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Malas noticias desde el punto de vista de la libertad económica. Lo dicen los institutos Fraser (Canadá) y Cato (EEUU), dos think tank de corte conservador que anualmente hacen un estudio sobre el grado de libertad de una economía en función de una serie de parámetros. Y los resultados no dejan a lugar a dudas. De los 141 países analizados en el Índice de Libertad Económica, España obtiene el puesto 44, cuando un año antes, y sin haberse cambiado la metodología, ocupaba el vigésimo octavo lugar.

El ránking, como otros años, está encabezado por Hong Kong, que obtiene 8,9 de los 10 puntos posibles. A continuación se encuentran Singapur y Nueva Zelanda. Tras ellos, y por este orden, Suiza, EEUU, Reino Unido, Canadá, Estonia, Irlanda y Australia, lo que refleja con toda nitidez la potencia de los países anglosajones en esta clasificación de libertad económica. Para encontrar a Alemania -referente del modelo continental europeo- hay que bajar al puesto número 18; y hasta el 52 en los casos de Italia y Francia. El ránking lo cierran Zimbabwe, Myanmar (la antigua Birmania) y República Democrática del Congo, precedidas a corta distancia de Venezuela, que ocupa el puesto 135 de los 141 posibles.

Tan súbito empeoramiento en el caso de España -que obtiene un notable bajo (7,1 puntos)- tiene que ver, sobre todo, con el deterioro de la libertad de comercio internacional, cuya puntuación ha pasado de 7,9 puntos a 7,2, básicamente como consecuencia de la existencia de aranceles más elevados con terceros países. En sentido contrario, ha mejorado de forma notablemente significativa lo que los autores del estudio denominan derecho de propiedad y estructura legal, que ha pasado de 6,4 puntos a 7,1. El informe se refiere al año 2005, y, por lo tanto, no recoge lo acontecido con la OPA de la alemana E.On sobre Endesa.

Los parámetros que utilizan los analistas de Fraser y Cato para identificar el grado de libertad económica existente en un país se refieren -al margen de los citados anteriormente- a cuestiones como el tamaño del Gobierno (que supone que coartan la libertad económica), el mercado laboral, la regulación del sistema financiero, la ordenación del mundo de los negocios o las trabas a la disposición de dinero. Por ejemplo, se analiza si hay mercado negro de divisas o impedimentos legales para que puedan operar bancos extranjeros.

La peor puntación que saca España (5,2 puntos) se refiere al tamaño del Gobierno, en particular en lo que se refiere al peso del sector público en relación a la actividad económica. Por el contrario, los mejores resultados (9,6 puntos) se refieren a la financiación de la economía y al acceso a los mercados de dinero. En cuanto a la regulación del mercado laboral, obtiene un cinco raspado, con un suelo del 2,8 puntos en relación al nivel de centralización de la negociación colectiva. Peor es aún la puntuación sobre los costes de despido, tan sólo 0,4 puntos, lastre tradicional de España en este tipo de clasificaciones.

Lo más sorprendente del estudio, con todo, es que España no sólo no ha mejorado en términos relativos, sino que ha empeorado, incluso, respecto al nivel que tenía en 1975, al final de la Dictadura. Ese año, España ocupaba el puesto 29 de 72 naciones, con una media de 5,7 puntos; mientras que en 1995 lograba el 28 de 123 países, con una puntuación de 7 puntos.

En relación a los países latinoamericanos, el informe observa avances en algunos de ellos, pero un claro retroceso en otros, como señala el profesor Rafael Pampillón, del Instituto de Empresa. Como ejemplo de países que mejoran se destaca a El Salvador, Bolivia, Perú y Nicaragua. En cambio hay considerables retrocesos en Argentina y Venezuela. El país de Chávez se encuentra entre las 10 economías menos libres del mundo, ocupando el puesto 135, superando solo a 5 naciones africanas y una asiática.

Fraser y Cato son dos institutos vinculados a los sectores más conservadores del pensamiento político que proclaman entre sus principios una reducción sustancial del peso de los gobiernos en la actividad económica, al tiempo que propugnan la privatización de todos los servicios públicos en aras de aumentar el grado de libertad del individuo. Entre sus expertos se encuentran José Piñera, impulsor de la privatización de la Seguridad Social en el Chile de Pinochet, y el economista Pedro Schwartz.

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