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La inmensa mayoría de las empresas españolas (las que no cotizan en bolsa) están totalmente revolucionadas por el nuevo Plan General Contable, que no fue aprobado hasta el viernes pasado a pesar de que entra en vigor el 1 de enero, lo que les deja apenas un mes para adaptarse. Además, nace con enormes incertidumbres, lagunas y complejidades, que han recibido duras críticas desde distintos sectores.

El presidente del ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas), organismo responsable del nuevo plan, José Ramón González, admitió en unas jornadas organizadas por El Nuevo Lunes no tener idea de cuándo se aprobarán los desarrollos pendientes del Plan, como el que se refiere a la formulación de cuentas consolidadas: "Es la prioridad absoluta del ICAC, que tiene que crear los grupos de trabajo y comisiones pertinentes, pero es el Gobierno quien debe aprobarlo", explicó.

También queda por desarrollar la adaptación del Plan a los distintos sectores económicos. Preguntado por la tasa de descuento (tipo de interés) que el Plan General va a introducir para valorar los instrumentos financieros de las empresas, González tampoco tuvo respuesta y dijo que se establecerá "en su momento" durante el desarrollo reglamentario del Plan. El problema es que ese momento casi con toda seguridad llegará después de la entrada en vigor del Plan.

El organismo más crítico con todas estas incertidumbres ha sido el Instituto de Censores Jurados de España (ICJCE). Su presidente, Rafael Cámara, ha acusado en numerosas ocasiones al Gobierno de la tardanza en la elaboración del Plan, de hacer oídos sordos a las demandas de las empresas, y de mantener un secretismo absoluto en su elaboración que ha impedido conocer muchos detalles a los afectados hasta la semana pasada.

Como ejemplo de estas incertidumbres y lagunas, Cámara señala precisamente la falta de desarrollo normativo a la que hacía referencia el presidente del ICAC: "No se sabe qué está o no en vigor". Otro foco de conflictos, según los auditores, reside en la contabilización del fondo de comercio: según el nuevo Plan General, ya no se podrá amortizar, pero se mantiene la deducción en el Impuesto de Sociedades en los casos de compra de activos de una empresa o de fusiones. Es decir, hay que aplicar una deducción fiscal por un concepto contable que no existe.

Para resolver esta situación kafkiana, el Gobierno ha ideado una solución 'a la española' que recuerda mucho a la legendaria "parte contratante de la primera parte" de los Hermanos Marx: hay que hacer un ajuste negativo al resultado contable mediante la dotación de una reserva indisponible por ese importe. Además, se permite la amortización contable con la correspondiente deducción del "deterioro" anual de dicho fondo , pero ese deterioro minora el valor del fondo de comercio de "forma extracontable" para que las empresas no se lo deduzcan dos veces.... vamos, un auténtico lío cuya aplicación por las empresas va a ser dificilísima.

El subdirector general de Impuestos sobre las personas jurídicas. José Antonio López-Santacruz, justificó esta desviación del Plan General español de los criterios internacionales para evitar la doble imposición, ya que el vendedor "ya tributa por ese fondo de comercio dentro de la plusvalía que obtiene con la venta" y el comprador hace lo propio por los beneficios que genere ese activo inmaterial.

De este jaleo no se libra ni el propio resultado (beneficio o pérdida) anual de las empresas. A partir de ahora, habrá dos tipos de ingresos y gastos: los normales que aparecen en la cuenta de pérdidas y ganancias, y los "ajustes de valor razonable de los instrumentos financieros" que tengan las empresas en su tesorería, es decir, la subida o bajada de valor de esos instrumentos cada año. Pues bien, sólo se puede distribuir como dividendo los beneficios "normales" y no estos últimos, a pesar de que entran en el cómputo del resultado del ejercicio.

Tampoco está nada claro qué pasa con el mítico principio contable de prudencia que presidía la normativa contable española desde tiempos inmemoriales. "Seguirá presente, pero no como un superprincipio por encima de todo; por ejemplo, ya no habrá necesidad de usar las provisiones como colchón en tiempos difíciles", según el presidente del ICAC.

Pero la principal crítica del sector es que España ha perdido una oportunidad de oro para homogeneizar nuestras normas contables con el resto de Europa; en vez de eso, el Gobierno ha creado un modelo contable dual entre las normas internacionales para las empresas cotizadas y un Plan sui generis para las demás, lo cual impide que sus cuentas sean comparables internacionalmente y les resta competitividad. Finalmente, el ICJCE asegura que el coste de adaptación del nuevo Plan serán muy altos, en especial para las pymes.

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