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El teatro bursátil tiene un nuevo protagonista: las centrales sindicales, que si hasta hace pocos años tenían una presencia irrelevante en el mercado de la renta variable, en estos momentos ocupan un papel cada vez más importante. Hasta el punto de que manejan actualmente cerca del 0,5% de la capitalización total de la renta variable española, que en agosto (último dato publicado por la Bolsa de Madrid) ascendía a 1,2 billones de euros, prácticamente el PIB de España previsto para 2008.

En concreto, y según las cifras que maneja CCOO (datos cerrados a 2006), el patrimonio total de los fondos de pensiones (con 1,7 millones de partícipes) equivale ya a 29.992 millones de euros, a los que hay que añadir 3.125 millones de euros que corresponden al patrimonio en poder de las mutualidades de previsión social y otros 7.569 millones gestionados a través de las entidades de previsión social voluntaria de empleo. En total, 40.686 millones de euros son controlados directamente por los sindicatos a través de las comisiones de control de los planes de pensiones.

De esos 40.000 millones de euros, algo más del 14% está invertido en renta variable. Es decir, unos 5.600 millones de euros que vienen a representar prácticamente el 0,5% de la capitalización de la renta variable española, una de las primeras del mundo.

¿Y en qué otros activos invierten los sindicatos? Pues según datos de Inverco, la mayor parte -el 48%- se dirige a emisiones de renta fija, mientras que otro 13,8% se invierte en renta variable internacional en busca de una rentabilidad mayor. El 11,5% es depositado en otros activos distintos a la renta fija o variable (materias primas o inmuebles) y un 12,2% se mantiene líquido en tesorería.

Como dice Carlos Bravo, responsable confederal de planes y fondos de pensiones de CCOO, aunque el patrimonio que manejan hoy los sindicatos españoles es sensiblemente inferior al que está en manos de la gran mayoría de las centrales europeas, lo cierto es que en las grandes empresas españoles ya se ha formado una masa patrimonial verdaderamente relevante.

El mayor fondo de pensiones de España controlado por los sindicatos es el de los empleados de Telefónica, con un patrimonio (a 30 de junio) equivalente a 4.557 millones de euros. A continuación, se encuentra el fondo suscrito por los trabajadores de La Caixa (3.931 millones de euros) y el de BBVA (2.614 millones). El cuarto fondo es el que forman los empleados de Endesa, con un patrimonio de 2.331 millones de euros. El último de los fondos que maneja más de 1.000 millones de euros es el creado por los trabajadores de la eléctrica Iberdrola: 1.043 millones de euros.

La importancia económica de los planes de pensiones complementarios a la Seguridad Social (en algunos países es obligatorio que el trabajador y/o el empresario haga aportaciones) es todavía mayor si se tiene en cuenta que las aseguradoras han hecho provisiones matemáticas por valor de 31.000 millones de euros en seguros colectivos. En este caso, no se trata en sentido estricto de un patrimonio, ya que el beneficiario o sus herederos sólo tienen derecho a su percepción en caso de una contingencia predeterminada: invalidez o fallecimiento.

Según el responsable de pensiones de CCOO, por el momento no se puede hablar de que haya una estrategia común de los fondos de pensiones españoles. Cada comisión de control se encarga de identificar el destino de las inversiones, siempre con criterios estrictamente económicos y nunca sindicales. “Los fondos de pensiones no pueden ser una herramienta de presión en la negociación colectiva”, asegura Bravo, quien al mismo tiempo destaca que tampoco deber perder su perspectiva social. Y en este sentido, CCOO está preparando un documento que distribuirá entre las comisiones de control para que se invierta en empresas socialmente responsables.

Con este objetivo, CCOO ha impulsado una campaña destinada a que el ejercicio del derecho de voto no sea delegado en las entidades gestoras (técnicos profesionales), sino que sean las propias comisiones de control las que expongan su postura en las asambleas de accionistas. En palabras de Bravo, se trata de “orientar desde el sindicato el voto no solo con criterios financieros sino de cumplimiento de criterios de Buen Gobierno”.

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