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Los Presupuestos Generales aprobados hoy sólo representan la cuarta parte del gasto público

Presupuestos Generales

Los Presupuestos Generales aprobados hoy sólo representan la cuarta parte del gasto público

Pedro Solbes, ministro de Economía y Hacienda (Efe).

@Carlos Sánchez.- - 21/09/2007

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Mucho ruido se ha escuchado en las últimas semanas sobre los incrementos de gasto social anunciados por el Gobierno, pero lo cierto es que la Administración General del Estado cumple un papel cada vez menos relevante en términos de gasto público. Lo números no dejan a lugar a dudas. El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 -que hoy aprobará el Consejo de Ministros- prevé un techo de gasto para el Estado de 152.560 millones de euros, aunque de ese dinero prácticamente la tercera parte -unos 50.000 millones de euros- se destinará a financiar a las administraciones territoriales (48.750 millones en 2007) mediante las correspondientes transferencias.

El ministro de Economía, Pedro Solbes, dispone para gastar, por lo tanto, únicamente unos 100.000 millones de euros, cifra que representa menos del 25% de lo que tendrán a su disposición el conjunto de las administraciones públicas el año próximo, y que rondará los 450.000 millones de euros (424,598 millones este año).

Sin embargo, el margen de maniobra de Solbes es todavía más estrecho si se tiene en cuenta que otra parte muy importante del presupuesto gubernamental (el 27,4% en 2007) se destina a pagar las siguientes partidas: intereses de la deuda, aportaciones a la Unión Europea, clases pasivas y el llamado Fondo de Contingencia, por lo que en realidad los diferentes departamentos ministeriales apenas dispondrán de 58.000 millones de euros para gastar de forma discrecional en función de las prioridades políticas fijadas por el Gobierno.

Escasa influencia

Es decir, la influencia real de la política económica del Ejecutivo sobre el conjunto del presupuesto público (teniendo en cuenta todos los agentes) se limita a poco más del 12% del conjunto del gasto público, incluyendo la Seguridad Social. O, lo que es lo mismo, poco más del 5% del Productivo Interior Bruto (PIB) depende directamente de las decisiones que se tomen en el Palacio de la Moncloa. Obviamente, sin contabilizar la capacidad de influencia del Ejecutivo a través del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Respecto al proyecto de presupuestos que aprobará hoy el Consejo de Ministros, la capacidad de maniobra del Ejecutivo para hacer políticas públicas (ya que el resto está comprometido y, por lo tanto, hay que pagarlo) se limitará al 37%. Uno de cada tres euros.

Estos datos ponen de manifiesto el intenso proceso descentralizador que ha vivido la economía española desde los primeros años 80, lo que ha provocado que la ejecución de la mayor parte de las políticas sociales (salvo el sistema público de pensiones) descanse hoy en los parlamentos regionales, algo que es verdaderamente relevante en términos políticos y electorales.

Un fenómeno que puede explicar la ofensiva del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero a la hora de articular políticas de apoyo a los ciudadanos. Las comunidades autónomas controlan las principales partidas -sanidad o educación- lo que les permite capitalizar en términos electorales los avances sociales en un contexto de fuerte crecimiento económico, como el que se manifiesta en la economía española desde hace al menos 13 años.

Los parlamentos regionales, igualmente, tienen capacidad para establecer su propia política de deducciones en el Impuesto sobre la Renta, lo que tiene un indudable calado político. Sobre todo en algunas regiones, donde los presupuestos regionales cumplen un papel determinante en la actividad económica del territorio. Este es el caso de Extremadura que es, de largo, la comunidad autónoma en la que el gasto regional (sin incluir el estatal) tiene mayor peso respecto del PIB.

En Extremadura, el gasto público equivale a nada menos que el 27,8% del PIB regional, por encima del 23% de Castilla La Mancha y el 22% de Navarra. En el lado contrario se sitúan Madrid (9,5%), Baleares (11%) y la Comunidad Valenciana, donde el presupuesto de gastos equivale al 12,9% del Producto Interior Bruto. La media del país equivale al 15,2% del PIB.

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