informe destinado a impulsar este tipo de inversiones.
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Opiniones de los lectores (25)
25. 
magudel22/04/2008, 19:18 h.
Revolera: OK.
"Un pesimista es un optimista bien informado"
La crisis, por fases o de golpe va a ser brutal y el disponer de un Estado fuerte que transmita seguridad y transparencia a los Mercados y que garantice la libre competencia y de seguridad jurídica se antoja esencial para atraer cápitales o para fijarlos.
Se me asemeja que vamos en la dirección contraria porque "no hay más ciego que quien no quiere ver" y el Gobierno ni siquiera habla de crisis cuando en todas partes se estan tomando medidas estructurales.
24. Revolera22/04/2008, 18:38 h.
MAGUDEL.- O es oferta de acompañamiento (no lo sé, no lo creo, no entraba ni con calzador esa concesión), o es negociaciaón de compensación por Cartagena-Vera. Todas, todas las Concesionarias han presentado (o están en ello) reclamaciones ante la Subdelegación del Gbno para empresas concesionarias, con el fin de resarcirse de los quebrantos a la hora del cierre del famoso "equilibrio económico de la concesión", las respuestas hasta ahora (y con 2 años de retraso).....negativas. El negocio es para la constructora (habitualmente el mismo grupo que la concesionaria) y el ¿riesgo?, hasta ahora para los finaciadores del "project", pero ¿y a partir de ahora con los tipos como están?. ¿Quién quiebra una infraestructura y deja que crezca la hierba? ¿Cómo se compensa? "Cosas veredes amigo Sancho"
23. Guinnol222/04/2008, 18:12 h.
A Bostoniano. Básicamente la ley de expropiación actual (que en gran parte fue aprobada en tiempos de Franco) no deja a los propietarios decir ni mu. Y la ley del suelo, de forma muy simplificada, dice que el suelo urbano, aunque esté pegado a un chalet, se paga en función de los rendimientos agrícolas que se puedan obtener. Conclusión: aunque el terreno adyacente se venda en el mercado a 60 € m2 (eso en zonas rurales), si me expropian puedo esperar unos 3€m2. Y quien se queda con el dinero? La concesionaria! Pues si quieren expropiar, que paguen un precio justo leche: ni pasarse ni aprovecharse!
22. magudel22/04/2008, 17:42 h.
A Revolera: totalmente de acuerdo con su comentario 12.
Problema muy serio el de las concesionarias de autopistas de nueva creación porque en su mayor parte son una absoluta ruina.
Para muestra un botón: la Vera Cartagena, operada por PLODER y FCC tiene un 80% menos de usuarios de los esperados. Ya han refinanciado los creditos porque es una ruina.
Por eso solo entiendo las ofertas de ambas para la R1 como ofertas al alza y en las que una de ellas- PLODER- es de acompañamiento (para cumplir el expediente).
A Bostoniano: el coste de las expropiaciones ha caido en picado con la nueva Ley.
A Pepito 71: Totalmente de acuerdo, la inseguridad jurídica es determinante para invertir en un pais, especialmente en infraestructuras amortizables a largo plazo.
A todos: ojo con ITINERE. Sus números cantan. Veanlo en el folleto remitido a la CNMV.¿fondo de maniobra negativo, deuda no corriente de 5.138 mill, etc...? Vivir para ver.
21. diaz22/04/2008, 17:37 h.
Con la nueva ley del suelo ocurre justo lo contrario que el suelo urbanizable de la Castellana se paga como suelo rustico manchego,sino se meten es porque a las constructoras no les fian los bancos.Veo que los intelectuales del PSOE,han hecho una nueva obra literaria,al final Chikilikuatre va a ponerse a firmar encabezando los manifiestos de intelectuales del PSOE y acaba siendo ministro con la cantaora de cante jondo.
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