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La Comisión Nacional de la Energía (CNE) abrió ayer la caja de los truenos. En una resolución sin precedentes, aprobada por la mayoría de los consejeros afines al Gobierno, propuso una ‘nacionalización’ encubierta de Endesa en tanto en cuanto el Estado italiano no abra el capital de Enel, que junto con la constructora Acciona ha lanzado una OPA por el 100% de la española.

La resolución supone ‘de facto’ una intervención de Endesa, toda vez que el supervisor no solamente podrá vetar decisiones que afectan al negocio regulado, es decir, al que se rige por normas publicadas en el Boletín Oficial del Estado –como la tarifa eléctrica-, sino que, además, tendrá opinión y derecho de veto sobre asuntos tan estratégicos y sensibles como el reparto de dividendos, la política de aprovisionamiento o la estrategia corporativa de Endesa “a corto, medio y largo plazo”.

La CNE, incluso, podrá revocar decisiones adoptadas por la Junta General de accionistas de Endesa que hayan salido adelante gracias al voto a favor de los representantes de Enel. Se trata, por lo tanto, de una intervención encubierta en toda regla, que sólo desaparecerá en el caso de que el Gobierno italiano renuncie a los poderes especiales que se ha otorgado para controlar la gestión de la principal eléctrica italiana.

Y es que a la CNE, tal y como publicó El Confidencial el pasado 21 de junio (ver noticia), lo que le preocupa son los blindajes que mantiene el Estado italiano en Enel, y que convierten a la compañía transalpina en inexpugnable para sus competidores, pese a que formalmente los poderes públicos únicamente controlan el 32% de su capital. Enel puede comprar empresas, pero ninguna otra compañía puede entrar en su accionariado gracias a las medidas de control ejercidas por el Gobierno de Roma. Uno de los requisitos que más han llamado la atención del regulador es el hecho de que ningún accionista pueda controlar más del 3% de los títulos de Enel, compañía que viene a ser como una especie de dirección general del Ejecutivo de Romano Prodi.

Los dos puntos más polémicos de la resolución de la CNE en relación al expediente sobre la OPA de Enel y Acciona son el ocho y el nueve, que a priori chocan con la legislación comunitaria.

El punto ocho precisa que "con carácter anual, y en todo caso, a petición de la CNE", la italiana Enel deberá presentar un informe detallado ante la propia Comisión en el que debe explicar su estrategia corporativa "en aspectos que afecten al interés general o a la seguridad pública españoles". El punto nueve va incluso más allá y establece que dentro de los 10 días siguientes a la celebración de la junta de Accionistas de Endesa, Enel deberá informar “acerca de los puntos del orden del día tratados, los acuerdos adoptados, así como el sentido y la motivación del voto de sus representantes” en relación a asuntos que afecten al interés general, un concepto que no define.

Una vez celebrada la Junta, y en todo caso antes de un mes, la Comisión Nacional de la Energía podrá “ordenar motivadamente la revocación de cualquier acuerdo”, siempre que haya salido adelante con los votos de los representantes de la eléctrica italiana. El argumento que puede esgrimir la CNE para revocar ese acuerdo es que su ejecución puede tener "un impacto negativo sobre el interés general o la seguridad pública".

La política de dividendos también se verá afectada por la resolución de la CNE, toda vez que se establece que Acciona y Enel se comprometen a enviar semestralmente a la Comisión un informe "detallado" describiendo y, en su caso, justificando posibles operaciones o políticas financieras que ‘impliquen alteraciones significativas en la situación patrimonial de Endesa’. El regulador deja claro que "la política de dividendos de Endesa debe entenderse como afectada por esta condición".

Paradójicamente, habida cuenta de las condiciones que impone, la CNE obliga a Enel y Acciona a mantener Endesa como empresa "autónoma", con plena responsabilidad operativa en el cumplimiento de su plan de negocio, manteniendo su marca y su domicilio social, su órgano de representación y su centro efectivo de dirección y de decisión en España. Así como a respetar el plan de inversiones de Endesa, incluida la compra de carbón nacional, hasta el año 2012.

El nivel de control de la nueva Endesa por parte de la CNE es tan intenso que el regulador precisa que la eléctrica hispano-italiana deberá estar ‘debidamente capitalizada’, por lo que deberá cumplir con un ratio de servicio de deuda 5,25 veces inferior a la deuda financiera neta durante un periodo mínimo de cinco años.

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