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La Asamblea General de la Federación Europea de Fondos de Pensiones (EFRP) ha elegido hoy en Lisboa a su nuevo presidente. Ángel Martínez Aldama pasa a liderar el organismo con sede en Bruselas.

Martónez Aldama es director general de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO), miembro del consejo de administración de la Federación Internacional de Administradoras de Pensiones (FIAP), con sede en Santiago de Chile, y secretario de la Asociación Mundial de Pensiones (WPA) con sede en Madrid. Además, ha estado desempeñando estas funciones, durante los últimos cuatro años, junto con la vicepresidencia Primera de la EFRP.

En los veintisiete años de existencia de la Federación, las presidencias (con mandatos de dos años) han sido siempre ostentadas por holandeses y británicos, con las dos únicas excepciones de un mandato irlandés y otro belga.

La Federación Europea de Fondos de Pensiones está integrada por dieciséis países de la Unión Europea más Croacia, Islandia, Noruega y Suiza, y tiene entre sus objetivos el desarrollo de los Fondos de Pensiones en Europa. Para ello, la Federación ha estado impulsando desde 1990 la aprobación de una Directiva europea de Fondos de Pensiones que finalmente se aprobó en 2003. Esta Directiva constituye un elemento clave del futuro del sector en su regulación jurídica y financiera.

La portabilidad de los derechos consolidados de los trabajadores en sus Planes de Pensiones, cuando se desplazan de un país de la Unión Europea a otro, es una de las cuestiones que están siendo objeto de debate y análisis entre la Comisión Europea, el Parlamento y los Estados Miembros.

La coordinación de la tributación de los países de la Unión Europea en materia de pensiones y la tendencia hacia su homogeneización constituyen, a pesar de su dificultad, otro reto importante, en los que tanto la Comisión Europea, junto con el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo (Sentencias Danner y Skandia), ha tomado iniciativas de denuncia que ya han dado algunos frutos, obligando a los Estados a modificar sus legislaciones para permitir que cualquier trabajador desplazado a otro país de la Unión Europea, pueda desgravarse fiscalmente en el país de residencia por las aportaciones realizadas al Plan de Pensiones de su país de origen.

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