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Que los planes de pensiones estaban muy tocados después de perder la mayor parte de sus privilegios fiscales no era un secreto para nadie. De hecho, el pobre crecimiento del patrimonio en 2007 -un 6% que se queda por debajo de la inflación si se descuenta la rentabilidad de las carteras- confirma este estancamiento. Pero el sector es mucho más negativo y augura una crisis muy importante de estos productos porque cada vez interesan menos a las empresas, a los partícipes individuales e incluso a los grupos bancarios. De ahí que pida al Gobierno varios cambios importantes en su regulación.

Este pesimismo se puso de manifiesto ayer en unas jornadas organizadas por el Instituto de Estudios Fiscales, donde los representantes del sector se explayaron a gusto ante los representantes del Gobierno para criticar las últimas reformas y para hacer "la carta de los Reyes Magos", en palabras de Juan Fernández Palacios, director general técnico de Mapfre Vida.

El más crítico fue Luis Peña, consejero delegado de Fonditel (la gestora del mayor plan de pensiones de España, el de Telefónica), para quien "la reforma fiscal, la incertidumbre jurídica y la imposibilidad de rescatar el plan en forma de capital (de golpe) han provocado el estancamiento del producto".

En este sentido, Fernández Palacios considera que, "para construir una renta vitalicia decente -la única forma de rescatar los planes tras la reforma fiscal-, hace falta aportar capitales importantes". Por ello, todo el sector considera totalmente insuficiente la reducción de los límites de aportación a los planes hasta 12.500 euros para mayores de 50 años y 10.000 para menores (antes se podía llegar a 24.000 euros en personas a punto de jubilarse, porque los planes empresariales no se sumaban con los individuales).

Como se recordará, la reforma fiscal también eliminaba la reducción del 40% del importe del plan al rescatarlo en forma de capital. Todo esto ha desincentivado la suscripción de planes, en especial por parte de los altos patrimonios, que no quieren tributar a su tipo del 43% cuando rescaten el plan y prefieren otro producto de inversión que, aunque no permita desgravar las aportaciones, luego la rentabilidad vaya al 18%. De ahí que otra de las demandas del sector, encabezado por Unespa e Inverco (las patronales del seguro y de las gestoras de fondos), sea que el impuesto de la renta distinga entre el capital aportado -que tributaría como rendimientos del trabajo al marginal- y la rentabilidad obtenida -que debería ir al tipo único del ahorro del 18%-

Peña fue aún más duro al hablar de los planes de pensiones de empleo, totalmente estancados en España desde el fin del proceso de externalización de los compromisos de las grandes empresas: "Las empresas han perdido el interés por el producto, las pymes nunca han entrado y las únicas que los mantienen son las multinacionales norteamericanas, que tienen los mismos beneficios sociales para todos sus empleados en el mundo". Incluso llegó a decir que el propio plan de Telefónica "es un dinosaurio en medio de la pradera condenado a extinguirse", por la reducción de aportaciones tras el expediente de regulación de empleo de la operadora.

Por no interesar, los planes de pensiones casi no interesan ya al sector financiero. Antes eran un producto muy goloso, porque permitía tener un patrimonio cautivo durante muchos años al que se cobraban altas comisiones. Pero esto se acabado porque el mercado no crece y se han disparado los costes: la entrada en vigor del nuevo reglamento que los regula establece unas grandes exigencias de control y aumenta enormemente la carga administrativa, lo que puede llegar a "comerse" la rentabilidad de un ejercicio y hasta de dos, según Peña. La única solución que veían los expertos hace un año era subir las comisiones, pero eso es imposible: tienen un límite del 2% anual para los planes individuales y los de empleo pagan muy poco por la feroz competencia entre gestoras.

Al final, las cifras son elocuentes: un patrimonio total de 87.000 millones de euros deja unas comisiones en torno a 1.000 millones para todo el sector financiero. Unos ingresos que no justifican el esfuerzo y los costes anejos a los planes, salvo que se entre en los inevitables conflictos de interés (los planes tienen que acudir a las OPVs que coloca el banco, comprar los productos de moda, entrar en las empresas clientes de banca de inversión, operar innecesariamente a través del broker de la casa...) para elevar la facturación y que, al final, provocan las bajas rentabilidades de estos productos en España.

El problema es, por tanto, la falta de aportaciones de los españoles a los planes de pensiones, que sólo suponen el 8,2% del PIB, muy por debajo de la media europea. Pero las reformas gubernamentales han frenado su desarrollo... precisamente cuando el envejecimiento de la población va a hacer que las pensiones públicas salgan del mejor mundo posible en que viven ahora, porque se incrementarán los que perciben pensiones y caerán los que contribuyen a la Seguridad Social, según Mariano Rabadán, presidente de Inverco.

Ante este panorama, el director general de Tributos, José Manuel de Bunes, no fue totalmente insensible: concedió que, si los límites de aportación se quedan cortos, podrán elevarse ("elevar los límites sería un éxito", llegó a decir), que se puede mejorar el tratamiento de las rentas vitalicias e incluso que hay base para defender la separación de la rentabilidad obtenida por el plan para que tribute como renta del ahorro.

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