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En casa del herrero, cuchillo de palo. El sector público no parece predicar con el ejemplo en el cumplimiento de las leyes en materia de contabilidad presupuestaria. Lo dice la Intervención General del Estado (IGAE) en su último informe de fiscalización de las cuentas públicas, en el que se señala que nada menos que el 59% de los informes de auditoria que realiza la Administración en relación a sus propias sociedades lleva incluida alguna salvedad.

El caso es aún más grave para siete sociedades que no han pasado ni siquiera el listón del auditor. Este es el caso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Confederación Hidrográfica del Segura, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), la Mancomunidad de los Canales de Tablilla, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y las mutuas de accidentes de trabajo La Previsora y Sat, que en ambos casos han aplicado de forma incorrecta el Plan General de Contabilidad Pública, lo que explica que el informe de auditoria fuera negativo.

El análisis de la IGAE se refiere al año 2005, y cubre 122 sociedades adscritas al sector público administrativo (organismos autónomos, entidades estatales de derecho público, consorcios, mutuas de trabajo y fondos). Pues bien, de ese total, 65 informes acabaron con salvedades del auditor; en un caso, la opinión fue desfavorable; en tres, fue denegada, y en otras tres la opinión negativa sólo afectó a un parte del informe.

Lo más relevante es que en la mayoría de los casos las sociedades actúan de forma reincidente, ya que en el año anterior el auditor también encontró anomalías de enjundia que le llevó a reflejar en el informe alguna salvedad (disconformidad con la manera de aplicar las normas contables).

Los principales problemas que se ponen de manifiesto se centran en el tratamiento del inmovilizado, en particular en la inexistencia de inventarios, o realizados con “errores significativos”, como pone de manifiesto la propia Intervención General. En total, nada menos que 30 entidades mostraron problemas con el inventario del inmovilizado. En trece casos a causa de un inventario “inexistente” y en 17 a un inventario no valorado o actualizado adecuadamente.

El informe de la Intervención pone el acento en la situación de los denominados organismos de cuenca (integrados por las confederaciones hidrográficas), que en todos los casos (salvo la Confederación del Duero) “muestran problemas con el inventario, tanto en 2005 como en 2004”. Esta situación, dice el informe, “ha impedido comprobar la existencia, composición y correcta valoración de los bienes”.

En circunstancias similares se encuentra la mayoría de los organismos autónomos del Ministerio de Sanidad y Consumo, “puesto que tres de los cinco organismos” presentan problemas de inventario.. El informe se refiere al Centro Nacional de Trasplantes, la Agencia Española de Medicamentos y el Instituto Nacional de Consumo.

En esta misma situación se encuentra el INTA, con una opinión negativa del auditor tanto en 2005 como en 2004, entre otros motivos, “por la falta de fiabilidad de su inventario”. “El INTA, sostiene el informe, más que con un inventario propiamente dicho, cuenta con una relación de bienes agrupados por cuentas”.

Igualmente, se señala “la dificultad para conocer la valoración de los fondos bibliográficos” en la Biblioteca Nacional, el Instituto de Cinematografía, el Museo de Arte Reina Sofía y el Museo del Prado. Si bien se reconoce que en estos casos las dificultades se derivan “de la propia singularidad de los citados activos”.

Por último, el informe señala la existencia de “errores, incumplimientos de principios y normas contables derivados de un registro incorrecto de ingresos y gastos”. En este caso se apunta al Servicio Público de Empleo Estatal (el antiguo Inem), el Icex y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

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