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La avalancha de inspecciones fiscales sobre la deducción por reinversión ha puesto de relieve el desbarajuste que existe en el seno de Hacienda, ya que la dureza aplicada por la Agencia Tributaria choca con la flexibilidad de la Dirección General de Tributos, que incluso ha dado su visto bueno a las operaciones de este tipo realizadas por grandes fortunas como Manuel Jove.

Los miles de afectados por esta situación la califican de "esquizofrénica" y aseguran no saber a qué carta quedarse. En realidad sí lo saben: a la de la Inspección, que al final es la que les está obligando a pagar más y la que les puede sancionar, mientras que lo que diga Tributos no pasa de la teoría, a pesar de su teórico carácter vinculante.

La Inspección de la Agencia Tributaria ha lanzado una ofensiva contra la deducción por reinversión del Impuesto de Sociedades, un auténtico chollo para empresas y grandes patrimonios, que han pagado sólo el 15% por todos los pelotazos de los últimos años en vez del 35% estándar del impuesto (32,5% este año). Los inspectores que dirige Luis Pedroche está cuestionando estas deducciones con el argumento de que los vehículos en que se metió ese dinero no lo reinvirtieron realmente en activos productivos.

Varios de los sometidos a estas inspecciones se quejan de la falta de seguridad jurídica, porque ellos se limitaron a aprovechar una opción que les daba la ley y ahora se cambia el criterio: "Es como si Hacienda hubiera dicho que los que tengan barba pagan menos impuestos. Todo el mundo se deja la barba y, ahora, llega Hacienda y dice que da igual tenerla que no porque todo el mundo tiene que pagar lo mismo", explica gráficamente un experto fiscalista.

Este raid contrasta vivamente con la actitud de la Dirección General de Tributos, a cuyo frente se encuentra José Manuel de Bunes y cuyo responsable para el Impuesto de Sociedades es José Antonio López-Santacruz. Esta dirección, encargada de fijar la doctrina tributaria mediante consultas vinculantes, siempre ha sido muy tolerante con esta deducción, lo cual le ha costado varios enfrentamientos con la cúpula del Ministerio en los últimos años.

La semana pasada, Tributos publicó una de estas consultas en la que considera activos aptos para la reinversión las compras de participaciones empresariales (siempre por encima del 5%) aunque se hagan mediante instrumentos financieros que limiten el riesgo de pérdida del comprador. El caso más llamativo fue la entrada de Jove en BBVA, aunque también usaron esta fórmula otros empresarios de postín, como , los Nozaleda y Abádanes en Astroc.

El argumento de Tributos para declarar válidas estas reinversiones es que el inversor no deja de ser propietario de las acciones y titular de los derechos políticos que conllevan, independientemente de si el riesgo está cubierto o no.

Algunos comentaristas han apuntado que esta resolución es un arma para la defensa de todas las empresa sometidas a la ofensiva inspectora. Sin embargo, los expertos lo niegan, ya que "cada inversor necesita una respuesta específica de Tributos y no vale con aplicar los criterios que se desprenden de consultas referidas a otros casos". Es más, aseguran que si un inversor dirige una consulta a Tributos diciendo que tiene una inspección abierta, puede despedirse de que le respondan. Así están las cosas en Hacienda, pese a que oficialmente se niega que exista ningún "afán persecutorio" contra esta deducción.

Lo cierto es que la Agencia Tributaria está aplicando unos criterios durísimos en las inspecciones, que el sector achaca a "motivos recaudatorios". Aunque las actas que se están abriendo no incluyen sanciones de momento, sí obligan a pagar ese 35% (más intereses de mora) por las plusvalías de años anteriores cuando los vehículos en que se reinvirtió no compraron ese mismo año activos aptos. Las sociedades afectadas tienen el recurso a los tribunales, pero es largo, caro, requiere un aval por la deuda tributaria teórica y sigue devengando intereses.

Este enfrentamiento en el seno de Hacienda viene de lejos. López-Santacruz ya emitió hace años una consulta en la que consideraba a las sicavs activos aptos para la reinversión, en contra del criterio de Hacienda, que en ese momento estaba en plena ofensiva de inspecciones contra estos vehículos de inversión tan populares entre los altos patrimonios. Al final, las sicavs fueron excluidas de la deducción por tratarse de productos financieros y no empresariales. Aquella respuesta se produjo a una consulta de Repsol, la empresa de la que procedía López-Santacruz antes de incorporarse a Tributos.

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