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Las cifras oficiales de población que aprobará el Consejo de Ministros antes de que finalice el año traerán sorpresas. Tantas como las 350.000 inscripciones de inmigrantes que van a ser dadas de baja por el Gobierno en virtud de un pacto firmado en 2003 entre el Partido Popular (por entonces en el Gobierno) y el Partido Socialista. En virtud de ese pacto, que reformó la Ley de Extranjería, los inmigrantes deben renovar cada dos años sus inscripciones de empadronamiento.

Si una vez transcurrido ese plazo no se ha producido tal renovación, la Administración está facultada para dar de baja al interesado sin su consentimiento. En un número indeterminado de casos se trata de inmigrantes que han abandonado ya el país por los motivos más diversos. Pero en otras ocasiones se puede dar el simple desconocimiento de la nueva realidad legal. Unos y otros, en cualquier caso, ya no aparecerán como residentes en España. Según la ley, las renovaciones hay que hacerlas cada dos años “cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente”.

La baja de estos 350.000 inmigrantes de las listas del Padrón municipal ‘maquillará’, al menos formalmente, los flujos de entrada correspondientes al año 2006, ya que en ese ejercicio se concentrarán los movimientos producidos en anteriores años. “Le faltará tiempo a Caldera para sacar pecho y decir que su política está dando resultados en materia de inmigración”, dicen fuentes conocedoras del proceso, “pero lo cierto es que la entrada de inmigrantes sigue disparada”, concluyen esas fuentes.

De hecho, y pese a que se han sacado 350.000 inscripciones de las listas de población, la realidad es que el número de empadronados ha crecido en algo más de 400.000 entre el 1 de enero de 2006 y la misma fecha de 2007, lo que significa que la población española se sitúa en estos momentos en 45,12 millones de personas. A lo largo de 2007, según esas fuentes, la entrada de inmigrantes ha continuado a buen ritmo, lo que significa que cuando el año que viene el Gobierno apruebe el Censo de Población se estará ya hablando de entre 45,5 y 46 millones de residente en España (algo más del 10% inmigrantes).

Los problemas del padrón desde el punto de vista de la representatividad de los datos vienen derivados de la inexistencia de un mecanismo automático de bajas, pese a tratarse de un registro administrativo. Eso explica que cuando un inmigrante abandona el país, nadie tiene constancia de ello, y lo mismo sucede cuando un español marcha a otro país a trabajar o a estudiar. Si cumple con los requisitos legales, se dará de alta en los registros consulares, pero la baja no aparece por ningún lado.

Los registros administrativos, en cualquier caso, no recogen los flujos efectivos de inmigrantes. En muchas ocasiones los inmigrantes llegan al país, pero no se empadronan por desconocimiento o simplemente por el hecho de que temer ser identificados. Esos flujos son los que mantienen un elevado ritmo.

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