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El vicepresidente Solbes, en un acto reciente. (EFE)
Solbes frena, de momento, el aval multimillonario del Gobierno a las promotoras inmobiliarias
Pedro Solbes, ICO, Oficina Económica
@C. Sánchez.- - 06/02/2008 12:43h
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Nuevo capítulo en el pulso soterrado que desde prácticamente el inicio de la legislatura mantiene el vicepresidente Pedro Solbes con la Oficina Económica del presidente del Gobierno. Primero con Miguel Sebastián y ahora con su sucesor, David Taguas. En esta ocasión, el motivo tiene que ver con la operación de rescate de las promotoras inmobiliarias que, según fuentes de toda solvencia, se ha diseñado desde la Moncloa.
La operación –se ha hablado de 10.000 millones de euros- consiste en la creación de una especie de línea de crédito destinada a las compañías con problemas de liquidez, y que en estos momentos no pueden acceder a los mecanismos de financiación convencionales por las restricciones del crédito en el mercado interbancario europeo. Taguas, tradicional valedor del ‘ladrillo’ ante el presidente Zapatero, se ha encontrado, en esta ocasión, con la oposición frontal de Pedro Solbes y de los propios gestores del Instituto de Crédito Oficial, que no encuentran razones para explicar por qué la industria inmobiliaria puede tener una financiación privilegiada y no el resto de sectores productivos.
Las emisiones del ICO cuentan con la máxima solvencia por parte de las agencias de calificación de riesgos (triple A) al estar avaladas por el Reino de España, por lo que cualquier crédito goza de unas condiciones privilegiadas.
Fuentes oficiales de absoluta solvencia aseguraron ayer a El Confidencial que lanzar esa línea de crédito “sería tanto como volver a los tiempos de la banca pública”, lo que explica la oposición de Solbes y del presidente del ICO, Aurelio Martínez, quien ayer admitió que desconocía el contenido de la propuesta. Martínez dejó bien claro que no había que repetir las malas experiencias del pasado, por lo que no había que ser “frívolo” con este asunto.
Financiación privilegiada
Las fuentes citadas, incluso, mostraron su extrañeza por la idea, toda vez que su articulación sería extremadamente compleja al tratarse de empresas privadas que se beneficiarían de una línea de crédito pública. No solamente la Comisión Europea podría abrir un expediente a España por ayudas ilegales que atentan contra la competencia, sino que otras empresas privadas en idéntica situación podrían pedir un trato no discriminatorio. El hecho de que la propuesta se ‘cuece’ en los aledaños económicos de la Moncloa lo pone de manifiesto que el propio presidente del ICO aseguró ayer no saber nada de ella. “Ahora bien, dijo, el ICO depende del Gobierno, y si éste dice lo que hay que hacer, el ICO lo hará”, subrayó.
El lobby del sector inmobiliario, el llamado G-14, es quien está intentando convencer a Moncloa de la necesidad de articular una línea de financiación. Su principal ejecutivo es el ex secretario de Estado de Economía Pedro Pérez, precisamente quien ‘fichó’ a la actual ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, como directora general de Incentivos Regionales, su primer cargo político en Madrid.
Gracias a sus gestiones, el Gobierno ya ha aprobado algunas medidas encaminadas a sacar del atolladero a las promotoras inmobiliarias, con unas deudas agregadas que superan los 293.000 millones de euros. Prácticamente el 29% del PIB de España.
Créditos para VPO
Tal y como ayer recordó el presidente del ICO, el pasado 25 de enero el Consejo de Ministros dio el visto bueno a que el Instituto de Crédito Oficial pueda conceder avales de hasta 3.000 millones de euros a los fondos de titulización de activos de las entidades financieras o de crédito para promover la financiación de la compra de viviendas protegidas (VPO). No se trata, por lo tanto de ayudas a la promoción libre, sino sólo a la de protección oficial, lo que en principio parece más coherente con sus objetivos.
Para obtener estos avales, la emisión de deuda de los fondos de titulización deberá estar respaldada en al menos un 80% por préstamos destinados a la compra de VPO. Igualmente, las entidades deberán dedicar en el plazo de un año al menos el 80% de los fondos conseguidos con la venta de esos activos a la concesión de nuevas hipotecas para viviendas de protección oficial.
Esta línea de crédito, incluso, ha sido criticada con dureza desde diversos ámbitos que conocen bien los entresijos del crédito oficial, toda vez que se trata de una “perversión” de los objetivos fundacionales del ICO. Con la medida, las entidades financieras podrán seguir descargando de sus balances (al estar titulizados los préstamos) los créditos concedidos a promotores e inmobiliarios.
La vía de la titulización ha sido frecuentemente utilizada en los últimos años por las entidades financieras (principalmente las cajas de ahorros), pero el mercado se ha secado a partir del 8 de agosto con la eclosión de las ‘subprime’. Ahora, con esos 3.000 millones de euros, esa vía de financiación reaparece, pero con el aval del Reino de España.
La posibilidad de una línea de crédito para la vivienda libre choca, igualmente, con problemas legales. Para que el Estado -a través del Tesoro- pueda conceder un aval es necesario una norma con rango de ley, algo que hoy por hoy se antoja difícil con un parlamento cerrado por elecciones. Sólo podría hacerlo el ICO una vez que lo aprobara su consejo de administración, trufado de altos cargos del Gobierno.
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Opiniones de los lectores (58)
58. 
Montarto06/02/2008, 19:45 h.
Me hace gracia lo del G14, durante años se lo han estando llevando y reinvirtiendo las plusvalias, sacadas a costa del ciudadano medio, en electricas y otros sectores, han comprado suelo endeudandose hasta las orejas y ahora quieren que se les ayude, los perjudicados por las "no" ayudas del Gobierno a los promotores son los pequeñas empresas. El Gobierno debería plantear ayudas rápidas como en USA que de la cifra estimada de impuestos de una promoción en lugar de pagarle al fisco se deja a disposición del comprador final rebajandose en esa cantidad el valor de la vivienda. El estado es poco ágil para aplicar medidas de este tipo o similares, pero son medidas que reactivarían el mercado y no nos dejarían a los pequeños promotores colgados como un jamón.
57. Soldado06/02/2008, 19:12 h.
Paco España 47. Amigo, lleva Ud razón en su planteamiento de la duplicidad de muchas instituciones de gobierno.Con 17 CCAA,sus Parlamentos, Tribunales de Justicia, Diputaciones, etc, esto es una lacra que se come la mayor parte del presupuesto nacional.A todo esto, hay que añadir, coches oficiales, choferes, escoltas, policias, despachos, viajes institucionales, todo un sin fin de derroche a costa de los impuestos de los ciudadanos.Fíjese, el Estado de Texas que viene a tener la extensión de España, está gobernado por no más de 20 representantes y en cambio nostros tenemos todo lo que he expuesto.Pero allí, los contribuyentes piden cuentas de como se gastan sus impuestos.Aquí,disponen del presupuesto como si fuera de ellos y no lo pagáramos los ciudadanos.Nos tratan como súbditos en vez
56. fan PPCC06/02/2008, 19:11 h.
¿Para cuando el Sr. McCoy le dedicará un artículo a pisitófilos creditófagos?
55. siliceo06/02/2008, 19:11 h.
INCREIBLE LO DE ESTE GOBIERNO. en españa deben haber unas 400.000 empresas dedicadas a la promoción o construcción de viviendas, cuando tradicionalmente existian unas 150.000. De éstas, solo unas 20 0 30 han monopolizado estos años el mercado y han subido los precios porque, entre otras muchas cosas, han comprado suelos excesivamente caros y han obtenido plusvalias tremendas aun a costa de las empresas mas pequeñas del sector, que dicho sea de paso soportan mas del 85% del empleo en la construcción. Estas enormes compañías (el G-14 es una muestra pero no son todas) han pisoteado a los pequeños empresarios y les han quitado trabajo en cantidades muy elevadas, porque ellos podian comprar mas caro. Han desestabilizado el mercado con su desmedida ambición y ellos mismos se han cargado la gallina. Ahora, los pobres mas ricos de españa, dicen que no pueden seguir asi...¿y los mas pequeños entonces que? Esto es la leche.
54. Ulises I06/02/2008, 19:10 h.
Durante estos 10 últimos años, las inmobiliarias y constructoras, han ganado enormes cantidades de dinero, hasta el punto que muchas unvirtieron parte de esas ganancias en otros sectores como electricas, autopistas, transportes etc. Otras compraron suelo rústico con el convencimiento de que serían recalificados y ahora ven que la nueva ley del suelo no lo permite.Para esto, acudieron a las entidades financieras en busca de financiación y ahora con el parón y los terrenos sin recalificar, no pueden devolver esos créditos.Los bancos tambien han ganado mucho dinero y mientras todos hicieron negocio, los españoles se hipotecaron hasta las cejas.Ahora, pretenden que el ICO les saque del atoyadero, pero y a los hipotecados ¿Quién les ayuda?.Quieren socializar las pérdidas, pero no las ganancias.
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